CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A 16 años de que el ex presidente Felipe Calderón ordenó la extinción de la compañía Luz y Fuerza del Centro (LyFC), ex trabajadores pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisar la constitucionalidad del decreto emitido para ese efecto el 11 de octubre de 2009, así como el fallo de 2013 que negó a más de 40 mil electricistas despedidos, el derecho de que la Comisión Federal de Electricidad se convirtiera en patrón sustituto.

Alrededor de 350 electricistas se manifestaron este jueves a las afueras de la SCJN en la víspera de que se cumplan 16 años de que, de la noche a la mañana, se quedaron sin empleo.

Desde el 6 de octubre, integrantes del Frente Amplio de Unidad entregaron un escrito dirigido al ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la SCJN, a quien le pidieron ser recibidos en audiencia para exponer su demanda como agraviados que fueron por ese decreto.

Una comisión de los manifestantes, entre los cuales estaba Oscar Alzaga, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), fue recibida este jueves y se acordó que el viernes el ministro Aguilar Ortiz recibirá directamente al grupo encabezado por Rosendo Flores, ex dirigente del Sindicato Mexicano de Electricista y líder moral del FAU.

En el escrito, los electricistas recuerdan que el 10 de octubre de 2009, el entonces presidente Calderón Hinojosa ordenó el despido “injustificado” de los trabajadores de LyFC y el día 11, emitió el decreto mediante el cual ordenó la extinción del organismo descentralizado.

“Esos hechos no solamente derrumbaron los proyectos de vida de miles de trabajadores electricistas y sus familias, sino que también afectaron patrimonialmente a la nación mexicana, al privatizar el servicio público de energía eléctrica en la zona central del país, que atendíamos los trabajadores de LyFC”, refieren.

Exponen que la extinción de LyFC tuvo como propósito eliminar al SME, el cual se oponía al proyecto privatizador del sector eléctrico nacional.

Además aseguran que el decreto que emitió el panista Calderón fue inconstitucional porque estaba obligado a presentar iniciativa ante el Congreso de la Unión y no lo hizo.

“…los ministros de la SCJN de aquel entonces sometidos a los designios del titular del poder ejecutivo, cumplieron su parte, declarando "constitucional" el decreto de Calderón”, agregan.

“Lo que siguió después profundizó esta tragedia, porque una vez que Enrique Peña Nieto tomó posesión como titular del poder ejecutivo, nuevamente la SCJN le negó al SME el derecho al patrón sustituto el 30 de enero de 2013, pese a que, con anterioridad, el 13 de septiembre de 2012, el segundo tribunal colegiado en materia de trabajo, le había concedido un amparo al SME al haber estimado que en la extinción de LyFC no había causa de fuerza mayor”.

Mencionan que en este fallo el tribunal le ordenó a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje emitir un nuevo laudo, que dejara sin efecto el emitido en julio de 2010, y con ello, la CFE estaba obligada a contratar a los más de 40 mil electricistas despedidos “injustificadamente”.

Este delito, señalan, no solamente constituyó un agravio al SME, sino a gran parte de la sociedad mexicana en su conjunto, particularmente a los más de seis millones de usuarios de energía eléctrica, los cuales eran atendidos por los trabajadores electricistas de LyFC.

Por ello, piden la intervención de la SCJN que preside Aguilar Ortiz, la cual ha anunciado una política de “puertas abiertas” y ha estado atendiendo a diversos movimientos sociales para que se revise la constitucionalidad de ambos fallos.

“Después de 16 años, nuestras demandas están enfocadas en solicitarle al Estado mexicano nos haga justicia, y se repare el daño generado por la extinción liquidación de LyFC”, recalcan los ex trabajadores.