CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició una consulta para que el Pleno determine si puede frenar o no el proceso de reforma judicial que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados.

Proceso informó el pasado 3 de septiembre que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) solicitó a la Corte frenar el proceso de reforma judicial mientras emite una postura de fondo a favor de la independencia judicial.

En su petición los juzgadores indicaron que el Máximo Tribunal puede reinterpretar la Constitución para ejercer su facultad de atracción sobre el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados y declararlo inconstitucional antes de que concluya el proceso legislativo y que como medida cautelar puede suspender la discusión de la reforma.

De acuerdo con las listas judiciales, la ministra Piña dio inicio a dos consultas al Pleno para que determine si el trámite que le es requerido por los juzgadores es viable pues legalmente no está claro si ella puede intervenir en ese sentido.

“Se consulta al Tribunal Pleno sobre la posibilidad de que la Presidencia de este Alto Tribunal, al conocer de un asunto de los previstos en el artículo 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se pronuncie sobre la procedencia de la o las medidas cautelares que se hagan valer", señala el acuerdo.

Las dos consultas fueron tramitadas como asunto urgente y turnadas a la ministra Lenia Batres, quien abiertamente se ha pronunciado a favor de la reforma judicial y en contra de las acciones de protesta adoptadas por integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) contra dicha propuesta presidencial.

La ministra Batres Guadarrama será así la encargada de realizar los proyectos de resolución al Pleno para determinar si la Corte puede o no suspender provisionalmente un proceso legislativo en curso pues la intervención del Máximo Tribunal siempre es posterior a la publicación de las leyes o reformas impugnadas para revisar si se ajustan a la Constitución.