PUEBLA, Pue. (apro).- La empresa canadiense Almaden Minerals informó que ha iniciado un procedimiento internacional de arbitraje contra el gobierno mexicano a través de la cual reclama una indemnización no menor a 200 millones de dólares por las afectaciones económicas que le generó la cancelación de las concesiones mineras en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla.

En un comunicado, la transnacional, cuya subsidiaria mexicana es Minera Gorrión, señala que desde el 14 de marzo de este año notificó al gobierno mexicano su intención de presentar un reclamo por presuntas violaciones al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).

Una vez que corrieron los 90 días de esa notificación, la minera informa que el 27 de junio presentó una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (“CIADI”).

En su queja, Almaden Minerals alega que México violó las obligaciones que le exigía el CPTPP y que eso bloqueó el desarrollo del proyecto Ixtaca, del que finalmente fueron rescindidas retroactivamente las concesiones mineras que esa compañía había obtenido en 2003 y 2009, lo que causó que perdiera las inversiones que había hecho en México.

Aclara que, aunque el proceso de arbitraje aún se encuentra en una etapa temprana, la empresa debe presentar una estimación inicial de los daños reclamados, por lo cual se ha señalado "no menos" de 200 millones de dólares, pero que a medida que avance el procedimiento nombrará a un experto para que prepare un informe profesional de evaluación de daños que se presente al tribunal arbitral.

Según esta queja, el gobierno de México generó que se anularan las concesiones al no haber llevado a cabo una consulta previa adecuada con las comunidades indígenas afectadas por este proyecto minero.

Cabe recordar que 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inválidas las dos concesiones que habían sido otorgadas a Almaden Minerals para explotar una mina a cielo abierto para extraer oro y plata en Ixtacamaxtitlán.

Esto, luego de los habitantes de la localidad Tecoltemi llevaron a cabo un juicio que duró más de ocho años para reclamar que nunca fueron consultados como pueblo indígena para autorizar que la transnacional canadiense operara la mina en su municipio.

En 2023, la SCJN dio por cumplida la sentencia de invalidar las concesiones luego de que la Secretaría de Economía declaró que no es factible otorgar los títulos de concesión minera por no ajustarse a la Ley Minera y a su Reglamento.

La empresa asegura que con el estudio de factibilidad que concluyó en 2018 este proyecto de extracción de oro y plata estaba “listo para convertirse en un éxito significativo para los accionistas, las comunidades locales y México.”

Sin embargo, habitantes de las localidades de Ixtacamaxtitlán han denunciado desde hace años que este proyecto minero acabaría con su principal fuente de abasto de agua, de la cual depende no sólo ese municipio, sino otros ubicados en Puebla y Veracruz. Además de que generaría un daño irreversible al medio ambiente y a su forma de vida, tradiciones y cultura.