CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La recién nombrada fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, se enfila como una de las figuras políticas que va acrecentando su poder e influencia en la llamada 4T. A sólo unas semanas de su llegada a la fiscalía, en reemplazo de Alejandro Gertz Manero, lo mismo mueve piezas para la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJ-CDMX) que en la Policía de Investigación (PDI), la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX e, incluso, “designa” a quien conducirá los próximos años en Iztapalapa, alcaldía de donde es originaria.

Godoy Ramos operó sin cifras destacadas en la Fiscalía capitalina. En entrevistas, siempre sostuvo que era una “fiscal de paso”, pues básicamente se le encargó la tan anunciada transición de Procuraduría a Fiscalía de la Ciudad de México.

Sus promesas, de que una denuncia podría realizarse en 15 minutos, de que los delitos del fuero común se podrían denunciar desde un teléfono celular o que incluso se acabaría la llamada “puerta giratoria” del nuevo sistema de justicia penal, quedaron en el aire; no se concretaron.

Durante los años en que Ernestina Godoy estuvo al frente de la Fiscalía capitalina se destinaron para “mejoras” a la institución más de 30 millones de pesos, recursos que nunca fueron auditados ni cuestionados por los diputados locales que utilizaban año con año el presupuesto. Durante ese mismo periodo familiares de la actual encargada de impartir justicia en el país llegaron a puestos clave del gobierno federal, con sueldos superiores a los 100 mil pesos.

Exfiscal de la CDMX y también exconsejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy se convirtió en la primera fiscal de la República; pero al igual que su paso por la FGJ-CDMX, su nombramiento está bajo escrutinio, pues cada mes esos familiares de Godoy Ramos le cuestan al erario casi un millón de pesos mensuales.

Acomodados

Tras el arribo de Ernestina Godoy a la Fiscalía General de la República (FGR) ha comenzado a revelarse que varios de sus familiares ocupan cargos, además de en el gobierno federal,  en el de la Ciudad de México figurando sus dos hijas y dos de sus hermanos:

• Alma Godoy Ramos, hermana de la fiscal, es titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).
• Mario Alberto Godoy Ramos, hermano de la fiscal, funge como delegado del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), ente encargado en el desarrollo de las comunidades originarias del país.
• Claudia Gómez Godoy, hija de la fiscal, se desempeña como comisionada del proyecto de restauración y saneamiento del río Lerma-Santiago.
• Mariana Gómez Godoy, hija de la fiscal, labora como directora general de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Ciudad de México.
• Guadalupe Espinoza Saucedo, esposo de Claudia Gómez Godoy, es magistrado numerario del Tribunal Superior Agrario (TSA).

Algunos de los familiares de Godoy Ramos han sido denunciados públicamente en redes sociales. Los señalan como “intocables e inamovibles”, pues saben que cuentan con el respaldo de una de las personas más cercanas a la presidenta Claudia Shaimbaum.

En el caso del magistrado Espinoza Saucedo, yerno de la fiscal, campesinos y agraristas lo señalan como el artífice de “fallar en favor” de empresarios prominentes y de empresas para despojar de ejidos y tierras comunales a sus propietarios en estados como Quintana Roo, Yucatán, Baja California, Nayarit, Oaxaca y Chiapas, donde más tarde se construyen complejos hoteleros.