OAXACA, Oax. (apro).- La Fiscalía General de Oaxaca detuvo a otro policía municipal de Santa Lucía del Camino por el asesinato del estudiante de la Universidad Anáhuac, Diego Ignacio Paz, cometido durante un operativo de alcoholímetro.

Mientras estudiantes, familiares y amigos del universitario realizaron una marcha y una protesta frente al Palacio Municipal de Santa Lucía del Camino, donde realizaron pintas y corearon la consigna: “¡asesinos ¡asesinos! ¡asesinos! ¡cobardes! ¡justicia!”.

Con una lona monumental y la consigna: “Tengo miedo de que mi hijo salga a divertirse y la policía lo mate”, los inconformes exigen justicia y que se legisle para que los puestos de control de alcoholemia se conviertan en puntos de extorsión y delincuencia organizada.

A su vez, organismos de la sociedad civil emitieron un pronunciamiento ante violaciones graves a derechos humanos registrados en Santa Lucia del Camino.

Los organismos que integran la Plataforma de Derechos Humanos Oaxaca manifestaron su “preocupación y enérgica condena ante los recientes hechos de violencia y abuso de poder perpetrados por elementos de las fuerzas policiales en Santa Lucía del Camino, Oaxaca”.

“Hemos conocido de información pública, alarmantes actuaciones de abusos policiales, actos de tortura y ejecuciones arbitrarias, situaciones que constituyen graves violaciones a los derechos humanos en la capital y municipios conurbados (Santa Lucía del Camino, Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, Santa Cruz Amilpas y San Jacino Amilpas, la mayoría gobernada por Morena)”.

Resaltaron que “en un Estado democrático de derecho, el respeto a la dignidad humana, la vida y la integridad física y psicológica de todas las personas es un pilar fundamental. La policía, como garante del orden y la seguridad, tiene la obligación de actuar en estricto apego a la ley y los principios de proporcionalidad, necesidad y humanidad en el uso de la fuerza. Sin embargo, los acontecimientos recientes indican un preocupante alejamiento de estos principios, resultando en un clima de temor e impunidad en la zona”.

Es por ello que exigieron a las autoridades municipales y estatales que adopten con urgencia medidas como:

“Una investigación exhaustiva y sanción a los responsables: Instamos a que se inicien investigaciones inmediatas, imparciales y exhaustivas sobre los actos de abuso, tortura y ejecuciones arbitrarias denunciadas”.

También solicitaron “Protección de las víctimas y testigos con la implementación de medidas efectivas para garantizar la seguridad y protección de las víctimas, sus familiares y los testigos de estos hechos, a fin de evitar represalias y asegurar que sus derechos sean plenamente respetados”.

Y se realice una “revisión de protocolos y prácticas policiales: Es necesario que se revisen y reformen los protocolos de actuación policial para garantizar que estos estén alineados con los principios de derechos humanos y evitar que hechos como estos se repitan en el futuro”.

Mientras se realizaban las protestas, la Fiscalía informó sobre la detención de J. J. S. C. -elemento de la policía municipal de Santa Lucía del Camino-, acción que realiza como parte de los trabajos de investigación ministerial para determinar su grado de responsabilidad en el asesinato de Diego por disparo de arma de fuego, durante un incidente en un punto de revisión por el operativo alcoholímetro ocurrido en dicha población.

Hasta el momento, suman dos los elementos de la policía municipal de Santa Lucía del Camino que han sido detenidos por su probable responsabilidad en los hechos ocurridos el 31 de agosto de 2024, en el municipio de Santa Lucía del Camino.

De acuerdo con los avances en la investigación, durante el incidente en que la víctima perdió la vida, realizaron disparos de arma de fuego al menos dos policías municipales, mismos que actualmente están ya detenidos.

Destacó que “es prioritario garantizar a las víctimas directas e indirectas un adecuado proceso de procuración de justicia con el objetivo de garantizar su derecho a la verdad y la reparación, además que las acciones buscan garantizar la paz social y reconstruir el tejido social por lo que se actúa con apego a derecho y dentro de lo establecido por el ámbito del derecho penal para esclarecer el sentido de las conductas penalmente relevantes”.