CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y Corrupción busca reducir a la mitad el número de trámites, requisitos y el tiempo de respuesta; también que se digitalice el 80 por ciento de la documentación. Estas medidas evitarán la corrupción, consideró la presidenta Claudia Sheinbaum.  

Será necesario que se reformen los artículos 25 y 73 de la Constitución Política, con lo que se abroga la Ley General de la Mejora Regulatoria.  

“Al disminuir los trámites, también se elimina cualquier posibilidad de corrupción entre una ventanilla y el ciudadano o la persona. Entonces, le vamos a llamar así: ‘Ley Nacional para Eliminar Trámites y Corrupción'. Y es una ley nacional”, indicó la mandataria federal. 

Esto aplicará no solo a los ciudadanos como personas físicas, también a las empresas como personas morales y que “no tenga que hacer 10 mil trámites para poderse registrar. Que si quiere ser proveedor del gobierno, que se disminuya al mínimo para que se cheque en una base de datos si está registrada con algún problema o no, que cumpla lo básico y queda registrado”. 

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, dijo que a nivel federal hay más de 7 mil trámites; en los estados, en promedio, 523; en los municipios 144. 

“Lo que implica que en México cada persona puede realizar, durante su vida, un promedio de 486 trámites, de los cuales 85 por ciento son estatales o municipales, por lo cual la nueva Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y Corrupción tiene cuatro objetivos centrales”. 

Estos trámites son: homologación, requisitos, tiempo de resolución y procesos de atención en los tres niveles de gobierno; eliminar trabas a personas y empresas; mantener buenas prácticas regulatorias como lo establece la Constitución y el T-MEC; así como facilitar que las personas accedan a lo que tienen derecho. 

En concreto, se busca “reducir aún más los espacios de corrupción; eliminar la discrecionalidad; homologar los trámites, requisitos y tiempos de resolución; reducir la carga regulatoria en los tres órdenes de gobierno; fortalecer la certeza jurídica; facilitar el acceso a derechos y acelerar la actividad económica para generar prosperidad compartida”.  

La aplicación de esta ley será mediante un modelo nacional de simplificación y digitalización con nueve componentes: la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones como la única autoridad a cargo de la simplificación y digitalización, siguiendo 10 principios de simplificación.  

Esto son: la mayor carga regulatoria la debe asumir la autoridad; no solicitar documentos que el propio gobierno genera; fusionar trámites y crear flujos simultáneos; eliminar requisitos no indispensables; los documentos digitales tienen la misma validez que documentos físicos; todo trámite digitalizado debe ser previamente simplificado; homologar vigencias en trámites que dependan uno de otro; renovar vigencias cuando proceda, no reiniciar el trámite; sustituir permisos por avisos, cuando proceda; priorizar volumen de uso y grupos de mayor vulnerabilidad. 

El tercer componente es el catálogo único de trámites, servicios y requisitos para reducir los espacios de arbitrariedad; un portal Único Ciudadano de Servicios y Trámites; un sistema Nacional de Atención Ciudadana para dudas y detalles sobre trámites; capacidades tecnológicas que sean solucionadas por los propios gobiernos. 

También incluye análisis de impacto regulatorio eficiente; expediente digital, con los datos y documentos de la ciudadanía, para contar con ellos en cuanto se requieran; y la llave MX, como un mecanismo de identidad digital, que está asociado al expediente de personas físicas y morales. 

“No se trata solo de hacer una modificación normativa, sino también de generar todas las capacidades que permitan a la federación, a los estados y municipios, llevar a buen puerto esta agenda”, indicó el funcionario.  

Peña Merino reiteró que se creará el Centro Nacional de Tecnología Pública (CNTP) para promover el desarrollo de capacidades tecnológicas propias con un repositorio de código, para que también lo puedan aplicar los gobiernos que no tengan tecnología. 

Prevén el acompañamiento técnico y normativo de la ATDT con estados y municipios, para adecuar “el marco institucional normativo a los desarrollos tecnológicos que sean implementados exitosamente”. 

Así como una escuela pública de código, capacitación y entrenamiento para que servidores públicos federales, estatales y municipales adquieran las habilidades necesarias para dar mantenimiento y sostener los sistemas que se implementen. 

Finalmente se requiere también la implementación de proyectos nacionales estratégicos que para el 2025 son la Ventanilla Digital Nacional de Inversiones; la Plataforma Nacional de Registros Públicos de la Propiedad; la Plataforma Nacional de Registros Civiles y la Plataforma Nacional Catastral.