CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aunque el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) concentró todos los amparos contra la reforma judicial en tres juzgados de Jalisco, un juez federal de Michoacán exigió a la Suprema Corte protección contra las amenazas del Tribunal Electoral.

De acuerdo con los estrados judiciales el juez Primero de Distrito en Michoacán, Sergio Santamaría Chamú, quien concedió la suspensión definitiva con la que el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (CEPJF) frenó el proceso de selección de candidatos, apenas fue notificado esta semana de la orden del CJF de enviar los amparos contra la reforma judicial al estado de Jalisco.

Sin embargo, antes de recibir el aviso del CJF el juez fue requerido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que envíe el expediente original, por lo que ordenó enviar a Jalisco copias certificadas.

“Se advierte que en sesión celebrada el ocho de enero de dos mil veinticinco, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó que los Juzgados Tercero, Quinto y Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, deberán conocer los juicios de amparo en los que se reclame, en esencia, el decreto de ‘Reforma constitucional al Poder Judicial’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil veinticuatro”, señala el acuerdo del juez. 

“Remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, lo siguiente: El original de este juicio de amparo, constante en dos tomos, así como un tomo de pruebas. ii. Copia certificada del incidente de suspensión, constante en tres tomos, así como un tomo de pruebas”.

Proceso informó el pasado 24 de enero que la SCJN admitió atraer el conflicto entre la suspensión concedida por el juez Santamaría Chamú y la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la que ordenó al CEPJF reanudar el proceso de selección de candidatos.

Por ello, la Corte requirió al juez el expediente original del amparo 1074/2024.

Al ordenar el envío del expediente original, el juez Santamaría Chamú exigió al Máximo Tribunal que en la resolución que dicte sobre la contradicción de criterios, lo proteja contra las amenazas del TEPJF de sancionarlo por supuestamente invadir competencias electorales.

“Este órgano de control constitucional solicita al máximo Tribunal Constitucional que, al momento de resolver esa petición, pueda también pronunciarse respecto de lo siguiente: Declare que este Juzgado de Distrito es constitucional y legalmente competente para tomar las medidas que establece la ley, para hacer cumplir las resoluciones suspensionales decretadas en este incidente, sin que un posible conflicto de competencia con diverso órgano del Poder Judicial de la Federación, pueda acarrear responsabilidad administrativa o penal.

“Otorgue certeza jurídica y las garantías necesarias para que las personas juzgadora federales puedan ejercer, con independencia, su función judicial, sin ser sujetas a coacciones o represalias externas, tales como las contenidas en la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitida dentro del expediente SUP-JDC-8/2025 y acumulados, en donde, al estimar que la jurisdicción de amparo, invadió la jurisdicción electoral, ordenó dar vista al Consejo de la Judicatura Federal y a la Fiscalía General de la República, para los efectos de responsabilidad administrativa y penal a que haya lugar, en contra del titular de este órgano jurisdiccional”, indicó el juzgador.