CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- En defensa del Ejército, el gobierno de Claudia Sheinbaum se vio entrampado en serias contradicciones expuestas en el litigio que se sigue ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la muerte de Ernestina Ascencio Rosario, en febrero de 2007, tras ser abusada sexualmente por elementos militares desplegados en la sierra de Zongolica, Veracruz. 

Durante la audiencia en la sede de la Corte, en San José, Costa Rica, los jueces del tribunal advirtieron sobre la contradicción en el planteamiento final de los representantes del Estado, que admitieron parcialmente la responsabilidad estatal en la muerte de Ascencio Rosario, pero alegaron que “no existe evidencia directa para vincular a agentes estatales en los hechos alegados”. 

Durante la sesión, que fue transmitida en directo también en náhuatl, la lengua originaria de la comunidad a la que pertenecía Ernestina, participó la hija de la víctima, Martha Inés Ascencio, quien relató que a principios de 2007, su madre de 73 años participó en protestas contra la instalación de un campamento militar en las inmediaciones de su comunidad; que el 25 de febrero de 2007, salió de su domicilio para llevar a pastar a sus borregos, y que ante la tardanza inusual, la fue a buscar al bosque, donde la encontró, a 300 metros el campamento militar, tirada en el suelo, “con la falda levantada”; que en náhuatl, le contó que “los soldados se le echaron encima”. 

Martha narró a los jueces las vicisitudes que pasaron para que, después de 10 horas, Ernestina recibiera algún tipo de atención médica, para fallecer un día después.  

Ataviada con traje tradicional, Martha Asencio contó que los señalamientos contra militares, que hizo su madre, fueron desestimados por autoridades ministeriales debido a que era monolingüe, pero que, por las lesiones y los restos de semen en su cuerpo, los médicos que la atendieron clasificaron su muerte como producto de agresión sexual. 

La hija de Ernestina contó a los jueces de la Corte, presididos por Nancy Hernández López, de Costa Rica, el viacrucis que ha sufrido su familia en búsqueda de justicia a casi 18 años de ocurridos los hechos, aunado a que a su representación se le ha negado el acceso total al expediente de la investigación.  

En el periodo de posicionamientos finales, las representantes de las víctimas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitaron declarar culpable al Estado mexicano de violar los derechos humanos de Ernestina y de sus familiares, y por la falta de acceso a la información sobre el caso.  

Carmen Herrera, abogada de las víctimas, contó que después de que el caso fue admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), durante la gestión de Rosario Piedra Ibarra, pidieron a los familiares de Ernestina “no hacer nada”, y no continuar con el litigio internacional.  

La abogada explicó que una vez que se admitió el caso, los únicos que contactaron a los familiares fueron funcionarios de la CNDH y que pidieron “escribir a la presidenta qué era lo que pedían”, a cambio de no continuar con el litigio internacional, solicitud que pidieron quedara plasmada en una silla que le regalarían a Piedra Ibarra.  

En 2021, la CNDH emitió una recomendación en la que instruyó a la Fiscalía de Veracruz, reabrir la investigación, resolución que no fue admitida por los familiares de Ernestina, que buscaban que fuera la Fiscalía General de la República (FGR) que interviniera para determinar la responsabilidad de personal militar en la agresión sexual que la llevó a la muerte. 

En representación del Estado mexicano, la embajadora Jennifer Feller Enríquez, reconoció parcialmente la responsabilidad del Estado mexicano en la negación de acceso a la salud y a la justicia de Ernestina Ascencio.  

Sin embargo, el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE),  Pablo Arrocha  Olabuenga, pidió a los jueces desestimar la responsabilidad de agentes del Estado mexicano en la agresión sexual que sufrió Ernestina, así como en la negación del acceso a la información a los representantes de las víctimas y a la retención de familiares de Ernestina, para evitar el cierre del caso en mayo de 2007.   

Ante el posicionamiento contradictorio, los jueces Verónica Gómez, de Argentina, Ricardo Pérez Manrique, de Uruguay, y Rodrigo Mudrovitsch, de Brasil, pidieron explicaciones a los representantes del Estado mexicano, que por una parte admitían que se habían violado los derechos humanos de Ernestina en materia de salud, a la vida y acceso a la justicia, pero al mismo tiempo se negaba la responsabilidad de militares en su muerte. 

“No existen indicios, por un lado, se destaca que ni en el proceso, ni en la investigación de la CNDH, se ha individualizado la participación de agentes estatales”, puntualizó Arrocha. 

Destaca el cuestionamiento que hizo la jueza Verónica Gómez, quien preguntó cómo es que se ponía en duda la participación de militares, “a pesar de que está el testimonio de la víctima antes de fallecer, a pesar de que hay elementos contextuales de la presencia de elementos militares a 300 metros de donde fue encontrada Ernestina, además de que se levantaron pruebas en la autopsia de material genético, y al mismo tiempo hay un reconocimiento del Estado de que se violaron garantías judiciales”.  

La jueza destacó que en el caso de Ascencio Rosario “hay muchas pruebas más que en otros casos, y a pesar de ellos el Estado considera que no hay elementos para considerar que hay responsabilidad de agentes estatales”.  

Arrocha puntualizó que “suponiendo sin conceder, que ocurrió la violación sexual, corresponde al Ministerio Público determinar si actores del Estado participaron”, investigaciones que se siguen en la Fiscalía General del Estado de Veracruz.  

Al término de la audiencia, el juez Mudrovitsch, quien presidió la segunda parte de la audiencia, resaltó que las partes tienen hasta el 3 de marzo próximo para presentar sus alegatos finales por escrito.