CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras casi nueves horas de debate, el pleno del Senado aprobó la reforma constitucional para consolidar a la Guardia Nacional como "una fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal militar con formación policial, dependiente del ramo de Defensa Nacional". A una semana de que el presidente Andrés Manuel López Obrador concluya su mandato, los legisladores de Morena avalaron la medida que ha sido cuestionada por el riesgo de militarización en el país. 

La iniciativa fue aprobada 86 votos a favor y 42 en contra y forma parte de un paquete de leyes propuestas en febrero por el mandatario, que incluyó la reforma judicial que aprobó hace dos semanas la mayoría oficialista del Congreso con el respaldo de sus aliados en medio de protestas de jueces y empleados judiciales.

La propuesta de reforma del presidente López Obrador prevé la transferencia de recursos presupuestarios y financieros de la GN a la Sedena, para cubrir el pago por concepto de servicios personales de la última plantilla general de plazas aprobada a la extinta Policía Federal y de confianza.

La iniciativa también propone la designación del titular de la Comandancia de la GN, estará a cargo por el titular del Ejecutivo a propuesta del secretario de la Defensa.

El cuerpo de seguridad tendrá la facultad de investigación de delitos, en el ámbito de su competencia.

En lo general, la asamblea respaldó sin cambios la minuta que envió la Cámara de Diputados, con 86 votos de Morena, PT, PVEM y uno del senador Miguel Ángel Yunes Márquez; y 42 en contra del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, por lo que alcanzó la mayoría calificada que se requiere para su aprobación.

En lo particular, senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano registraron reservas para modificar diversos artículos del dictamen, las cuales se integrarán al Diario de los Debates, pero no fueron aceptadas por la asamblea.

De esta forma, los artículos reservados fueron aprobados en los términos del dictamen con 86 votos a favor y 42 en contra, por lo que, en punto de las seis de la mañana con 29 minutos, la reforma constitucional fue aprobada en lo general y en lo particular y remitida a las legislaturas estatales.

Defensa y condena

Durante el debate nocturno, la oposición reiteró que el pase de la Guardia Nacional es una militarización al país y que no resolverá de fondo el tema de inseguridad en el país, por su parte Morena defendió la propuesta argumentando que es necesaria para complementar la seguridad de México. 

Previamente, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano presentaron votos particulares en contra del dictamen, porque consideraron que “la estrategia de militarizar la seguridad pública ha sido un absoluto fracaso en nuestro país”.

Ricardo Anaya Cortés, de Acción Nacional, subrayó que, con el arranque de la militarización, en el sexenio de Felipe Calderón, se disparó el número de homicidios y alcanzó 120 mil casos; estrategia que continuó con Enrique Peña Nieto y provocó alrededor de 160 mil muertes violentas; y con el presidente Andrés López Obrador cerrará el sexenio con más de 200 mil homicidios, lo que evidencia lo fallido de este esquema.

En este apartado defendieron la reforma legisladores de Morena y del Partido del Trabajo, al considerar que dará paso a un modelo de seguridad efectivo, que combine las capacidades operativas y la disciplina militar, con el enfoque de los derechos humanos de las instituciones civiles.

Omar García Harfuch, próximo titular del Secretaria de Pública en el gabinete de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que es necesaria la GN para complementar la estrategia Nacional de Seguridad. 

“Con esta reforma la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) utilizará su fortaleza institucional, la cual es crucial para el desarrollo, consolidación y permanencia de la Guardia Nacional, sin importar los cambios de administración, el hecho de que la GN se desarrolle dentro de la Sedena, implica que, sin importar el partido en el gobierno, son instituciones transeccionales que continuarán desarrollándose, consolidándose y fortaleciéndose…

“Estas grandes instituciones serán un gran apoyo para las activas de investigación y de inteligencia, que serán fortalecidas incluyendo la Guardia Nacional. No existe militarización alguna. La Secretaría de Seguridad hoy tiene la atribución de diseñar la estrategia de seguridad.

“Necesitamos forzosamente un cuerpo como la Guardia Nacional para que brinde el apoyo y el andamiaje adecuado a los investigadores y agentes de inteligencia que trabajarán para nuestro país”, explicó. 

Sin embargo, el senador del PRI, Pablo Guillermo Ángulo, afirmó que el pase de la Guardia Nacional es militarizar el país, ya que se va a excluir a la policía civil por un mando militar. 

“Considerando que las misiones generales de las Fuerzas Armadas Nacionales son adiestradas e instruidas para la guerra, resulta incompatible con las que se desarrolla en la Guardia Nacional, cuya actividad fundamental es la seguridad pública, situación que se contrapone con lo que prevé la reforma. Insisto, es militarizar al país porque si se va a excluir a la policía civil, si solamente participarán militares, si esa Guardia Nacional formará parte de la defensa nacional y además será un militar quien esté al frente, eso es militarizar la seguridad pública en nuestro país”, detalló. 

Asimismo, el senador priista, Miguel Añorve Baños, quien un día antes, el legislador morenista, Adán Augusto López, había dicho que votaría por el pase del GN a la Sedena, reafirmó su votó en contra de la propuesta de la reforma argumentando que con ellos evidenciarán ineficiencia, ineficacia, y la irresponsabilidad del gobierno.

“Votaremos en contra de esa reforma para evidenciar la ineficiencia, ineficacia, y la irresponsabilidad del Gobierno. Votaremos en contra para que ustedes, obviamente, que quieren militarizar el país, dejar constancia que estamos totalmente en contra. Votaremos por supuesto en contra para porque no tengo la menor duda que la historia nos dará la razón y votaremos en contra por nuestros hijos, por nuestras familias, por nuestros hijos”, resaltó. 

Para finalizar, el senador morenista, Omar García Harfuch pidió licencia para separarse de su cargo como legislador por tiempo indefinido a partir del 30 de septiembre. 

La reforma aprobada por los senadores será enviada a los congresos locales y con la aprobación de la iniciativa en 17 de estados, sea enviada al titular del Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y su futura promulgación.

Voces en contra

Desde hace varios años López Obrador se ha manifestado a favor de que la Guardia Nacional, su gran apuesta para hacer frente a la criminalidad en el país, esté manejada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para garantizar el “profesionalismo, disciplina, honestidad” y evitar que se corrompa, lo que asegura que ocurrió con la desaparecida policía federal.

Cuando creó el cuerpo en 2019, tenía una opinión diferente y lo dejó en manos de la Secretaría de Seguridad.

Para algunos analistas, la reforma, que prevé que la Guardia Nacional esté integrada en su totalidad por “personal militar con formación policial”, formalizará la presencia de los uniformados en el cuerpo, puesto que en la actualidad más del 80% de sus 130 mil miembros provienen del Ejército y la Marina.

Las fuerzas armadas mexicanas han cumplido desde 2006 un papel clave para mantener la seguridad en las calles, que se reforzó durante el sexenio de López Obrador, quien entregó a los militares numerosas tareas, proyectos claves y presupuestos que antes eran manejados por civiles.

Pese al protagonismo de los militares en las labores de seguridad pública, la violencia no se ha contenido. La reforma también cuenta con el respaldo de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

Expertos de la ONU mostraron en un comunicado el martes sus objeciones a la iniciativa, apuntando que el traslado de la Guardia Nacional al ejército puede “aumentar el riesgo de abusos contra los derechos humanos, incluidas la tortura, la detención arbitraria, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales”.

A las críticas se sumaron también Amnistía Internacional y organizaciones locales como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que expresó que la reforma “será un paso sin retorno hacia la militarización” y eliminará la “garantía orgánica” que obliga a que las instituciones de seguridad pública sea de carácter civil.

El Centro Prodh mostró su preocupación por la ausencia de controles civiles externos y extraordinarios de la actuación de los uniformados en las labores de seguridad pública, como acordó la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.