CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El gobierno de Donald Trump ha devuelto al mercado global una mercancía que nunca deja de encontrar clientes: las armas estadunidenses. El Departamento de Comercio anunció la anulación de una norma adoptada durante la administración Biden que imponía mayores controles a la exportación de armas civiles. Presentada como un “acto de sentido común”, la medida restablece las reglas de exportación vigentes en el primer mandato de Trump: menos papeleo, licencias más largas y menos obstáculos para vender rifles, pistolas y escopetas al extranjero.

En palabras de Jeffrey I. Kessler, subsecretario de Comercio para Industria y Seguridad, Estados Unidos “rechaza la guerra contra la Segunda Enmienda” y “devuelve a la industria estadunidense la libertad de competir”. El anuncio promete “cientos de millones de dólares” en nuevas oportunidades de exportación para los fabricantes nacionales.

Pero mientras Washington celebra este “triunfo del sentido común”, al otro lado de la frontera esas palabras resuenan de forma distinta. “Este cambio alimenta la violencia en América Latina y el Caribe”, advierte John Lindsay-Poland, coordinador de la organización Stop U.S. Arms to Mexico, que condena la decisión como un acto deliberado para favorecer a la industria armamentista. “Las mismas compañías que financiaron la campaña presidencial de Trump venden las armas que terminan en manos de pandillas en Haití y cárteles en México”, denuncia.

La historia no es nueva, pero su repetición resulta inquietante. The Forum on the Arms Trade ha documentado que en 2020, durante el primer mandato de Trump, su gobierno transfirió el control de las exportaciones de armas semiautomáticas del Departamento de Estado al de Comercio, eliminando mecanismos de supervisión y la obligación de notificar al Congreso. El resultado fue un aumento del 7% en tres años, superando los mil millones de dólares en ventas. 

Desde enero de 2025, la Administración del presidente Donald Trump ha implementado una serie de medidas que debilitan significativamente los controles federales sobre la venta, exportación y regulación de armas de fuego en Estados Unidos. Uno de los retrocesos más relevantes ocurrió en abril de 2025, cuando el gobierno revocó la política de “tolerancia cero” aplicada por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), que ordenaba la revocación inmediata de licencias a comerciantes que violaran deliberadamente la ley federal. Esta decisión permite que vendedores previamente sancionados vuelvan a operar legalmente, lo que incrementa el riesgo de desvío de armas hacia el crimen organizado en México.

A esto se suman otras medidas recientes como la legalización de los dispositivos forced-reset triggers y el intento de debilitar la norma Engaged in the Business sobre chequeos de antecedentes que, según el informe de Newtown Action Alliance (publicado en junio de 2025), representan “un grave retroceso en los esfuerzos por prevenir el tráfico ilícito de armas y una amenaza directa para la seguridad en México y Centroamérica.”

Pero la nueva norma de exportación deja abierto lo que activistas llaman “un río de hierro”: un flujo constante de armas estadounidenses hacia regiones donde la violencia y la migración crecen al mismo ritmo.

Las cifras dan sustento a la preocupación. Según la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), el 73% de las armas recuperadas en delitos en el Caribe provienen de Estados Unidos, muchas vendidas legalmente. En Guatemala —el mayor importador regional— más de dos tercios de las armas de origen estadunidense recuperadas el año pasado fueron exportadas con autorización legal. Ese mismo año, más de 200 mil guatemaltecos buscaron refugio en Estados Unidos.

El análisis de Stop U.S. Arms to Mexico revela la magnitud del problema. Entre 2015 y 2022, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) identificó a fabricantes de 133 mil 558 armas recuperadas en México y 40 mil 978 en Guatemala, El Salvador y Honduras. Unas 925 empresas estadunidenses fueron rastreadas por su participación en el flujo de armas ilícitas hacia México. Cuatro compañías —Smith & Wesson, Colt, Glock y Beretta—, todas demandadas por el gobierno mexicano por su presunta negligencia en la comercialización, concentran el 30% de las armas recuperadas.

Jeff Abramson, senior non-resident fellow del Center for International Policy, advierte que la decisión representa “otro paso peligroso” por parte del gobierno de Trump. “Muchas de estas armas, como los rifles de asalto, deberían ser consideradas material militar, no artículos comerciales, y merecen una mayor supervisión, no menos”, señala. “El intento de facilitar su exportación, mientras se elimina la transparencia que antes tenía el Congreso, ignora el papel que desempeñan en el deterioro de la seguridad regional y en el aumento de la migración hacia el norte. Es un enfoque autodestructivo”.

Para Abramson, la solución no pasa por eliminar controles, sino por fortalecer los compromisos internacionales: “Estados Unidos estaría mucho mejor servido si buscara elevar los esfuerzos globales para realizar el comercio de armas de manera responsable, incluso apoyando el Tratado sobre el Comercio de Armas, algo que Trump rechazó en su primer mandato”.

“Es una política que enriquece a unos pocos mientras familias, comunidades y países enteros pagan las consecuencias”, resume Lindsay-Poland. Mientras Washington dice “liberar” su industria, América Latina y el Caribe escuchan el ruido de los disparos.