OAXACA, Oax. (apro).- Al presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Juan Carlos García Márquez, deben de “destituirlo, pero ¡ya!” por el estudiante asesinado a manos de sus policías, y al gobernador Salomón Jara Cruz se le debe de iniciar un procedimiento para aplicarle la revocación de mandato por ser la “cabeza de la corrupción”, afirmó la dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Perla Woolrich Fernández.

La Fiscalía General de Oaxaca aseguró que dos hombres, identificados con las iniciales C. J. R. M. y D. I. P., pretendieron evadir un alcoholímetro la madrugada del 31 de agosto sobre la Avenida Lázaro Cárdenas en la esquina con la calle Huamúchil.

Y de acuerdo con el Informe Policial Homologado (IPH) que fue elaborado por la policía de Santa Lucía del Camino, por esta acción atropellaron a un elemento de la Policía Vial Municipal identificado como C.S.V., quien resultó lesionado.

Metros adelante de este primer incidente, los civiles dejaron abandonado el automóvil en que viajaban y fueron perseguidos por la policía de Santa Lucía, que detuvo a las dos personas, por lo que C. J. R. M. fue puesto a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, mientras que D. I. P. presentaba una lesión provocada por un proyectil de arma de fuego, por lo que fue trasladado a un hospital, donde falleció posteriormente.

Por este caso en que fue asesinado el estudiante de la Universidad Anáhuac, Diego Ignacio Paz, y resultó lesionado Josué Rosas, presentó su renuncia el director de Seguridad Pública y Vialidad, Marcos Fredy Hernández López, fueron cesados el comandante en turno y cuatro policías, mientras que dos agentes fueron detenidos y son procesados por “ejecución extrajudicial”.

Para la dirigente estatal del PAN eso no es suficiente, porque “los jefes de las corporaciones todo lo informan al presidente municipal, entonces, la corrupción viene desde el presidente que tolera esto y los engaña que van a correr a fulano”.

“No, eso no es suficiente, deben de destituirlo, pero ya, porque corremos el riesgo de tener al mismo corrupto que es el que gobierna ahora”, agregó Woolrich Fernández.

La lideresa del PAN fue categórica: “No podemos conformarnos con la destitución de unos cuantos, porque hoy son ellos y mañana puede ser cualquiera de nosotros. Hay que levantar la voz y ver dónde está la corrupción, si es solo en los municipios o si viene desde el centro del poder en el Estado”.

Woolrich responsabilizó directamente al gobernador Salomón Jara por la falta de seguridad en el Estado, recordando que el artículo 21 de la Constitución establece que la seguridad pública es también una obligación de los gobernadores.

Entonces, agregó, si aquí no tenemos seguridad pública el culpable de esto es Salomón Jara, y hay que ver quién es la cabeza de la corrupción, quien le sigue y a quienes son a los que castigan (…) en el caso de Oaxaca se debe aplicar la revocación de mandato”.

Perla Woolrich se solidarizó con la familia y amigos de Diego Paz y Josué Rosas, dos estudiantes agredidos por policías municipales de Santa Lucía del Camino, y reiteró su exigencia: la destitución inmediata del presidente municipal, Juan Carlos García Márquez, a quien señaló como responsable directo por ser el jefe de los elementos policiales involucrados en el violento ataque.

La denuncia de Woolrich se basa no solo en la agresión a los jóvenes, sino también en otras irregularidades reportadas en el municipio.

Relató un caso en el que una empleada suya fue objeto de un operativo arbitrario, donde a pesar de comprobarse que no había violado ninguna norma de tránsito, los agentes intentaron confiscar su vehículo y exigieron un pago de más de 15 mil pesos por el arrastre. “Solo les dieron un simple papel que ampara el dinero”, denunció.

Para Woolrich, este tipo de acciones evidencian las “componendas y corrupción” que existen entre los jefes policiales y el presidente municipal, cuestionando el destino de los recursos obtenidos mediante estos operativos.

Acompañada del secretario general del partido albiazul, enfatizó que, en el caso de Paz y Rosas, no se trata de un incidente aislado, sino de una agresión coordinada que terminó con la muerte de uno de los jóvenes.

De acuerdo con los testimonios de los familiares y estudiantes, los agentes pidieron dinero a las víctimas en un acto de extorsión antes de perseguirlos.