HERMOSILLO, Son. (Proceso).- “Nos hemos despedido de familiares, amigos, amigas, vecinos, esposos sin que supieran qué ocurría en sus cuerpos, porque las autoridades no atienden su salud y no dan información. Nos despedimos de ellos sin que pudieran ver la justicia. Esto no debería de pasarle a nadie”, es el reclamo que hace Filomena Bonilla, integrante de los Comités de Cuenca Río Sonora, cuando se cumple una década del derrame de sulfato de cobre a este río y al Bacanuchi, uno de los mayores desastres ambientales registrados en el país.

“Todas las personas tenemos derecho a la verdad, tenemos derecho a saber lo que pasa en donde vivimos”, pide la mujer, quien es también una de las personas afectadas por el derrame de 40 millones de litros del sulfato vertidos en el río Sonora y Bacanuchi el 6 de agosto de 2014, por la minera Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México.

Filomena sintetizó en una protesta efectuada el pasado domingo 4 de agosto que, tras una década de desastre, las consecuencias abarcan el pasado, el presente y el futuro; que ha perjudicado a más de 22 mil personas y que los problemas se acentúan ante la falta de respuestas efectivas de las partes responsables o culpables.

Hemos visto cómo nuestros niñas y niños han crecido sin tener derecho a un medio ambiente sano, sin agua limpia, sin poder tener una salud y vida plenas, disfrutando de una tierra que le dé orgullo a su identidad. No queremos entregarles esto, queremos entregarles un río vivo y lleno de alegría. Un futuro en el que puedan vivir con tranquilidad y se sientan protegidos y protegidas.

En las primeras horas luego del desastre ambiental se evidenció la forma en la que los gobiernos y la empresa se conducirían ante la tragedia por los próximos 10 años: nadie le avisó a la población y se puso en riesgo su vida.

“Cuando el derrame ocurrió y nuestro río se tiñó de color naranja, las autoridades y la empresa guardaron silencio. En las primeras horas nadie nos avisó y el agua siguió su camino llevando los peligrosos contaminantes de metales pesados y ácidos hasta nuestras tierras, nuestros pozos y hasta nuestros hogares. Las personas que vivimos cerca del río nos empezamos a enfermar y a las autoridades no les quedó otra que decir lo que estaba pasando: que el río Sonora estaba contaminado”, recordó Patty Velarde, integrante de los Comités de Cuenca Río Sonora, durante un evento de protesta realizado en Hermosillo el domingo 4 de agosto.

Con el tiempo se constató la presencia de metales pesados en la población: en septiembre de ese mismo año se verificó que 19 personas presentaban enfermedades de la piel, renales, cardiovasculares y oculares, principalmente, padecimientos relacionados con el contacto con los contaminantes. Un mes más tarde eran 36, para marzo de 2015 eran 270 y para agosto de 2016, 381.

Con la evidencia afloraron las promesas: hospitales, plantas potabilizadoras y otras medidas que, en principio, vendrían a reparar el daño y hacer efectivo el derecho a la salud y a un medio ambiente sano. Fue en el mismo 2014 cuando se creó el Fideicomiso Río Sonora para reparar el daño, pero el 2 de febrero de 2017 se anunció su cierre luego de haber destinado poco más de 2 mil millones de pesos.

“Infierno ambiental”

Mientras tanto, la población insistía en que la reparación no sucedió y, en septiembre de 2023, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó un estudio donde se afirmó que el costo para la población del impacto por el derrame supera los 20 mil 500 millones de pesos: al menos 10 veces el monto que salió del fideicomiso.

“Por lo menos dos presidentes y tres gobernadores llevamos ahorita que puras promesas han hecho y seguimos esperando”, dijo Patty Velarde. “Prometieron un gran hospital para atender nuestra salud, nos prometieron agua limpia y, a cambio, ahí está un hospital abandonado en Ures y dejaron que el agua contaminada, aun hasta el día de hoy, siga llegando a nuestras vidas. Esto es muy lamentable y deja muy, pero muy en claro que hay permiso abierto y sin consecuencia para quien contamina nuestros cuerpos, ríos, arroyos, cielos, aire y tierra”.

Grupo México, sin embargo, desestimó el informe: “Los supuestos hallazgos de los muestreos presentados la semana pasada carecen de cualquier nexo de causalidad con el evento ocurrido en 2014. Omiten señalar otras fuentes de contaminación actuales como son la minería ilegal, la descarga de aguas negras sin tratar y la acumulación prolongada de residuos de abonos agrícolas e insecticidas”, detalla un comunicado emitido por el grupo empresarial el 4 de octubre de 2023.

El comunicado, además de atribuir la responsabilidad de generar el “infierno ambiental” (como catalogó a la región el entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) a la agricultura, aguas negras y a su competencia ilegal, desestima el trabajo del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) en la elaboración del informe referido.

“Ambos organismos carecen de facultades para este propósito (muestrear y analizar en la cuenca del río Sonora), pues la competencia para revisar la calidad de las aguas superficiales le corresponde a Cofepris, la de aguas subterráneas a Conagua y la de suelos a la Semarnat”, establece el documento de Grupo México.

La propia Conagua ha sido señalada recientemente por permitir la extracción “excesiva” de agua, según dijeron los pobladores de la zona, que Grupo México realiza a unos 20 kilómetros de la zona del derrame. Un grupo de productores y habitantes comenzó un bloqueo carretero en junio último para impedir el paso de pipas.

Ante el hecho, Grupo México negó “categóricamente cualquier explotación indebida de recursos hídricos en la región”, como hicieron constatar en un comunicado. La propia Semarnat y el IMTA, sin embargo, publicaron un estudio en febrero de este año que asegura que la práctica del grupo empresarial no es sustentable y que se observa “un decaimiento generalizado de los niveles piezométricos del acuífero”, principalmente en la región donde se ubican los pozos “que abastecen a Buenavista del Cobre”: la misma subsidiaria que ocasionó la tragedia hace 10 años mantiene sus operaciones.

El 17 de mayo de este año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación a las autoridades federales y del estado de Sonora por la “persistencia de afectaciones ambientales y a la salud derivadas del derrame”.

“A una década del derrame de 40 mil metros cúbicos de solución de sulfato de cobre acidulado a la Cuenca del Río Sonora, la población aledaña continúa sufriendo violaciones a sus derechos humanos a un medio ambiente sano, al acceso al agua potable y a la salud”, indica el comunicado que acompaña la medida.

Filomena Bonilla resumió el último domingo 4, en vísperas del aniversario, lo que ha sido esta década de lucha por la remediación y la reparación:

“Hemos tenido muchas reuniones con las autoridades sin lograr que hagan su trabajo. Nos han hecho análisis de sangre y orina sólo para decirnos que tenemos metales pesados y que son un riesgo. Han estudiado el agua, el suelo y el aire para comprobar científicamente que siguen contaminados”.

Y aunque jueces y autoridades de distintas instancias “han dicho que tiene que repararse el enorme daño” y hay conciencia de un problema que persiste, cunde el desaliento. “Ya estamos cansados de escucharlos una y otra vez sin que hagan algo al respecto”.