CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, advirtió de los riesgos de que en las conferencias mañaneras, el presidente Andrés Manuel López Obrador y otros funcionarios ataquen a los jueces del país para influir en sus decisiones.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, la Relatora Especial señaló que un principio fundamental de la independencia judicial es que los jueces no sean objeto de amenazas ni corran el riesgo de sufrir daños por la labor que desempeñan y las resoluciones que emiten.

“Me preocupa el presunto uso indebido de los canales de comunicación gubernamental por parte del Ejecutivo para estigmatizar y tachar de ‘corruptos’ a determinados operadores de justicia, lo que puede derivar en hostigamientos y abusos dirigidos a influir en las decisiones judiciales”, escribió Satterthwaite.

“El hecho de que altos funcionarios, incluido el Presidente, señalen y califiquen públicamente a determinados jueces como ‘corruptos’ o ‘delincuentes’ por sus decisiones judiciales es motivo de gran preocupación, ya que dichos funcionarios de alto rango ejercen influencia sobre la percepción pública del poder judicial”.

Enfatizó en que el Estado mexicano debe proteger a sus jueces y magistrados para que trabajen con seguridad, garantizando el personal y recursos suficientes para su protección y no retirarles las medidas de seguridad que se les hayan otorgado.

Si bien la corrupción judicial es un tema grave, los esfuerzos para prevenir y sancionar estos actos deben basarse en pruebas y garantizar el debido proceso.

Las acusaciones públicas por parte de funcionarios ejecutivos no califican como un método efectivo para combatir la…

— Margaret Satterthwaite (@SRjudgeslawyers) June 17, 2024

A la publicación acompañó su último informe, de fecha 16 de abril de 2024, sobre la “presunta intimidación de jueces y presunta injerencia en la independencia judicial (en México) a través de ataques verbales, incluyendo amenazas, que emanan de los poderes Ejecutivo y Legislativo del gobierno hacia algunos jueces, señalando oposición a las decisiones que dichos jueces han tomado”.

En el documento la Relatora Especial criticó la sección quincenal de las mañaneras del presidente López Obrador, denominada Jueces que favorecen a delincuentes en la que autoridades comparten información sobre jueces y magistrados, usualmente federales, que han emitido resoluciones adversas al ministerio público en casos de interés para el Ejecutivo federal vinculados a la política de cero impunidad.

“Las autordiades presentarían las decisiones tomadas por los magistrados de manera descontextualizada y editorial, sugiriendo que habrían tomado las decisiones fuera del marco legal aplicable y con la intención de beneficiar a presuntos delincuentes”, refirió.

“El presidente habría pedido o anunciado públicamente el inicio de investigaciones sobre jueces como parte de sus reiteradas denuncias contra jueces durante la mañanera, incluso mediante acciones administrativas, penales y disciplinarias, y peticiones de revocación de la inmunidad judicial en aparente represalia por la adopción de resoluciones en casos específicos”.

La Relatora Especial señaló que estos ataques a jueces durante la mañanera buscan minar la confianza pública en el Poder Judicial de la Federación (PJF) pues según la información rcabada, estos son el orgien de acoso en línea y amenazas a la integridad personal de varios jueces criticados o etiquetados por el presidente.

“La información sugiere que (los ataques) desalentarían a los operadores de justicia a tomar algunos casos por temor a represalias informales e institucionales, particularmente cuando se percibe que sus resoluciones podrían contradecir a la Procuraduría General de la República”, agregó.

Por ello, indicó que de confirmarse que los ataques emitidos desde la mañanera a los operadores de justicia tienen como fin influir en la toma de decisiones judiciales, México estaría violando diversos estándares internacionales que le son obligatorios.

“Expreso mi seria preocupación por el presunto uso abusivo de los canales gubernamentales de comunicación masiva por parte del Ejecutivo para estigmatizar y calificar a los operadores de justicia como corruptos o delincuentes, en un contexto en el que las consecuencias de tales declaraciones incluirán previsiblemente hostigamiento y abuso dirigidos a influir en la toma de decisiones judiciales. De confirmarse, los hechos descritos podrían constituir una violación a diversos estándares internacionales vinculantes para México”, precisó.

En su informe, Satterthwaite consideró urgente la implementación de medidas para proteger los derechos y libertades de los jueces mexicanos e investigar, procesar y sancionar a cualquier persona responsable de las violaciones que describió en el documento.