CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez federal vinculó a proceso a Pablo “N”, alias “El Peluchín” por feminicidio, homicidio, tentativa de homicidio y daños cometidos durante la masacre perpetrada contra la familia LeBaron en noviembre de 2019 en Bavispe, Sonora. 

Pablo “N” se convirtió en el primer imputado específicamente por las muertes de las mujeres y niños de la familia LeBaron, pues hasta ahora la Fiscalía General de la República (FGR) únicamente abrió procesos contra supuestos implicados en el caso pero por el delito de delincuencia organizada, es decir, por conductas que no necesariamente están relacionadas con el ataque. 

En este caso la FGR había imputado originalmente por homicidio de tres mujeres y seis menores de edad; tentativa de homicidio y daños en agravio de ocho menores de edad más. 

Sin embargo, durante la audiencia de vinculación celebrada hoy, el juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, agregó el delito de feminicidio al considerar que había suficientes elementos de prueba para vincular a proceso por el mismo y concedió un plazo de tres meses para la investigación complementaria. 

“El juez estableció que le asiste la razón a la familia LeBarón, pues contrario a lo que argumentó la propia Fiscalía General de la República (FGR) y la defensa del detenido; la representación legal de Adrián LeBarón acreditó que, hay elementos para señalar que existió el delito de feminicidio según el Código Penal de Sonora, ya que existen elementos de convicción para acreditar que los perpetradores sabían que eran mujeres y niñas y aún así decidieron ejecutarlas”, informó la familia LeBaron mediante un comunicado. 

“Durante la audiencia se presentaron 73 datos de prueba en contra de Pablo ‘N’, quien está relacionado con el grupo criminal ‘La Línea’. Además, se indicó que las evidencias revelan actos de violencia innecesaria, ya que tan solo el vehículo en el que se transportaba Rhonita junto con sus hijos Howard, Krystal, Titus y Tiana, recibió 321 impactos de arma de fuego para después ser incendiado, lo que podría ser un sello de la organización criminal”. 

Por todos estos delitos Pablo “N” enfrenta diversas condenas que pueden sumar un máximo de 480 años de prisión. 

Aunque la familia LeBaron pidió al juez dictar vinculación a proceso en su contra también por terrorismo, el juez determinó que, al tratarse de un delito autónomo, la FGR tiene obligación de investigarlo en una carpeta independiente, tal como ordenó en audiencia del 17 de enero pasado. 

El 22 de enero Proceso informó que desde hace cerca de un año la FGR supo que existía una orden de los grupos del crimen organizado de matar a cualquiera que pasara por la frontera entre Sonora y Chihuahua, zona en la que ocurrió la masacre contra la familia LeBaron. 

Pero que, pese a las declaraciones de los testigos protegidos, no inició ninguna línea de investigación al respecto.