Tabasco
Una deuda impagable con la CFE, legado de López Obrador para Tabasco
La resistencia civil que Andrés Manuel López Obrador encabezó hace casi 30 años, cuando perdió la gubernatura de Tabasco, que implicaba, entre otras acciones, dejar de pagar el servicio de electricidad, creció hasta alcanzar los 17 mil millones de pesos.VILLAHERMOSA, Tab. (Proceso).– La “herencia” que el presidente Andrés Manuel López Obrador le dejará a Tabasco (su tierra natal) es una deuda impagable con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que asciende a más de 17 mil millones de pesos, que se acumuló desde hace casi 30 años, cuando el tabasqueño asumió como estrategia de la “resistencia” del movimiento que encabezaba dejar de pagar por los servicios “al gobierno priista corrupto”.
Pese a que en varios sexenios, incluyendo la administración actual, se pactó con los gobernadores tabasqueños la condonación del adeudo, los convenios nunca se cumplieron, por lo que la colosal deuda permanece vigente.
Con un discurso enfurecido, el 29 de enero de 1995, en un mitin realizado en la explanada de la Ciudad Deportiva de Villahermosa, el entonces excandidato del PRD a gobernador López Obrador ordenó una estrategia político-electoral, bautizada como resistencia civil, que consistía en suspender retribuciones al gobierno priista.
Ese día, en que se puso la semilla de lo que se acumularía como un gran saldo negativo de la tierra natal del presidente con la empresa productiva del Estado, la plana mayor del PRD escoltó al de Macuspana.
El templete lo encabezaban el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo; por el equipo de López Obrador estaban el entonces senador Auldárico Hernández Gerónimo, Alberto Pérez Mendoza (ya fallecido), Darvin González Ballina y Octavio Romero Oropeza, a la sazón los hombres más cercanos al dirigente tabasqueño.
López Obrador había competido por la gubernatura en 1994 contra Roberto Madrazo, quien le ganó en una proporción de dos a uno.
En protesta por el fraude del que acusaba al PRI, AMLO estableció en su arenga que la “resistencia civil” tendría los siguientes puntos:
- No reconocer al gobierno de Roberto Madrazo ni a los gobiernos municipales “espurios”.
- No pagar impuestos ni derechos al gobierno priista.
- No pagar por el consumo de energía eléctrica.
- No pagar ningún crédito ni al gobierno ni a los bancos.
- No comprar en comercios o establecimientos de priistas autoritarios e intolerantes.
- No consumir productos fabricados o distribuidos por empresarios antidemocráticos.
Luego de que las autoridades electorales le dieron su constancia de mayoría al priista, López Obrador encabezó una protesta que sitió la entrada a Palacio de Gobierno instalándose en Plaza de Armas contingentes de militantes venidos de otros municipios como Nacajuca, Jalpa de Méndez y Cárdenas, entre otros.
El 31 de diciembre de ese año que debía rendir protesta como mandatario tabasqueño en la Cámara de Diputados, instalada en el primer cuadro de la capital, el priista tuvo que cumplir con el protocolo en el teatro Esperanza Iris, acondicionado como recinto legislativo alterno por el “tapón” lopezobradorista que mantenía cercado los edificios de los tres poderes del estado.
Durante una quincena y cuatro días, Madrazo despachó en la Quinta Grijalva, residencia oficial del gobierno tabasqueño, pues seguidores del hoy presidente pernoctaban en casas de campaña alrededor de su despacho oficial.
Allí, en el corazón político de Tabasco, hordas de perredistas destazaban cerdos y cocinaban sopas en humeantes peroles para alimentar al hervidero de tabasqueños.
Los campamentos lopezobradoristas permanecieron hasta el 19 de enero de 1995, cuando golpeadores al servicio del PRI, con el apoyo táctico de la policía estatal, desalojaron a los perredistas.
La tarde de ese día por fin Madrazo pudo sentarse en su oficina de Plaza de Armas, en medio de un caos que incluyó autos quemados.
El repliegue de los perredistas fue temporal. Luego de conseguir documentación contable del PRI estatal, que acreditaba gastos de campaña de Madrazo por 70 millones de dólares (al tipo de cambio de aquella fecha), López Obrador volvió a la carga.
El 29 de enero de ese año, 10 días después del desalojo violento de Plaza de Armas, llamó a sus seguidores a emprender acciones de resistencia contra los gobiernos del PRI.
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La protesta contra el gobernador de Tabasco no prosperó, pero la movilización en el estado le dio a López Obrador la proyección en el país. El 2 de agosto de 1996 fue nombrado presidente nacional del PRD, cargo que ocupó hasta el 10 de abril de 1999.
En el año 2000 el tabasqueño ganó el gobierno del entonces Distrito Federal, y en 2006 y 2012 buscó sin éxito la Presidencia de la República, que alcanzó sólo hasta 2018, viniendo de una exposición en medios y una campaña política permanente de 30 años que empezó en su natal Tabasco.
Pero su instrucción de no pagar el consumo de luz nunca recibió una contraorden y continuó hasta la fecha.
Costosa promesa
Actualmente, y cuando está en el ocaso de su sexenio, la moratoria con la CFE suma más de 17 mil millones de pesos, unas cinco veces el presupuesto anual del municipio de Centro (Tabasco), que comprende la capital Villahermosa, que es de tres mil 600 millones de pesos. Por cierto, se trata del municipio que tiene más hogares sin pagar.
Proceso constató que en el caso de viviendas registradas en el movimiento y que permanecen sin pagar, desde hace algunos años dejaron de entregarles los recibos por energía eléctrica que expide la CFE, pero tienen el servicio.
Existen por lo menos dos antecedentes de acuerdos entre la CFE y gobiernos del estado con los que se pretendía resolver el adeudo: uno de 2007, durante el mandato de Andrés Granier, y otro signado con Arturo Núñez Jiménez, en 2015. Pero ambos gobiernos no pudieron cubrir los montos pactados para cancelarla.
Como López Obrador prometió en campaña que si ganaba la Presidencia, iba a cancelar la deuda de sus paisanos con la CFE, el 2 de febrero de 2021 el gobierno de Tabasco y la empresa productiva del Estado firmaron el convenio “Borrón y cuenta nueva”, por el que se asumió que ahora sí quedaría saldada.
Fue Adán Augusto López Hernández, entonces gobernador, quien firmó el acuerdo con Fernando Bravo Navarro, director de Comunicación Corporativa de la CFE, en representación de Manuel Bartlett Díaz, su director general.
El convenio establecía la cancelación del adeudo de más de 11 mil millones de pesos que desde hace 26 años usuarios morosos mantenían con la empresa, pero el gobierno estatal cubriría un pago de dos mil 400 millones de pesos.
El acuerdo beneficiaba a 85% de los entonces 607 mil usuarios domésticos de la CFE que dejaron de pagar. No fueron incluidos los clientes de “alto consumo”.
Pero esta solución de la cartera vencida de luz no fue cumplida.
El 5 de julio de 2023 el diario El Heraldo de Tabasco informó que, en una solicitud hecha por transparencia, la CFE reportó el adeudo vigente, que “llegó en los primeros días de este año 2023 a 17 mil 91 millones de pesos, y al mes de abril asciende a 17 mil 489 millones de pesos".
Debido a que el gobierno estatal no había cumplido con los pagos acordados, la deuda se reactivó, detalló el medio.
En diciembre de 2021, ya con el mandatario sustituto de Adán Augusto López –Carlos Manuel Merino–, se firmó un convenio para que el gobierno estatal aportara un subsidio que, en el caso de los deudores, serviría para abonar a la deuda, pero tampoco se cumplió.
Y sigue sumando a la fecha.
Proceso solicitó información sobre el tema al gobierno estatal, mediante el vocero Juan Carlos Castillejos, quien se dio por enterado de la solicitud, pero ya no respondió los mensajes ni llamadas.
De la moratoria a los apagones
El poeta chontal Auldárico Hernández era senador aquel domingo de enero de 1995, cuando López Obrador lo comisionó para ponerse al frente de la resistencia civil.
“Lo primero que hice fue empezar a comprar transformadores para reemplazar los que empezó a quitar la CFE en los municipios del estado que dejaron de pagar luz”, dice en entrevista con Proceso.
Actor formado en el Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena de Tabasco, Auldárico ingresó en 1988 al movimiento de López Obrador.
Por estar al frente de la lucha (AMLO se fue de Tabasco poco después de iniciada la “resistencia civil”: en 1996 fue nombrado líder nacional del PRD) Hernández Gerónimo enfrentaba por lo menos 25 denuncias penales ante la entonces Procuraduría General de la República, presentadas por la CFE.
La gente siempre me cuidó y no dejó que me agarraran los judiciales.
Hace un cuarto de siglo, recuerda, el PRD pagaba en 10 y 15 mil pesos los transformadores.
El equipo de Auldárico también mantenía un grupo de técnicos que instalaba los transformadores cuando la CFE los desmontaba.
De igual manera consiguió algunos vehículos para llevar cuadrillas a reinstalar la luz cuando la empresa les retiraba los cables.
En 2003 Hernández Gerónimo fue dirigente estatal del PRD tras derrotar en una elección interna a José Ramiro López Obrador, hermano del presidente.
Asegura que participó en una negociación con el gobierno del presidente Vicente Fox Quesada para acabar con la resistencia civil.
Recuerda que las negociaciones terminaron cuando el gobierno panista trató de desaforar a López Obrador para impedirle ser candidato presidencial.
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A 26 años de distancia, afirma que, de ser una lucha político-electoral, el movimiento se ha convertido en un problema económico-social “que no tiene solución”, porque la deuda es impagable y ahora hay muchos apagones por la falta de capacidad de la empresa para producir energía, indica.
Si no se pudo pagar la deuda con un tabasqueño en Palacio Nacional, menos se logrará con un presidente con otro origen, asegura.
“Nosotros dejamos la escuela de hacer plantones y cerrar calles”, dice con relación en las continuas manifestaciones que enfrenta actualmente la CFE por falta de suministro en colonias enteras.
De los líderes del movimiento para el “no pago” sintetizada en la cartera vencida con la CFE en Tabasco, López Obrador llegó a primer mandatario del país; Octavio Romero, a director general de Pemex; Darvin González será coordinador de asesores del gobernador electo Javier May Rodríguez, y Auldárico Hernández es uno de los coordinadores del movimiento “19 de enero”, cuyo nombre simboliza la fecha en que policías y priistas reprimieron a militantes del viejo PRD que protestaban por un fraude electoral, el origen de la resistencia civil.