CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Ante la coyuntura del fin del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y el ascenso del próximo gobierno de Claudia Sheinbaum es indispensable que el Estado mexicano asuma los resultados de las investigaciones y recomendaciones de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 (CoVEH), creada por decreto presidencial, y dé respuesta a las demandas de miles de sobrevivientes y familiares de víctimas de la violencia de Estado, alerta Eugenia Allier Montaño, integrante de esa comisión.

A un mes de haber entregado a la Secretaría de Gobernación (Segob) el informe “Verdades innegables. Por un México sin impunidad”, Allier Montaño sostiene que su expectativa como integrante de la CoVEH es que este esfuerzo se traduzca en justicia y reparación de daños para las víctimas y no se convierta en un documento más sobre ese periodo histórico.

Con más de 20 años de investigar sobre el periodo de la Guerra Sucia de los años sesenta, setenta y principios de los ochenta en México, en entrevista con Proceso, Allier Montaño recuerda el destino, sin resultados a favor de las víctimas, de informes de la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales Políticos del Pasado (Femospp) y de la Comisión de la Verdad de Guerrero (Comverdad).

Uno de los grandes problemas en México es que aun cuando se han creado estas comisiones de investigación, el Estado no asume lo que surge de ellas. Esta comisión es una institución gubernamental, hay personas independientes, pero es gubernamental, el gobierno tiene que hacerse cargo de esto que produjo y que se está escribiendo en muchos ámbitos”, apunta la investigadora.

Responsable de una parte del informe de la CoVEH, focalizado en “organizaciones político-militares, movimiento estudiantil, movilizaciones obrero-sindicales y lo que llamamos redes de apoyo, que son todos los colectivos de la Guerra Sucia, familiares sobrevivientes que sufrieron la represión del Estado”, la comisionada asegura que en “Verdades innegables. Por un México sin impunidad”, lo que se pretende es dar respuesta a las exigencias de colectivos de sobrevivientes y familiares de víctimas sostenidas durante décadas.

“Mi interpretación del pasado es que el régimen no quería cambios y no quería que hubiera quién le estuviera cuestionando lo que se hacía a nivel político, social y económico”, y que, frente a las “disidencias políticas de distinto tipo”, se creó “un sistema represivo que luchó contra todos estos opositores”, dice Allier Montaño, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

“El régimen reaccionó para detener a esa oposición y eso lo hemos visto a través de planes distintos y que no es ninguna novedad, porque ya lo sabíamos. Estuvo la operación Galeana, donde funcionaba el Batallón Olimpia para el 2 de Octubre; hubo Rosa de los Vientos, para detener a la Liga Comunista 23 de Septiembre; hubo el Plan Telaraña, todos estos planes que venían desde una coordinación represiva, un sistema represivo que incluía a la Secretaría de Gobernación, que incluía a la Secretaría de la Defensa Nacional, por supuesto a la Dirección Federal de Seguridad, a la policía judicial a distintas policías, algunos organismo que se crearon, como el batallón Olimpia, los Halcones, etcétera”, dice la investigadora.

Décadas en busca de la verdad

Agrega que frente a la represión surgieron grupos que “llevan décadas exigiendo que haya un esclarecimiento, que haya justicia en torno a ciertas temáticas. Para ellos lo más importante en buena medida son ejecución, desaparición, tortura”, como los colectivos Eureka, el Comité 68, familiares de personas desaparecidas de Guerrero, Chihuahua y Sinaloa, así como de sus descendientes, como Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS), Nacidos en la Tempestad, así como sobrevivientes de la Guerra Sucia

Al sostener que la parte del informe de la CoVEH que le correspondió coordinar buscó ser una “respuesta a los colectivos y a sus peticiones, así como a la sociedad mexicana, que necesita conocer esto”, Allier Montaño cuenta que para su elaboración ella y su equipo recolectaron información y testimonios en 14 estados del país, cotejaron listas de personas desaparecidas en los informes de la Femospp, de la Comverdad, de los colectivos de familiares de víctimas, así como la que incluye 183 nombres de personas que podrían haber sido lanzadas desde aire, en los “vuelos de la muerte”, al que la CoVEH tuvo acceso desde marzo pasado, en su revisión de los archivos del Centro Académico de Memoria de Nuestra América (Camena).

Adelanta que como resultado de la investigación que le tocó coordinar se lograron identificar mil 103 nombres de víctimas de desaparición forzada, así como una con “más de 2 mil 200 nombres de perpetradores y de personas que participaron en el sistema represivo”, esta última relación también en respuesta a las peticiones que les hicieron colectivos.

“Lo que nos recomendaron fue ‘no pongan solamente a los que ya conocemos y a los que sabemos qué hicieron y dónde estaban, como Nazar Haro, Echeverría’. Nos dijeron ‘pongan a todos los que trabajaron o participaron de alguna manera en ese sistema’, y es a la justicia a la que toca hacer algo con esa lista”, apunta Allier.

Insiste en que el documento también va dirigido al Estado, porque “necesitamos que el Estado reconozca lo que ocurrió y que además implemente acciones, por ejemplo en justicia, en reparación y que continúe la búsqueda de personas desaparecidas”.

Discrepancias

A poco más de un mes para que concluya el mandato de la CoVEH, el próximo 30 de septiembre, Allier Montaño admite que hubo diferencias entre los comisionados que conformaron la comisión, debido a que hubo “dos miradas distintas sobre ese pasado”, es decir, sobre las violencias de Estado ocurridas entre 1965 y 1990, lo que derivó en la entrega a la Segob de dos informes, mismos que fueron presentados el 7 de agosto a petición de los colectivos de víctimas, en una audiencia virtual. Uno de ellos, titulado “Fue el Estado: 1965-1990”, elaborado por los comisionados Abel Barrera Hernández, Carlos A. Pérez Ricart y David Fernández Dávalos, será presentado mañana viernes 16 en el Centro Cultural Tlatelolco.

Allier Montaño no niega su molestia por la programación del evento del próximo viernes y sostiene que buscó que “fuera una presentación en conjunto”, pero que su recomendación no fue atendida por los otros comisionados.

“Yo abogué por que hiciéramos una presentación en septiembre, donde exigiéramos que hubiera una presentación en la que estuviera el gobierno y organizaciones internacionales como la ONU para que den respaldo de todo este trabajo que se ha hecho.

“Una de las cosas que me preocupa es que se quede la sensación de que ése es el informe, de que no hay otro, porque eso de alguna manera es lo que se está manejando”, comenta Allier Montaño.

A instancias de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob, la CoVEH, en su conjunto, que incluye al Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH), el Mecanismo de Memoria, así como a otras instancias como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Fiscalía General de la República (FGR), presentará ante colectivos de víctimas los avances en cada una de sus materias, así como los dos informes, sin que hasta el momento se tenga fecha para hacer una presentación pública en presencia del presidente López Obrador o la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.

“Es importante que además de la presentación que es a puerta cerrada, exista una presentación pública donde la Segob diga ‘esto es lo que hicimos’. Sí ha habido muchas dificultades, todo mundo está observando, pero también creo que estamos en momento coyuntural, está terminando un gobierno, un sexenio, se va el presidente López Obrador y la apuesta, me parece, es creer y confiar en que Claudia Sheinbaum va a retomar y escuchar estas demandas y se hará cargo de ellas.

“Yo creo que ésa es la expectativa, que podamos hacerle llegar todo esto para que efectivamente lo pueda tomar en cuenta, porque creo que en buena medida la justicia depende no solamente de la fuerza que tengan o no los colectivos quienes demandan, del apoyo que le da la sociedad y los medios de comunicación, sino que sin voluntad gubernamental no hay justicia”, considera la investigadora, doctora en Historia por la École des Hautes Études en Sciences Sociales, de Francia.

Al insistir en que su apuesta es porque el gobierno de Sheinbaum tenga la voluntad política para que haya justicia, reconoce que por el momento “no hay nada oficial” en materia de acercamiento con la próxima administración.

La comisionada puntualiza que el objetivo central es que el trabajo realizado en materia de esclarecimiento histórico tenga como resultado lo que han buscado durante décadas las familias de víctimas y sobrevivientes: verdad, justicia y reparación.

Para mí, desde el primer día el mayor logro que podemos conseguir es que esto sea aceptado por el Estado, porque en realidad no es tanto lo que se puede encontrar nuevo, lo importante es que el Estado lo asuma, eso es lo fundamental.

“Deben asumirlo las dos administraciones, la que se va y la que entra, y que lo ponga en movimiento, porque si nada más lo asumimos y no lo ponemos en movimiento, no terminamos de hacer las reparaciones que tanto están exigiendo, por ejemplo, en Guerrero, o si no ponemos adelante la justicia, como lo exigen muchísimos colectivos, pues entonces no tiene sentido todo lo que hicimos”, sentencia Eugenia Allier.