CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Senadores oficialistas, junto al PAN y MC, aprobaron en lo general y en lo particular, con 107 votos a favor y 14 en contra, la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre soberanía nacional e injerencia extranjera. 

El dictamen establece que bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero, que sea lesivo de la integridad, independencia soberanía de la nación, tales como golpes de estado. 

De tal manera que un juez podrá pedir la prisión preventiva a cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación al territorio nacional de armas ilícitas. 

Luego de aprobar la iniciativa, ésta pasará a la Cámara de Diputados para su discusión en Comisiones y posterior debate en el Pleno, el cual se prevé que se discuta la próxima semana.    

PRI se posiciona en contra  

El senador tricolor, Pablo Guillermo Angulo Briceño afirmó que la iniciativa no se trata de la soberanía nacional, sino cubrir de la incompetencia del gobierno en materia de seguridad. 

“Este debate no se trata de la soberanía nacional. Este debate se trata de la incompetencia de un gobierno que no ha dado resultados en materia de seguridad porque, como bien advirtió la Casa Blanca, el gobierno de Estados Unidos, Morena es un gobierno criminal, un narco gobierno que no ha dado resultados en materia de seguridad”, afirmó. 

El senador del PRI, Ángel García Yáñez, afirmó que el oficialismo quiere vender esta reforma como un gran acto de soberanía, como si fuera la clave para proteger a México de intervenciones extranjeras y hasta puede traer más problemas de los que México ya tiene. 

“Esto no es más que un discurso político de esos que se echan cada martes y cada miércoles. Además, ahí no acaba el problema, esta reforma dice que no se permitirá ninguna cooperación con el extranjero, sin la autorización expresa del estado mexicano”. 

A lo que García Yáñez cuestionó: “¿Eso qué significa?” Que nos estamos cerrando a la ayuda de los organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Interpol, o sea si un organismo quiere investigar un caso de corrupción, violaciones a derechos humanos o crimen organizado en México, ya no podría hacerlo sin permiso del gobierno en turno”.