CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto Nacional Electoral (INE) se dotó de herramientas que permitan sancionar a aspirantes y candidatos a las elecciones del Poder Judicial de la Federación (PJF), pues ni el texto impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ni la reforma aprobada por la mayoría legislativa de Morena y sus aliados contenían un “catálogo de infracciones aplicables para dicho proceso electoral”. 

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó hoy que las sanciones que castiguen actos anticipados de campaña o actos de precampaña –ambos prohibidos en la reforma constitucional– no solo se apliquen contra personas candidatas, sino también contra las personas aspirantes a los cargos judiciales que estarán en juego el próximo 1 de junio. 

Esta disposición no es menor, pues surge en medio de las críticas a las participaciones de las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf en eventos públicos, que fueron equiparadas como actos anticipados de campaña. Apenas ayer, Esquivel encabezó un evento ante el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), una práctica tradicional entre los políticos en búsqueda de votos.  

El lunes pasado, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, salió en defensa de las tres ministras, que tienen un pase automático para las elecciones de la SCJN. Preguntada sobre una queja presentada ante el INE para denunciar los presuntos actos anticipados de campaña de las tres ministras aliadas de Morena, Taddei reviró que Batres, Esquivel y Ortiz son “aspirantes” y no candidatas, dejando a entender que no serían sujetas a sanciones. 

Durante la sesión de hoy, el consejero Arturo Castillo insistió en la necesidad “urgente” de incluir a los aspirantes en el “catálogo de conductas sancionables”, pues de otra manera se podría entender que solo cometen infracciones las personas que lleguen a la última etapa del proceso de selección, y durante los 60 días que duren las campañas. 

“Podría circunscribir la prohibición de realizar actos de campaña o de realizar precampañas al periodo comprendido entre la postulación de las candidaturas, esto es, el 12 de febrero, hasta las campañas mismas, en marzo. Pero no aplicaría al periodo de selección de esas candidaturas, que empezó desde el año pasado”, advirtió Castillo. 

Entre las disposiciones adoptadas hoy, y que serán sometidas a votación ante el Consejo General, destaca la prohibición para los candidatos de usar recursos públicos con fines de promoción y propaganda.