CHILPANCINGO, Gro. (Proceso).- Guerrero no es un santuario de las mujeres, sino un espacio de la necropolítica donde las mujeres siguen siendo víctimas de feminicidios, desapariciones y matrimonios forzados clandestinos, coincidieron investigadoras y abogadas.

A ocho años de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra la Mujer (AVGM) por violencia feminicida, la entidad gobernada por la morenista Evelyn Salgado está muy lejos de implementar las acciones para una vida libre de violencia.

Al contrario, desde hace dos años las autoridades han planteado levantar el decreto para quitarse el estigma.

Las víctimas en su mayoría viven en condición de pobreza y en zonas marginadas como La Montaña. No tienen protección, menos justicia, como lo reflejan sus historias.

 A Gaudelia la hallaron tirada en el piso en el domicilio donde vivía con su pareja Felipe Carbajal en Chilpancingo. Era la mañana del 13 de julio de 2023.

Estaba desnuda, pataleando y no respondía cuando le hablaban. Encima de su cuerpo sólo tenía una pequeña cobija.

Su familia decidió vestirla y llevársela a su pueblo, en el municipio de José Joaquín de Herrera, a dos horas y media de distancia, en los límites de la región centro, en una zona de alta marginación.

Creyeron que tenía mal de espanto, pero en el hospital de Hueycantenango, en la cabecera municipal, le detectaron moretones en el abdomen, una hemorragia interna y sangrado en las encías por golpes.

Les recomendaron trasladarla de emergencia a un hospital privado de Chilpancingo, pero la familia no aceptó porque no podían cubrir el costo del traslado ni la hospitalización.

Gaudelia falleció la tarde del 15 de julio. Felipe abandonó la vivienda en Chilpancingo. Nunca se presentó al hospital ni a la velación de su pareja.

Su familia quiso presentar una denuncia por agresión y violencia en el ayuntamiento de José Joaquín de Herrera, pero les dijeron que era mejor dejarlo así porque si lo hacían, les advirtieron, ellos resultarían ser los agresores.

El feminicidio quedó en el olvidó y sin registro. El agresor está libre.

Tres décadas de violencia

Rosa Icela Ojeda Rivera, del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres (OVICOM) Hannah Arendt; Marina Reyna Aguilar, de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, y Neil Arias Vitinio, abogada de las mujeres en Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, han registrado el fenómeno desde hace tres décadas y han acompañado a las víctimas.

La politóloga Rosa Icela Ojeda participó en la primera investigación de violencia feminicida en 10 entidades del país publicada en 2006, año en que creó el OVICOM. 

El informe “Violencia feminicida en Guerrero” documentó 318 asesinatos de mujeres entre enero de 1994 y junio de 2004. La entidad sureña se ubicó en el cuarto lugar nacional, por encima de Chihuahua, que ya padecía los crímenes contra trabajadoras de maquila en Ciudad Juárez.

Un segundo estudio de asesinatos violentos de mujeres de 2005 a 2015 registró 1 mil 449 casos en la entidad. Un aumento de más del 400%. En 2010 se tipificó el delito de feminicidio en el Código Penal local.

El informe que evidenció la crisis de violencia causó enojo e indignación.

Las mujeres formaron un frente de organizaciones y demandaron la AVGM, que se declaró en junio de 2017 en los municipios Acapulco de Juárez, Ayutla de los Libres, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Catalán, Iguala de la Independencia, Ometepec, Tlapa de Comonfort y Zihuatanejo de Azueta. Después se integró Chilapa de Álvarez y en 2024 se solicitó declarar la alerta en Taxco de Alarcón.

Pero a ocho años de la declaratoria por violencia feminicida, las medidas están lejos de cumplirse, lamenta Rosa Isela Ojeda, consultada en sus oficinas en el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano, de la Universidad Autónoma de Guerrero, en Acapulco.

“No tiene ninguna posibilidad de cumplirse, ni los indicadores ni las recomendaciones”.

Aseguró que esas medidas no llegaron a los municipios.

“Tienen escasos recursos, tienen poco conocimiento y elecciones cada tres años. No hay una continuidad, es volver a explicarles qué es la Alerta de Violencia de Género. Podemos decirlo con mucha claridad: las alertas de violencia de género no se implementaron en los municipios, por lo tanto no hubo un resultado que pudiera ser tangible”.

Por ejemplo, en Acapulco, el municipio más grande del estado y con el primer lugar en feminicidios y desapariciones, hasta 2024 no había cumplido ni el 50% de las medidas diferenciadas.

Para la investigadora, son otras las preocupaciones de las autoridades.

“Hace dos años empezaron a plantear que había que levantar las alertas de violencia de género, pero no porque lograron controlar este fenómeno, sino para quitarse el estigma”.

Rosa Isela Ojeda fue parte del informe “Y ese lucero eres tú… Desaparición de mujeres en Guerrero y sus nexos con otros crímenes sistémicos”, presentado el 16 de octubre último con integrantes del Equipo Mexicano de Antropología Forense.

El estudio registró 493 casos de mujeres no localizadas y 44 localizadas sin vida entre 2012 y 2022 en Guerrero. Mientras que las mujeres localizadas con vida fueron 929.

En esa década se contabilizaron 458 feminicidios.

Además, el documento analiza 14 casos de desaparición con patrones estructurales de violencia de género, trata de personas y negligencia de las instituciones.

“Demuestra de manera dolorosa que Guerrero no es un santuario de las mujeres, es un espacio de la necropolítica donde las mujeres siguen siendo víctimas de asesinatos violentos y de desapariciones”, afirma Rosa Isela Ojeda.

No abra la caja

A la una de la madrugada, la madre de Dorit recibió el cuerpo de su hija en un féretro sellado con clavos. El personal de la funeraria le indicó que no lo abriera y que tenía que sepultarla antes de las 4 de la tarde. Era el 19 de noviembre de 2023.

Dos horas antes, familiares de Nereo, pareja de Dorit, le habían dicho a la madre que su hija había tenido un accidente en el rancho donde vivían, en la comunidad La Caridad, municipio de San Marcos, en la región Costa Chica.

Le dijeron que ya estaba siendo atendida por un médico del pueblo y que ellos se harían cargo.

La familia de Dorit abrió la caja y descubrió que tenía lesiones, por lo que dio parte a las autoridades.

Los estudios del Servicio Médico Forense de Acapulco revelaron que la mujer de 30 años murió a causa de una hemorragia interna consecutiva a heridas penetrantes por proyectil de arma de fuego en cráneo, cuello y tórax.

El Ministerio Público de San Marcos tipificó el delito como homicidio (por arma de fuego), pero después de la presión de la familia se clasificó como feminicidio.

Dorit ya contaba con antecedentes de violencia física en su contra por parte de su pareja, según contaron familiares.

El 27 de mayo, la Fiscalía de Guerrero informó la detención de Nereo, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio. Al 19 de octubre no recibía sentencia.

Medidas sin cumplir

La abogada Marina Reyna fundó en 2003 la Asociación Guerrerense Contra la Violencia hacia las Mujeres (AGCVIM) que asesora y brinda atención psicológica a mujeres en situación de violencia. Y cuenta con un monitor que registra las muertes dolosas con presunción de feminicidio.

Explica que en el feminicidio, que es la violencia extrema en mujeres, adolescentes y niñas, se deben considerar los contextos donde viven, la cultura, los usos y costumbres.

“Ahí la igualdad sustantiva no se da. Tenemos la ley y los derechos plasmados en el marco jurídico, pero no los tenemos en la realidad de Guerrero”.

La AVGM por violencia feminicida, dice, tiene 21 medidas dirigidas a las instituciones estatales y los municipios.

“El gobierno del estado, con los ayuntamientos, deben dar cumplimiento a las acciones de prevención, atención de la violencia, procuración de justicia y reparación del daño. Desafortunadamente a estas alturas no tenemos una medida cumplida”.

Una instrucción hacia la Fiscalía estatal es que toda muerte dolosa se tiene que investigar como feminicidio, pero a la fecha esto no se cumple porque la fiscalía especial de feminicidios no está en todas las regiones.

Si hay casos no se clasifican como feminicidios; por lo tanto, las cifras oficiales van a decir que van a la baja.

“En muchas localidades no se registran como muertes dolosas, mucho menos como feminicidios, en las localidades más alejadas los casos quedan impunes, se registran como muerte natural cuando no es así”.

El monitor de la AGCVIM compara las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

De enero de 2016 a agosto de 2025 el monitor registró 1 mil 566 muertes dolosas con presunción de feminicidio, mientras que el SESNSP reportó 1 mil 388 mujeres víctimas de homicidio doloso.

Mientras que de 2017 a agosto de 2025 el SESNSP ha contabilizado 152 feminicidios. 13 en 2017, 31 en 2018, 16 en 2019, 12 en 2020, 17 en 2021, 12 en 2022, 15 en 2023, 22 en 2024 y 14 hasta agosto de 2025.

Marina Reyna, que pertenece el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario para el seguimiento de la Alerta de Violencia de Género y al sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, estima que de tres homicidios dolosos contra mujeres sólo uno es registrado como feminicidio.

Para atender la Declaratoria de AVGM en julio del 2022 el gobierno de Evelyn Salgado decretó el Protocolo y la Alerta Violeta, una “estrategia preventiva y de reacción inmediata” para la protección de mujeres en riesgo de sufrir un daño a su integridad.

Se implementaron la tarjeta violeta y el transporte violeta, pero a más de tres años no hay un resultado ni un impacto real para que las mujeres tengan una vida libre de violencia en la entidad, asegura la abogada.

“En las combis violetas se suben hombres y mujeres, en los taxis con esas calcomanías el conductor no te explica nada”.

En la Montaña, denunciar un feminicidio cuesta

Tlapa, municipio ubicado en la región Montaña, es uno de los nueve en la entidad que cuenta con la declaratoria de AVGM por violencia feminicida.

Neil Arias, abogada del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan que acompaña legalmente a mujeres víctimas de violencia, considera una situación “tortuosa” la que viven las familias de las víctimas de feminicidio para acceder a la justicia.

De entrada, son analfabetas y sólo hablan su lengua materna, por lo que se les dificulta denunciar sus casos ante el Misterio Público de Tlapa.

Otra barrera es que el Servicio Médico Forense se ha privatizado y subrogado a una funeraria.

“Cuando Semefo va a una comunidad cuando se comete un crimen, lo primero que hace el dueño de la funeraria es preguntar a la familia que se va a traer el cuerpo a Tlapa y que el costo del traslado le va a costar de 10 a 20 mil pesos, dependiendo de la distancia. Y si no quiere que se haga la necropsia, solamente se va a hacer un embalsamiento por el que está cobrando 8 mil pesos”.  

La mayoría de las familias de víctimas de feminicidio deciden que sus seres queridos se queden en su domicilio para darles cristiana sepultura y el delito queda en el olvido.

“Muchos casos de muertes violentas se han quedado sin acceder a la justicia porque la necropsia es necesaria legalmente para un proceso de investigación”.

De los feminicidios cometidos de enero a octubre en la región, a cuatro víctimas no se les realizaron las necropsias por no tener el dinero para pagarlas.

Otras barreras para acceder a la justicia las encuentran en el Ministerio Público de la unidad especializada en feminicidios.

“Muchas carpetas de feminicidio inician por muertes no constitutivas de delito. Pero esas carpetas están almacenadas y sin avanzar, a pesar de que en mayo último llegó una agente del MP encargada de la unidad”.

Desde el inicio, asegura la abogada, la autoridad hace una serie de especulaciones para tratar de convencer a los familiares de que se trató de muertes naturales, en lugar de hacer una investigación.

Además, existe mucha dilación, por ejemplo, en casos donde la familia acepta que se le haga la exhumación y necropsia a su ser querido.

“El obstáculo está en el MP que no avanza porque no pide ante un juez de control que se hagan esas exhumaciones”.

Pone como ejemplo un feminicidio ocurrido en septiembre de 2024, en el que los agentes ministeriales no han solicitado formalmente la exhumación.

Otra traba que ponen para no realizar las diligencias es que en la Montaña de Guerrero hay focos rojos de violencia, como Malinaltepec, donde fue asesinado un alcalde, en Cochoapa el Grande y Metlatonoc. Pero es justamente en esos municipios donde hay más mujeres víctimas de feminicidio.

A esos lugares no pueden entrar porque los pueden encerrar y eso dilata el proceso para que se avancen las investigaciones.

Neil Arias asegura que la estrategia para prevenir la venta de niñas para matrimonio forzado implementada en 2022 por el gobierno de Evelyn Salgado no ha funcionado.

“Los matrimonios forzados se siguen dando de manera clandestina y hasta pública. Se siguen violentando a las niñas, no hay protocolos de atención”.

Recuerda que desde el año 2022, cuatro niñas víctimas de matrimonio fueron rescatadas. Tres de ellas fueron llevadas a la Casa Hogar del DIF estatal en Tlapa, pero sólo fueron aisladas, nunca les dieron formación y las regresaron a sus lugares de origen para continuar siendo rehenes del patrón de violencia.

“A estas niñas no las están preparando para ser profesionistas, para tener otro proyecto de vida. No hay políticas diseñadas para esta problemática, ninguna institución ni nadie se ha preocupado por ellas. Regresan a su pueblo a repetir la historia. En cuanto a un santuario de mujeres, lo que seguimos viendo es que sigue habiendo muchas muertes de mujeres”.

Alertó que en las últimas muertes de mujeres el contexto se da con la entrada de la venta de la droga “cristal”, que está enfermando a jóvenes, adolescentes y niños.

La abogada de Tlachinollan pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum diseñar programas y políticas para atender los matrimonios forzados en la región, y atender problemas estructurales como la pobreza y la marginación mediante la construcción de escuelas, centros de salud, carreteras de calidad y fuentes de empleo en las comunidades.