CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Los grupos económicos, principalmente las grandes empresas del sector de telecomunicaciones, han abusado del juicio de amparo y del sistema de justicia en perjuicio de la ciudadanía de a pie.

Así lo afirmó la abogada Clara Luz Álvarez, profesora investigadora de la Universidad Panamericana, quien explicó que más que reformar la Ley de Amparo se requiere de una reforma profunda al sistema judicial local y federal que evite que los medios de impugnación sean utilizados para dilatar los procedimientos.

La abogada recordó que Proceso lleva seis años inmerso en un litigio en el que Banco Azteca y Ricardo Salinas Pliego han entorpecido el procedimiento, a grado tal que hasta ahora no ha sido posible pasar de la primera instancia.

“El punto es que no ha habido una reforma judicial en México. Lo que se llamó reforma judicial del año pasado realmente estableció una elección judicial, pero la estructura del sistema de justicia quedó igual, no funciona, y deberíamos empezar por la parte local, que sigue intocada”, comentó en entrevista con Proceso.

El pasado 1 de octubre la Cámara de Senadores aprobó la reforma a la Ley de Amparo planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum que redefine el interés legítimo, limita la concesión de suspensiones y establece nuevas reglas para el cumplimiento de las sentencias de amparo.

La bancada oficialista, conformada por Morena, PT y Partido Verde Ecologista (PVEM), defendió que la reforma busca evitar los abusos procesales que se han concretado en el juicio de amparo.

“Fortalecer el juicio de amparo como escudo ciudadano frente al poder pero, al mismo tiempo, cerrar los resquicios que han permitido abusos procesales que afectan al interés colectivo y con ello el desarrollo del país”, indicó el morenista Javier Corral.

Sin embargo, Clara Luz Álvarez explicó que, en su experiencia, los abusos procesales son más comunes en la justicia local que en el juicio de amparo.

En el año 2019 Proceso fue demandado por Banco Azteca y el empresario Ricardo Salinas por supuesto daño moral derivado de la publicación de notas periodísticas relacionadas con el caso Pemex Fertinal, tema de interés público.

Actualmente, seis años después, no ha sido posible concluir con el desahogo de pruebas en el juicio iniciado ante una juez civil en la Ciudad de México porque los testigos ofrecidos por la empresa de Salinas Pliego no han sido localizados para acudir a declarar.

La juzgadora, aunque tiene facultades, ha rechazado advertir a Banco Azteca que si no presenta a sus testigos, como la ley le obliga, en un plazo razonable, dejará de recibir la prueba.

“La primera audiencia de pruebas en ese caso fue en marzo de 2021 y estamos en septiembre de 2025 y no se ha podido concluir el juicio principal”, recordó la abogada.

“O sea, no es que se abuse del amparo, es que los grupos de poder económico, de poder político abusan del sistema de justicia en perjuicio de la ciudadanía de a pie (...) La justicia local que es la que necesita una sacudida fuerte y que se acerque a la ciudadanía”.

En el procedimiento han sido tramitados seis juicios de amparo por parte de Banco Azteca y Ricardo Salinas, mientras que Proceso sólo ha tramitado uno y no todos han ordenado suspender el litigio.

En todo este tiempo la juez Civil que conoció de la demanda de la empresa de Salinas Pliego no ha podido dictar una primera sentencia que permita avanzar en el litigio.

Esto, detalló, consume tiempo y recursos, principalmente de la parte demandada, que en este caso es Proceso y sus periodistas, pero el problema de raíz está en el juicio local.

“La reforma a la Ley de Amparo en nada modifica la situación de la ciudadanía de a pie que se enfrenta al incumplimiento de las sentencias de amparo por parte de las autoridades”, añadió.

“El sistema de justicia se debe reformar no pensando solamente en los grandotes, más bien es pensando en la ciudadanía de a pie”.

Destacó que la reforma aprobada por el Senado, que está siendo revisada en la Cámara de Diputados, se establecen nuevas reglas sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo por parte de las autoridades responsables.

“Si una persona gana una sentencia de amparo quiere decir que sí le violentaron sus derechos humanos y que ya se declaró judicialmente, entonces si un funcionario no cumplía con la sentencia se le podía multar, destituir, etc.”, refirió.

“Ahora lo que dice la reforma es que si se le impone una multa no la paga el servidor público, sino la autoridad, o sea, el erario, y esto es un camino abierto a que nadie cumpla”.

Comentó que la reforma también establece que si las autoridades dicen que no pueden cumplir con una sentencia de amparo por falta de presupuesto, incompetencia o cualquier otra razón que se tome como imposibilidad material, no existe ninguna forma de obligarlas a cumplir.

“La reforma está pensada en las grandes empresas que impugnaron la reforma eléctrica o los concesionarios grandes, pero están desprotegiendo a la ciudadanía porque dicen que el funcionario público básicamente no es responsable”, enfatizó.

Las pequeñas empresas también han sido perjudicadas por el abuso del recurso de amparo por parte de la autoridad. Proceso informó en su edición semanal 2381, del 19 de junio de 2022, que desde el año de 1999 el gobierno capitalino arrastra una deuda que supera los dos millones de dólares por el incumplimiento de un contrato con la empresa AP American Protective, SA de CV, para la compra de 8 mil 995 chalecos antibalas que serían entregados entre enero y febrero de 2000.

En el caso, la empresa ya ganó todas las instancias en las que fue confirmado que el gobierno de la Ciudad de México debe pagarle los 8 mil 995 chalecos a precio actual, pero como el contrato establecía que el pago fuera realizado a través del banco Bital, hoy extinto, la administración capitalina ha alegado en reiteradas ocasiones imposibilidad material para cumplir pues, además, afirma que no tiene recursos para pagar.

Esto ha costado a la Ciudad de México más de 100 mil pesos en multas pagadas desde la administración de Miguel Ángel Mancera.

La tercera multa impuesta a la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum fue impugnada por su administración y hasta el momento un Tribunal Colegiado no ha determinado si la va a confirmar o no.

Si el Colegiado confirma la multa, el siguiente paso es que la empresa acuse el desacato cometido por el gobierno capitalino para ordenar procesar penalmente a la actual jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada.

Sin embargo, para que ello ocurra deberá ser desaforada por parte del Congreso de la Unión.

En el dictamen de reforma a la Ley de Amparo aprobado por el Senado de la República el pasado uno de octubre, a pocos minutos de la media noche, los legisladores agregaron un artículo transitorio que establece la aplicación retroactiva de la ley.

De ser aprobada sin cambios en la Cámara de Diputados, esta retroactividad afectaría a quejosos como AP American Protective, porque no contará con ningún recurso que le ayude a obligar al gobierno de la CDMX a cumplir con la condena de pagarle los chalecos.

La abogada Clara Luz Álvarez reconoció, en cambio, que la reforma a la Ley de Amparo sí establece avances en materia de justicia digital y comentó que en el sistema judicial local debería ser implementada esta modalidad en su totalidad y de manera homologada en todo el país para ahorrar recursos y facilitar el acceso a la justicia.