CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– En una estrategia dilatoria, Grupo Elektra (de Ricardo Salinas Pliego) ha interpuesto 38 recursos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impedir que el gobierno le cobre créditos fiscales por más de 34 mil millones de pesos, dio a conocer la ministra Lenia Batres.

Ayer, en sesión privada, el Pleno de la Corte acordó aplicar las multas previstas en la Ley de Amparo a los que afirmen en un proceso que algún ministro o ministros están impedidos para conocer de un caso en particular, para retrasar la resolución de los asuntos, como lo ha hecho la empresa.

Proceso informó el  6 de enero último que la empresa ha tramitado diversos impedimentos y recursos de reclamación con los que ha logrado mantener empantanada la resolución de tres amparos en los que Hacienda le reclama el pago total de 34 mil 805 millones 108 mil 782 pesos.

De acuerdo con Batres, Elektra en total ha promovido 15 impedimentos dentro de los cuales también ya presentó 19 recursos de reclamación y cuatro conflictos competenciales.

Ayer martes la empresa también ya presentó una recusación para que Batres no pueda participar en la discusión de uno de los amparos que mantiene vigente contra una multa por más de 67 millones de pesos.

En ese asunto, Batres es la ponente y, de acuerdo con el proyecto público, propondrá a sus compañeros en la Segunda Sala revocar el amparo que le había sido concedido a Elektra y confirmar su obligación de pagar el crédito fiscal.

En las últimas semanas la Primera y Segunda Sala han resuelto tres impedimentos y ocho recursos de reclamación tramitados por la empresa de Salinas Pliego. Asimismo fueron desechados los cuatro conflictos competenciales que presentó.

Sin embargo, al tratarse de casos cerrados la Corte ya no puede aplicarle multas a la empresa.

Según los datos difundidos por la ministra Batres aún quedan pendientes 27 impedimentos y recursos de reclamación en los que Elektra estaría en riesgo de que la Corte le aplique las multas establecidas en la Ley de Amparo por considerar que los recursos fueron tramitados para retrasar las resoluciones de los amparos.