PACHUCA, Hgo. (apro).- Nueve lesionados, siete por fracturas o golpes y dos por disparos de arma de fuego, dejó el intento de toma, esta mañana, de las instalaciones de la planta de la Cooperativa Cruz Azul, en Tula, Hidalgo.

El inmueble, situado en la localidad de Jasso, es parte de la disputa entre dos grupos: uno a cargo de Víctor Velázquez, que también controla el club de futbol Cruz Azul y otros bienes como hoteles y productoras de cemento en la capital del país y otras entidades; y el otro que lidera Francisco Sarabia y cooperativistas hidalguenses, quienes se han apersonado en la planta, al acusar un intento por la vía ilegal para despojarlos. 

En abril de 2022, un primer intento de toma dejó ocho muertos y 12 heridos. Ambos frentes se acusan de actuar ilegalmente, de saqueo del patrimonio de la cooperativa y desvíos, así como de la violencia que generada en torno a ello.

El gobierno de Hidalgo informó que las personas que pretendían apoderarse de las instalaciones abordaban cuatro autobuses provenientes del Estado de México y estaban armadas con palos y machetes. Posteriormente, en conferencia de prensa, el gabinete de seguridad informó que les aseguraron un arma de fuego y nueve cartuchos. 

"Este evento define un conflicto legal que tienen bastante tiempo", afirmó el coordinador jurídico del gobierno, Raúl Serret Lara, quien rememoró que, en septiembre de 2018, a partir de la convocatoria que hizo uno de los grupos implicados, se llamó a socios cooperativistas para una nueva directiva.

Hubo procedimientos de orden civil en la Ciudad de México, cuestionamientos sobre la legalidad del proceso e impugnaciones, y "es la fecha en la que el gobierno no ha sido notificado de ninguna resolución, en la que se haya descalificado a alguno de los dos grupos que se encuentra en disputa". Ambos, afirmó, se enfrentan para tener el control de todos los activos. 

La disputa, refirió, se explica por la dimensión del capital de la cooperativa, con plantas en Puebla, Tlaxcala, Aguascalientes e Hidalgo. Hospitales, hoteles, un club de futbol y activos en miles de millones de dólares son parte del patrimonio.

"Han sido autoritarios, no democráticos", juzgó el funcionario sobre el actuar de los grupos que han puesto en riesgo la vida de la sociedad civil. 

Hasta el momento, insistió, no tienen notificación de ninguna autoridad sobre que una de las partes tenga razón. "No hay nada para nadie", recalcó.

"Es un conflicto entre particulares", sumó el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, aunque dijo que como administración están interesados en que se resuelva, porque implica muchos temas que "quebrantan la tranquilidad" de la región.

Desde esta mañana, además del blindaje por seguridad en el que participaron Ejército y Guardia Nacional, las clases en todos los niveles educativos fueron suspendidas en la localidad, aunado a que entre la población se alertó para no salir, y a los cooperativistas para resguardar el inmueble.

El secretario de Seguridad Pública, Salvador Cruz Neri, expuso que alrededor de las seis de la mañana detectaron a 300 personas en cuatro autobuses y camionetas que provenían del Estado de México, quienes buscaban tomar por la fuerza la planta cementera establecida en Jasso. 

Consideró que se evitó "una catástrofe mayor", y notificó el aseguramiento de, aproximadamente, 130 personas, un autobús con placas del estado de Oaxaca y otra camioneta con placas del Estado de México. Uno de los presuntos, mencionó, portaba un arma con nueve cartuchos. Los posibles delitos que podrían configurar son homicidio en grado de tentativa, lesiones dolosas, daño en propiedad privada, entre otros, confirmó el subprocurador región poniente, Hiram González Pérez.

Cruz Neri reveló que algunos sujetos emprendieron la huida hacia el Estado de México y reconoció que algunos de los detenidos pueden ser menores de edad, ya que refieren tener 17 años, sin que las autoridades lo hayan corroborado hasta el momento.

"Una fracción está violentando los derechos de otra fracción, entre ellos el del trabajo. Los cooperativistas no pueden ser expulsados, si no es a través de una asamblea general", ahondó el coordinador jurídico.

Añadió que los derechos de jubilados y pensionados también han sido afectados y que se ha ejercido "cierto nivel de coacción", desde llamadas de teléfono hasta inicio de carpetas de investigaciones hacia estas personas. 

Otro aspecto, resaltó, es el del manejo del capital: "Todos los estados financieros deben ser aprobados por el consejo general, toda vez que no ha existido ni una asamblea, porque todas han sido impugnadas desde 2018, no existe transparencia". 

En un proceso en el que participen todos los socios sin falsificación de doctos ni coacción, correspondería a la asamblea general determinar quién está al frente, agregó el secretario de Gobierno.

Además, aseveró que en otros estados se han apoderado de centros de producción de manera violenta, "en algunos casos haciendo uso de la delincuencia organizada".

"Una de las partes se ha apropiado de los volúmenes financieros y hace uso de ellos para financiar actividades. Por otra parte, hay un grupo de cooperativistas que defienden la planta local", dijo, para sintetizar el conflicto.

"El deslinde de responsabilidades nos dará pautas de saber quién está detrás. Hay que esperar. En un sentido lógico, pareciera que estos dos grupos son los interesados", expuso Olivares Reyna.

Cuestionado el gabinete de seguridad si hay otros procesos en lo local por posibles delitos relacionados con violencia o corrupción por el caso de la cooperativa Cruz Azul –debido a los antecedentes de homicidios y lesiones en intentos previos de tomar la planta, así como señalamientos entre los grupos de uso indebido de activos–, las autoridades no respondieron. Posteriormente, comentaron que, con los incidentes del día, hay cuatro carpetas por sucesos asociados a la Cruz Azul, sin pormenorizar. 

La carpeta de investigación de este día se inició a las 6:51 de la mañana tras un reporte de la policía municipal por detonaciones de arma de fuego en la cooperativa.

Entre los lesionados está un masculino de 21 años, Irving M.G., por herida de arma de fuego en el abdomen. Entró al quirófano por cirugía, pero se encuentra estable. A los médicos le refirió ser originario del Estado de México. 

Con base en cinco ingresos hospitalarios más por el caso en Tula, los heridos dijeron ser nativos de Nezahualcóyotl, Estado de México, así como las alcaldías de Iztapalapa y Gustavo A. Madero, en la capital del país. Ellos, con edades de los 32 a los 62 años, resultaron con fracturas en muñeca izquierda, tabique nasal, policontundidos, con trauma cerrado de tórax y con traumatismo craneoencefálico.