CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cuatro magistrados federales enviaron diversas cartas a embajadores, representantes permanentes ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para denunciar el cese masivo de juzgadores en México derivado de la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se trata de los magistrados Juan José Olvera López, del Primer Tribunal Colegiado en materia Penal; José Manuel Torres Ángel, del Noveno Tribunal Colegiado en materia Penal; José Rogelio Alanís García, del Cuarto Tribunal Colegiado en materia Penal y Michele Franco González del Noveno Tribunal Colegiado en materia Penal, todos del Primer Circuito, quienes expusieron la representación mayoritaria que detentará el partido oficialista en la legislatura entrante que prevé aprobar la reforma judicial.

Por ello, con base en la Carta Democrática Interamericana y la Carta de la OEA solicitaron a los embajadores ante dicha Organización de República Dominicana, Colombia, Costa Rica, Canadá, Estados Unidos y Chile, que analicen la situación de México para constatar la afectación al orden democrático del país con la reforma judicial y que, de constatar sus dichos, tomen diversas medidas.

“Valore, a la brevedad, compartir al Estado mexicano sus consideraciones sobre la posible alteración del orden constitucional en México, de cara a la OEA, la Carta Democrática Interamericana y la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y que Su Excelencia envíe copia de sus consideraciones al Secretario General de la OEA, con la solicitud expresa de que éste valore la viabilidad y conveniencia de realizar una convocatoria inmediata del Consejo Permanente, para atender la situación de México, con el propósito de que dicho Consejo disponga ‘la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática’ en México”, señalaron los magistrados.

También solicitaron acompañamiento y apoyo de los representantes permanentes para el caso de que el gobierno de México requiera al secretario general o al Consejo Permanente su asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática.

Asimismo informaron que mil 100 juzgadores mexicanos, entre los que se encuentran los cuatro magistrados federales firmantes, solicitaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la intervención en el marco de los mecanismos que ofrece el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.