CIUDAD DE MÉXICO, (apro).- La empresa Tren Maya, creada por el gobierno federal y que es operada por la Secretaría de la Defensa para operar la obra emblema del sexenio, denunció penalmente a pobladores de la comunidad de Citilcum, pueblo de origen maya, por haber protestado y bloqueado un paso del tren, cuyo tramo dividió al pueblo de la escuela primaria y dificultó el acceso de padres de familia y alumnos.

Para desistirse de esta denuncia, la empresa exigió a cinco de las madres y padres de familia que participaron en esa protesta -efectuada a mediados de mayo pasado- que se disculparan públicamente y que firmaran un documento en el que asentaron que no volverían a realizar protesta alguna contra el Tren Maya.

Las cinco -tres madres de familia y dos padres- son pobladores de Citilcum, comisaría indígena del municipio de Izamal, ubicado a unos 40 kilómetros de Mérida.

Citlicum se encuentra dentro de la ruta del Tren Maya en el tramo 3, que cubre la ruta Calkiní (Campeche) a Izamal, en Yucatán, y recorre una distancia de 150 kilómetros en dicho tramo. La comisaría es cercana a zonas arqueológicas mayas.

Además de que algunas viviendas y predios de cultivo de habitantes de Citilcum fueron afectadas por el trazo del tren, los vecinos de la comisaría se inconformaron porque la ruta separó a la comunidad de la escuela primaria, ubicada en el vecino poblado de Kimbilá, que funciona en turnos matutino y vespertino y a la que asisten cerca de 250 alumnos, por lo que demandaron su reubicación.

La empresa a cargo del tren habilitó un paso deprimido (túnel) para el acceso y comunicar a los pobladores, pero la obra se retrasó y fue rechazada por madres y padres de familia que consideraron que el acceso a la escuela se complicaría y se volvería peligroso, pues el paso conecta con el acceso vehicular.

En el diálogo por esta exigencia intervino un representante de la Secretaría de Gobernación, con quien no llegaron a ningún acuerdo. Por ello, a mediados de mayo decenas de personas efectuaron una protesta y bloquearon la vía del tren con piedras, palos y ramas. Elementos del Ejército, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad se presentaron en el lugar.

El director del Tren Maya, el general David Lozano, se presentó al día siguiente para hablar con los pobladores. Las vías fueron liberadas, pero los vecinos insistieron en la reubicación de la escuela, por lo que se les prometió hacerlo en un predio donado por un particular.

Este acuerdo se apresuró en la víspera de una visita del presidente López Obrador para supervisar las obras en la zona.

De todos modos, el acceso deprimido no estuvo entregado en el tiempo estipulado y los padres de familia quedaron inconformes.

Después del “acuerdo” la criminalización

Un mes después, cinco de las personas que participaron en el bloqueo fueron notificados de que habían sido denunciados penalmente por la empresa Tren Maya, S.A., operada por la Sedena por decisión del presidente López Obrador.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la República; la empresa acusó a los manifestantes de obstrucción de vías de comunicación federales. 

Finalmente, el martes 30 de julio tuvieron que comparecer en oficinas municipales ante funcionarios del Tren Maya.

Frente al comisario Manuel Jesús Chan Rabell, los cinco firmaron un “documento de disculpa” por el cual se comprometieron a que esos actos no volverían a producirse “en perjuicio de la empresa y sus usuarios”.

El Diario de Yucatán publicó que las personas obligadas a firmar este documento comparecieron ante dos funcionarios del área jurídica de la empresa Tren Maya, a quienes “ofrecieron las disculpas públicas”.