CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Con menos de cinco meses en el cargo, el procurador General de Justicia de Baja California Sur, Antonio López Rodríguez, cuenta con una denuncia en su contra por violencia de género, discriminación y amenazas; a la que se suma otra por acoso sexual de la que ya fue exonerado. La Procuraduría estatal afirma que el primer caso deriva de inconformidades por asuntos administrativos. 

La denunciante de violencia de género, Thalía, es una exagente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Alto Impacto de la Procuraduría estatal que llevaba siete años en el puesto, pero con la llegada de López Rodríguez, afirma, padeció varios episodios de violencia que relata en su denuncia del 15 de agosto último, en el expediente LPZ/6593/2025/NUC, donde también acusa a César Eduardo Juárez Castillo, oficial mayor de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur (PGJEBCS).  

Para la denunciante, el procurador estatal “debería pedir licencia porque es la segunda denuncia que tiene en su contra; la primera, antes de su llegada a la procuraduría del estado por hostigamiento sexual” que consta en el expediente SJC/2515/2023/NUC. 

El mismo día que Thalía presentó sus acusaciones formales, “Lidia Mena Cázares, subprocuradora de Justicia Alternativa, subordinada del procurador, me cerró la carpeta sin permitirme aportar las pruebas que tenía, y consideraron que no existían elementos para continuar el proceso”. 

Tras impugnar la decisión, en una audiencia a la que no se presentó el procurador por “temas de agenda”, el juez de control dio la razón a la denunciante quien, pese a la resolución, reclama que hasta ahora le niegan el acceso a la carpeta para aportar todas las evidencias que tiene contra López Rodríguez.

Thalía también expone que el procurador se ha servido de una red de complicidades entre quienes le deben el cargo; “me fabricaron una carpeta de investigación por ejercicio ilícito de servicio público y usurpación de funciones públicas”, la cual, afirma, se generó apenas siete días después de su proceso legal contra el funcionario estatal, “con la intención de silenciarme y de que desista”.

La mujer explica que mientras estuvo adscrita a la Subprocuraduría de Delitos de Alto Impacto, llevó un caso de fraude y, para cuando fue movida del cargo, una magistrada la citó para atender una audiencia a la que, de no presentarse tendría una sanción de 11 mil pesos, por lo que se conectó a la audiencia vía zoom. 

“Yo la atendí desde el ISSSTE por los daños que estaba sufriendo por estrés laboral, por todo el hostigamiento que estaba viviendo. Me acusan de atender esa audiencia ya que no debía porque ya estaba en otra área cuando fui citada por la magistrada, pero además la Procuraduría no me iba a pagar la multa de 11 mil pesos”.  

Acusa que, por si fuera poco, fue cambiada de área en cuatro ocasiones y le redujeron su salario a casi la mitad con la intención de obligarla a renunciar, lo cual finalmente hizo “sin que recibiera ni un peso. No me liquidaron”.

Tres días después de la denuncia en su contra la judicializaron, “cuando hay desapariciones, violaciones, feminicidios que tienen años durmiendo el sueño de los justos”. 

Y, agrega, solicitaron una audiencia ante el juez Adrián Ramos Hinojosa. Fue citada el día de su cumpleaños, el 8 de enero de 2026.

Ese juez de control es, además, concubino de María Eugenia González, subprocuradora de Atención a Víctimas de Delito contra la Libertad Sexual y la Familia, recién nombrada por Antonio López, por lo que hay tráfico de influencias. 

Tiempo atrás, Thalía presentó una queja contra el mismo Adrián Ramos “ante la visitaduría del Poder Judicial por corrupción, por actuar contrario a derecho y por misógino cuando dictó una absolutoria en un asunto grave de delincuencia organizada, pero esa queja fue desechada, lo protegió el Poder Judicial”. 

Más maltrato del Poder Judicial

Thalía buscó a la magistrada presidenta del Poder Judicial estatal, Claudia Cota Peña. “Me trató pésimo porque le dije que cómo era posible que me pusieran al juez para la audiencia al concubino de la subordinada del procurador, y ella me dijo que confía en todos sus elementos, que le hiciera como pudiera, que agotara todos los recursos legales. Ella misma –agrega– va a dar pláticas contra la violencia de género”. 

En la red de vínculos para revictimizarla, acusa Thalía, están funcionarios de la Procuraduría estatal que la llevaron a renunciar como jefa de Unidad adscrita a la Subprocuraduría de Atención de Delitos Alto Impacto, para dar ese cargo a Karim Orozco, a quien señala como amigo del procurador, incluso, explica que “Antonio López no puede recibir a las madres buscadoras, pero sí acude a una fiesta de cumpleaños de Karim”. 

También señala a dos subprocuradoras y una coordinadora de agentes para “fabricarme la carpeta de investigación en mi contra. Cuántos recursos del estado y personas que no atienden sus casos se enfocan en el mío”. 

César Eduardo Juárez, el otro imputado por los delitos contra Thalía, “es esposo de Cinthya Montufas, directora general del Instituto de Capacitación para los Trabajadores de BCS, prima de Erik Abraham Montufas, quien tiene la orden de amenazarme y generar violencia de género para que desista de mi denuncia. 

Él es el mensajero de César. Le mandó decir a las personas que trabajaban conmigo que ya me calmara, que no me iba a ir bien, que él tenía muchos contactos políticos, que yo no sabía con quién me estaba metiendo. César se jacta de que está bien parado políticamente porque se vende como el principal operador político de Milena Quiroga (alcaldesa de La Paz). 

Sobre ese tema la prensa local también preguntó al gobernador Víctor Manuel Castro, quien respondió: “No es el camino la impunidad y la complicidad, esto no, si me dan el número de carpeta o quién hizo la denuncia, pues lo investigamos. No hay favoritismo para nadie. Este procurador se nombró, se investigó, lo nombró y ratificó el Congreso y, bueno, había una denuncia anterior, se investigó y no tuvo ninguna seriedad”. 

La respuesta de la Procuraduría

“Yo sufrí amenazas de muerte de funcionarios, me dijeron que no iban a descansar hasta que retirara mi denuncia. Me siento vulnerable, en riesgo, pedí medidas de protección y nunca me las dieron, por lo que también hago responsable a toda esa gente si me pasa algo. Me dijeron que me iban a hacer la vida imposible y que me fuera del estado, pero ¿por qué me voy a ir si soy originaria de aquí?”, dice Thalía a Proceso.

Esta revista buscó la posición del procurador, mediante el área de Comunicación Social de la PGJEBCS, que confirmó la investigación contra su titular.

Pero explicó que el caso de “violencia de género se deriva de la recepción de oficio donde se le informaba (a Thalía) de cambio de Unidad de Investigación donde realizaba funciones de jefa, luego de la revisión del trabajo efectuado en dicha Unidad, donde se detectaron deficiencias, por lo que el procurador, en ejercicio de sus funciones, instruyó el cambio”. 

La institución explicó que la denunciante inició “una campaña de desprestigio en redes sociales” contra la Procuraduría.

Con el cambio, indicaron, “ejercía maltrato contra sus compañeras/os por lo que se le inicio un procedimiento administrativo. Ante esa situación, el procurador instruyó un nuevo cambio, esta vez a la Unidad de Atención Temprana, a la que nunca se presentó a laborar como le correspondía, interponiendo una serie de permisos para evitarlo, hasta que al cabo de un mes presentó su renuncia”.

El área de Comunicación de la Procuraduría también adelanta que se incluye al oficial mayor por un asunto de “viáticos”.

“Por parte del Procurador nunca ha habido amenazas o algún tipo de discriminación”, aseguró la Procuraduría.

Pero Thalía agrega: “Tanto dicen a las mujeres que marquen al 089, que denuncien, y cuando lo haces, ¿de qué sirve?”. 

Para la denunciante, este problema legal le ha generado “problemas con mi autoestima, aislamiento, ansiedad, depresión y erupciones en la piel”.

Dos días después de que este medio pidió información a la Procuraduría sobre la denuncia por violencia de género, el Poder Judicial notificó a otra denunciante, la de 2023, el no ejercicio de la acción penal contra el procurador por acoso sexual.