CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El escenario criminal disparado desde 2006 en México ha impactado a poblaciones vulnerables, entre ellas personas en situación de movilidad originarias de diversos países, incluyendo a niñas, niños y adolescentes que atraviesan el país en busca de cruzar el Río Bravo y llegar a Estados Unidos, acompañados por algún familiar o persona adulta, o solos. 

La desaparición de la niña nicaragüense Sofía Abigail Caballero Huete en mayo de 2022 en los márgenes del río Bravo se convirtió en uno de los casos emblemáticos de lo que ocurre con esta población y las deficiencias en las búsquedas e investigaciones, como revela una investigación internacional de Proceso y Galería News, medio de comunicación digital de Nicaragua.

 De acuerdo con el Índice Global de Crimen Organizado de 2023, México ha sido considerado como el tercer país de 193 con mayor criminalidad en el mundo, sólo por debajo de Myanmar y Colombia; segundo en el continente, superado por Colombia, y el primero en Centroamérica. 

Actualmente hay “una expansión y reacomodo de los grupos delictivos”, alentado por la política de “abrazos, no balazos”, del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

 Esto revela una falta de voluntad del gobierno para atacar el problema, se destaca en el reporte “Información sobre desaparición y desaparición forzada en México para aportar a la consulta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, del 1 de agosto 2024, elaborado por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), organización civil dedicada de manera preponderante a la defensa de migrantes.

La FJEDD representa legalmente a 235 familiares de víctimas de desaparición, “parte de las cuales han sido localizadas sin vida a lo largo de los años y algunas con vida”. El 90% de los casos corresponden a hombres jóvenes de entre 20 y 40 años de edad y el resto de entre 17 y 50 años.  Son originarios de Guatemala, Honduras, El Salvador y México, que decidieron migrar de manera irregular a Estados Unidos. 

La Fundación tiene oficinas en México, Guatemala, Honduras y El Salvador para documentar casos de víctimas de desaparición, ejecución y masacres durante su tránsito por el territorio mexicano. En su informe alerta sobre un “subregistro” de personas migrantes desaparecidas, entre otras anomalías en la documentación y atención a población migrante en tránsito por México.  

(Fragmento del Capítulo 2 de la investigación “Sin rastro de Sofía”, que se puede leer en este enlace: https://sinrastrodesofia.proceso.mx/)