Luego de revelarse un caso de violencia vicaria entre el investigador Jesús Francisco Villalpando Quiñones de la UNAM y la antropóloga lingüista Vanessa Miranda Juárez por la guarda y custodia de su hijo, el académico aseguró que su puesto en la casa de estudios fue utilizado por la madre de su hijo para hacer mediático el caso.  

Villalpando Quiñones negó las acusaciones y aseguró que el 9 de enero pasado, Miranda Juárez inició una campaña en redes sociales para denunciar la presunta sustracción ilegal de su hijo, y acusarlo de haber realizado amenazas y ejercer violencia sexual.  

El investigador asociado del Instituto de Investigaciones Antropológicas afirmó en entrevista con Proceso, que no ha sido notificado de alguna denuncia interpuesta en su contra ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX): “Todo fue una cuestión mediática, el único recurso que ellos levantaron fue este recurso de recuperación de menor, que el juez emite este recurso para que la otra parte entregue voluntariamente al niño (...) no hay ninguna denuncia, ni penal, ni familiar, ni civil en mi contra”.  

Aconsejado por sus abogados, Villalpando se presentó el pasado 22 de enero en un juzgado familiar y ante la presencia de las autoridades voluntariamente entregó el menor a su madre.  

Según afirmó, el conflicto comenzó el mes pasado, cuando informó a Miranda Juárez que interpuso una demanda por la guardia y custodia del menor: “Ella tenía pensado irse de la ciudad sin haber llegado a un acuerdo legal como tal”.  

Las declaraciones de Miranda Juárez indican que debido a un trabajo con la Universidad de Copenhague tenía previsto viajar a la ciudad de Tepic, en Nayarit, pero postergó sus planes ante la presunta sustracción ilegal de su hijo.  

De acuerdo con el investigador, desde el 9 de enero tuvo al niño en su custodia gracias a un supuesto “acuerdo mutuo”, pero no volvió a tener noticias de la madre hasta el 14 de enero: “Para ese momento ya había un aula mediática descomunal”.  

La UNAM y la mediatización del caso

Jesús Francisco Villalpando Quiñones afirmó que Miranda Juárez aprovechó su puesto como investigador de la UNAM para viralizar su caso y ejercer presión mediática: “Desde el primer comunicado que ellas lanzan ya están poniendo como objetivo tanto a la UNAM como al Instituto de Investigaciones Antropológicas. Desde el primer comunicado, es decir, en ese comunicado dan mi nombre completo, de mi adscripción y me acusan de cuestiones ilegales”.  

Entonces, señaló que la madre de su hijo envió correos amenazantes a su entorno laboral: “Mediante el uso de una cuenta de la UNAM que la señora ya no tenía o ya no debía hacer uso de esa cuenta, pero la usa para vulnerar mi entorno laboral. Envía correos a mis jefes, a todos mis colegas, informando esto y acusando directamente de la sustracción”.  

También la acusó de realizar amenazas telefónicas a su familia y de intentar hackear sus cuentas personales: “Posterior a esto, ella da de alta dos recursos legales que no debieron haberse usado, que eran la alerta de hombre para el niño y una alerta de desaparición forzada para mí”.  

El investigador aseguró que enfrenta en su entorno laboral, el impacto de las acusaciones que recibió, pues la UNAM inició una investigación administrativa por supuestas ausencias en el trabajo: “En la audiencia que tuve con los abogados de la UNAM me hicieron saber que había incumplido con mis obligaciones laborales, cuando en el fondo era sabido a viento y marea que la razón era esta cuestión mediática con intersecciones de género”.  

En su opinión, su caso es representativo de un trasfondo social: “Estamos ante un caso de un linchamiento mediático, que se llaman funas, y me parece que son mecanismos de ciberactivismo que pueden tener resultados y que pueden visibilizar injusticias, pero que también pueden ser usados para este tipo de cuestiones, en las que sin tomarse el tiempo, sin recurrir a evidencias, sin un marco jurídico, se puede también acabar con carreras”.  

Villalpando se dijo víctima de un linchamiento mediático, pues la campaña en redes sociales no puso el bienestar del niño al centro y priorizó las acusaciones en su contra.  

Además, acusó que su madre y su hermana resultaron afectadas, ya que fueron señaladas como cómplices de secuestro y se desplegaron fotografías suyas con direcciones exactas y fotografías de sus domicilios.