CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La Reforma Judicial que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto a México en la mira de organismos internacionales y de defensa de derechos humanos que la observan como un “retroceso democrático”, asegura la presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), Carolina Jiménez.

En declaraciones a Proceso, la activista humanitaria señala que para organismos multilaterales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la independencia de los poderes judiciales es un pilar del sistema democrático porque garantiza el equilibrio de poderes del Estado, y la reforma de López Obrador “erosiona” ese precepto.

“Así de importante es la independencia judicial en el mundo”, dice la presidenta de WOLA y doctora en estudios internacionales por la Universidad de Waseda, Japón.

La relatora especial de la ONU sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, expresó el lunes sus “profunda preocupación” sobre las implicaciones de la reforma impulsada por López Obrador para la independencia del Poder Judicial en México.

“Insto a las autoridades a reconsiderar detenidamente la propuesta, dando el peso adecuado a la garantía de derechos humanos y de la independencia judicial”, escribió la relatora en su cuenta de X.

La Relatoría Especial de la ONU sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados se encarga de monitorear los sistemas judiciales de los países para denunciar ataques a su autonomía, supervisar los avances para proteger y mejorar su independencia y realizar recomendaciones a los Estados para el libre ejercicio de sus labores.

Habrá más llamados

Carolina Jiménez, la presidenta de WOLA, considera que este tipo de llamados se van a multiplicar y revelan que “no va a pasar desapercibida para el mundo una reforma como ésta, que atenta contra los principios democráticos y de protección del Estado de derecho al que se ha comprometido México”.

Tanto en la ONU como en el sistema interamericano al que México pertenece, “hay preocupaciones” por la pérdida de la independencia judicial que puede provocar esta reforma, cuyo eje es la elección popular de jueces y magistrados.

“Esto es algo que tiene unas consecuencias gravísimas en la salud democrática de un país, no es cualquier cosa lo que están proponiendo, es algo que puede tener un impacto muy duradero y por eso es la alarma que hay entre la sociedad civil mexicana y los organismos internacionales”, señala Jiménez.

El lunes, más de mil jueces y magistrados federales mexicanos que protestan por la reforma judicial pidieron a la CIDH que solicite al gobierno de López Obrador suspender de forma temporal esa iniciativa por las posibles violaciones a los derechos humanos y a tratados internacionales que traerá consigo.

En la mañanera del martes último López Obrador criticó que los trabajadores del Poder Judicial acudieran a la CIDH y dijo que quejarse ante ese organismo es quejarse en Washington, pero no pasará nada porque que la reforma seguirá adelante.

Organismos como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional han expresado su rechazo a la Reforma Judicial, la cual respalda la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, y podría aprobarse en el Congreso mexicano en septiembre próximo, antes del cambio de gobierno, que está programado para el 1 de octubre.

El investigador de HRW en México, Tyler Mattiace, señaló que elegir a los jueces por votación popular “no arreglará el maltrecho sistema de justicia mexicano”, ya que “el verdadero cuello de botella es la voluntad y la capacidad de los fiscales para investigar los delitos”.

La mayoría de delitos, afirmó, no se esclarece, y sólo el 10% llega ante un juez. Y las investigaciones, incluso sobre homicidios, desapariciones y graves violaciones de derechos humanos, se cierran o archivan sin resolverse, mientras que los casos que sí llegan ante un juez “a menudo están basados en pruebas endebles o declaraciones obtenidas mediante amenazas o incluso tortura”.

Poder judicial alineado

Un análisis de WOLA señaló, por su parte, que Morena, el partido oficialista, domina ya los poderes Ejecutivo y Legislativo, y “tendría un papel preponderante” en la postulación y elección de los jueces y magistrados que propone la reforma, lo que podría resultar “en un Poder Judicial más alineado con el partido en el poder, perpetuando, a su vez, el riesgo de influencia política en futuras nominaciones”.

“Por esta razón, el modelo propuesto podría facilitar la captura política del Poder Judicial”, aseguró el estudio.

Carolina Jiménez, la presidenta de WOLA, señala que es previsible la respuesta “poco diplomática” de López Obrador a las críticas contra la Reforma Judicial.

López Obrador ha rechazado las críticas que han expresado a la reforma los embajadores en México de Estados Unidos, Ken Salazar, y de Canadá, Graeme Clark, y el martes dijo que pondrá “en pausa” su relación con ambos diplomáticos hasta que dejen de intervenir en asuntos que sólo competen a los mexicanos.

Para Jiménez, es previsible que se sigan produciendo “críticas internacionales fuertes” al gobierno de López Obrador por esta reforma, porque implica debilitar el Estado de derecho “y eso también tiene un efecto económico porque en México hay diversos intereses económicos internacionales”.

La seguridad jurídica, señala, es “algo importantísimo para un país que tiene los niveles de inversión extranjera que tiene México”.

Dice que López Obrador argumenta que debe respetarse la soberanía mexicana, “pero a menudo él mismo opina sobre temas de otros países”.

La soberanía, como cualquier otro principio –indica Jiménez–, tiene sus límites cuando hay socavación de la democracia o violación sistemática de derechos humanos.

El mismo López Obrador se ha negado a reconocer a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de ese país, que controla el chavismo, lo declaró triunfador.

Y no lo ha hecho porque las autoridades electorales no han divulgado las actas de las mesas de votación que avalen el supuesto triunfo de Maduro.

“Hay principios que todos los países están obligados a reconocer”, señala Jiménez, una activista humanitaria mexicana y venezolana.

Ella pone como ejemplo de un Poder Judicial sometido precisamente al de Venezuela, que hace lo que Maduro le ordena y se ha convertido “en un brazo del Ejecutivo para atacar a la oposición política, a los críticos o a cualquier tipo de disidentes”.

Ése es, sostiene, “un referente no deseado” para México.