CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Margaret Satterthwaite, relatora Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados de las Naciones Unidas (ONU), consideró que propuesta de reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador podría socavar la independencia de la judicatura mexicana si es aprobada sin cambios.

A través de un informe enviado al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONUDH), Satterthwaite destacó que la reforma propuesta por López Obrador fue presentada en un contexto de constantes ataques e intimidación contra los jueces mexicanos por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo derivados de las resoluciones que emiten.

Recordó que aunque los estándares internacionales no exigen un método específico de nombramiento de juzgadores, sí se exige que cualquier procedimiento garantice la independencia judicial, tanto institucional como individualidad y la imparcialidad subjetiva y objetiva, por lo que los Estados están obligados a tomar medidas para proteger a los jueces de cualquier forma de influencia política en su toma de decisiones y adoptar procedimientos claros y criterios objetivos para el nombramiento, suspensión y remoción de los mismos.

“Este mandato ha sido específico en expresar sus preocupaciones acerca de la elección parlamentaria de jueces, resaltando que si bien, en algunos casos puede considerarse que dicho sistema de selección ‘reviste una mayor legitimidad democrática, este procedimiento puede dar lugar a la politización de los nombramientos judiciales, de forma que las consideraciones políticas prevalezcan sobre los criterios objetivos establecidos en las normas internacionales y regionales (el mérito, las calificaciones, la integridad, el sentido de independencia e imparcialidad, etc.)’”, señaló la relatora.

“Las iniciativas propuestas podrían impactar directamente en el funcionamiento de la judicatura al someter el mecanismo de selección de jueces a un procedimiento en el cual las consideraciones políticas podrían fácilmente superponerse a los méritos objetivos de un candidato. Estas preocupaciones se intensificarían en el contexto de desconfianza que podría existir alrededor de los procesos de selección judicial que se llevan a cabo en medio de alegaciones sobre corrupción, tráfico de influencias y falta de mecanismos efectivos para la participación de la sociedad civil”.

Observó que la propuesta del presidente López Obrador no especifica los criterios aplicables a la selección de candidatos a juez, magistrados o ministros ni regula el umbral de votos necesario para garantizar la legitimidad de las elecciones.

“Las modificaciones propuestas carecen de un mecanismo transparente, independiente y accesible que permita a una autoridad independiente verificar si los candidatos cumplen con los requisitos de formación, aptitud e integridad. Al contrario, la iniciativa de reforma traslada al Senado la responsabilidad de verificar que los candidatos a Magistrado de Circuito y Jueces de Distrito cumplan con los requisitos de elegibilidad el artículo 95 de la Constitución. Al atribuir dicha responsabilidad a una entidad política como el Senado, la iniciativa de reforma no asegura una participación efectiva de la sociedad civil en el proceso de selección de candidatos”, precisó.

En el documento, la relatora explicó que cuando se establecen más funciones directas a los poderes Ejecutivo y Legislativo en los procesos de selección judicial se incrementa el riesgo de “captura política del Poder Judicial”.

Por lo que si el Senado mexicano verificará si los candidatos cumplen con los requisitos de elegibilidad constitucionales y legales, la reforma permitiría un aumento en la influencia del Poder Legislativo en el proceso de selección judicial.

Mientras que la elección popular de jueces puede incrementar el riesgo de que los candidatos busquen complacer a los votantes o patrocinadores de las campañas para tener más posibildiades de resultar electos y reelegirse en lugar de tomar decisiones fundamentadas exclusivamente en principios y normas jurídicas.

“Tales dinámicas suponen riesgos significativos para la imparcialidad de las decisiones judiciales y podrían socavar aún más la confianza pública en una judicatura que ya enfrentaría desafíos relacionados con su reputación e integridad. Este riesgo es especialmente plausible dado que la reforma no establece procedimientos para la conducta que deberá observarse en las campañas”, agregó.

“El alinear los períodos de duración del cargo judicial con el ciclo electoral presidencial supone un riesgo de politización del sistema de justicia aún mayor. Durante los períodos electorales, los votantes podrían ser influenciados por la retórica política y la campaña partidista, lo cual podría llevarlos a alinearse con la selección de un juez que comparta su preferencia política en lugar de una selección basada en la competencia e integridad de los candidatos a jueces. Esto constituye un riesgo de degradación de la profesionalización de la judicatura”.

Advirtió que la remoción anticipada de todos los juzgadores federales del país para realizar la primera elección de jueces, magistrados y ministros para el año 2025, como está previsto en la propuesta del presidente, sería una clara violación de la permanencia en el cargo judicial.

Mientras que la prohibición de trabajar durante los dos años siguientes a su remoción también atenta contra los derec hos laborales y el derecho a recibir una pensión de los juzgadores que serán afectados.

Aunado a ello, enfatizó en que la remoción abrupta de aproximadamente mil 800 juzgadores puede retrasar la administración de justicia para los ciudadanos comunes que esperan decisiones judiciales y violar su derecho a un juicio justo.

Satterthwaite consideró que la eliminación el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y su sustitución por un Tribunal de Disciplina Judicial y un Órgano de Administración Judicial puede constituir una amenaza seria para la independencia del sistema judicial mexicano y la separación de poderes.

Criticó la propuesta de facultar al Tribunal de Disciplina Judicial para sancionar a los juzgadores cuando sus decisiones “no se adhieran a los principios de objetividad, imparcialiddad, independencia, profesionalismo o excelencia”, mientras que la inatacabilidad de las decisiones de este cuerpo colegiado viola el derecho a un juicio justo de los jueces y es contrario a la ley.

Mientras que la conformación del Órgano de Administración Judicial por miembros designados por otros poderes del gobierno, además del Poder Judicial, comprometería severamente su autonomía.

“Este arreglo socavaría el principio de independencia judicial al supeditar funciones administrativas críticas a la influencia de los poderes ejecutivo y legislativo, poniendo en peligro la capacidad del Poder Judicial para funcionar como un poder separado e igual al de los otros poderes del gobierno”, añadió.

Otro punto abordado por la relatora fue el de la disposición de que los juzgadores no puedan ganar más que el presidente y concluyó que esto permitiría al Ejecutivo federal ejercer influencia sobre los salarios de los jueces porque el salario del presidente es determinado precisamente por la rama ejecutiva.