CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La iniciativa de Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión, presentada este martes por la presidenta Claudia Sheinbaum, contiene elementos que pondrían validar violaciones graves a derechos humanos como la tortura, alertó el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh),  

En su cuenta de X, la organización reconoció que la extorsión es “un flagelo que golpea duramente a la población y que exige una respuesta del Estado”, sin embargo, su combate “no puede ir en detrimento de los derechos fundamentales”. 

Entre las alertas encendidas identificó, el Centro Prodh identificó  que el artículo 27 de la iniciativa que podría ir en contra de la Ley General sobre Tortura.  

Dicho artículo “podría representar un fuerte retroceso en la protección del debido proceso pues incorpora previsiones contrarias a los estándares internacionales sobre la exclusión de la prueba derivada de violaciones a derechos humanos, retomando precedentes de hace más de una década”.  

En el artículo cuestionado, se señala que para que la autoridad judicial resuelva “cualquier incidente de nulidad o exclusión de pruebas que haga valer la persona imputada o su defensa, durante un procedimiento seguido por algún delito previsto en esta ley, por considerar que fueron obtenidos con violación de derechos humanos, deberá analizar oficiosamente si se actualiza la fuente independiente, el vínculo atenuado o el descubrimiento inevitable sobre las mismas”.  

Según la organización, el contenido del artículo 27 de la iniciativa de Ley General contra la Extorsión, va en contra de preceptos de la Ley General sobre Tortura, que excluye cualquier prueba obtenida bajo tortura.  

De aprobarse la iniciativa presidencial tal cual, “significa que una prueba obtenida mediante una  violación a derechos humanos como la tortura, podría ser validada bajo ciertas excepciones”.  

La organización insistió en que el artículo 27 de la iniciativa de ley contra la extorsión “vulneraría el principio de exclusión absoluta que protege el debido proceso”, como fue previsto por a Corte Interamericana de Derechos Humanos (Co IDH), en el caso de los Campesinos Ecologístas contra México, quienes en 1998 fueron torturados por elementos del Ejercito mexicano para declararse culpables de delitos que no cometieron.  

Durante la comparecencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch ante el pleno del Senado, informó que como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y con ello la instrumentación de la línea telefónica 089, se han recibió 59 mil llamadas anónimas para denunciar intentos de extorsión, lo que ha permitido la consumación del delito en 74% de los casos. 

“Con corte al 30 de septiembre, las autoridades han detenido a 386 personas en 19 entidades del país y se han iniciado mil 986 carpetas de investigación en las alcaldías estatales”, sostuvo el funcionario.  

Tras señalar que derivado de la puesta en operación del 089 se favoreció las denuncias de carácter anónimo, “pasaron de un promedio de 349 denuncias diarias entre enero y junio a 637 denuncias diarias en los meses posteriores, un incremento de 85%” 

Durante la comparecencia del funcionario Harfuch habló de las bondades de la iniciativa presentada por Sheinbaum, entre ellas que “permite que cualquier persona que sufre de una extorsión (…) ahora puede presentar una denuncia sin necesidad de revelar su identidad”; que lo único que se requeriría para abrir una carpeta de investigación será “la descripción de la forma en que se comete el delito, y. que su persecución será de se perseguirá de oficio. 

Harfuch señaló que; que al ser una iniciativa de ley general se promoverá la homologación del tipo penal en los estados, propiciando que “aumenten las denuncias”, en cuyo esclarecimiento habría colaboración interinstitucional, porque a pesar de que a extorsión es un delito del fuero común, “su combate requiere una respuesta nacional”.