CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) advirtió que el recorte presupuestal para 2025 pone en riesgo al Poder Judicial de la Federación (PJF). Además, afirmó que respetará las manifestaciones de los trabajadores afectados. 

En un comunicado, la organización denunció que el recorte de más de 13 mil millones de pesos al presupuesto del PJF, deja a la institución con un total de 62 mil millones de pesos para el ejercicio 2025, y acusó que es parte de una estrategia, impulsada desde los poderes Legislativo y Ejecutivo, para debilitar la independencia judicial y afectar su operatividad. 

La asociación argumentó que las condiciones laborales de jueces, magistrados y trabajadores del sector se verán afectadas, ya que el recorte compromete prestaciones adquiridas como el Fondo de Retiro Individual (FORI) y el Seguro de Separación Individualizado (SEGSEI). 

Además, dijeron que esta reducción del 17.1% impactará directamente la capacidad de los tribunales para atender los casos con eficiencia, provocando una sobrecarga de trabajo y el aumento de los tiempos de resolución. 

“Asimismo, se ha construido una falsa narrativa desde el oficialismo para pretender dividir a los juzgadores y trabajadores, señalando que la razón de la disminución de los ingresos de estos últimos se debe a la permanencia de supuestos privilegios de las personas juzgadoras, las cuales también han visto reducidos sus ingresos” se lee en el comunicado. 

Sin embargo, la JUFED manifestó que tanto jueces como trabajadores han sufrido una disminución significativa en sus ingresos y prestaciones, lo que demuestra que el impacto del recorte es generalizado y no exclusivo de un solo grupo dentro del PJF. 

La asociación sostiene que esta situación no solo contradice el artículo 94 de la Constitución, que protege la inamovilidad y remuneración de las personas juzgadoras, sino que también incumple compromisos internacionales. 

Por otra parte, volvieron a advertir acerca de la reforma Judicial y las elecciones que se prevén para junio del presente año, señalando riesgos de manipulación electoral, compra de votos y falta de legitimidad. Asimismo, criticaron que el INE siga impulsando los comicios pese a suspensiones de amparo, lo que para ellos vulnera el equilibrio entre poderes y la seguridad jurídica en el país.