CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– En diciembre de 2022 la entonces fiscal General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ernestina Godoy Ramos, prometió a los familiares de las víctimas del Caso Narvarte que lo resolvería en un año. Sin embargo, los deudos lamentan que, pese a fracasar en su compromiso, fue premiada con la Consejería Jurídica de la Presidencia para el próximo sexenio.

Hoy se cumplen nueve años del multihomicidio que sacudió a la Ciudad de México y un año y medio del más reciente plazo, el ofrecido por Godoy Ramos, en los que, lejos de esclarecer los asesinatos, se han cometido omisiones, tropiezos y retrasos en la investigación. 

Hoy la FGJCDMX, que está en manos de Ulises Lara, no ha avanzado para resolver el crimen y los familiares reclaman la verdad y justicia para las víctimas, así como la garantía de no repetición del crimen.

El 31 de julio de 2015 fueron acribilladas en un departamento de la colonia Narvarte la colombiana Mile Martín, la trabajadora doméstica Alejandra Negrete, la maquillista Yesenia Quiroz y la activista Nadia Vera, así como el fotoperiodista Rubén Espinosa.

El 28 de julio último, frente al segundo memorial que pusieron a sus deudos (el primero fue retirado hace meses, sin su consentimiento), familiares y abogados de las víctimas cuentan a Proceso su sentir sobre el trabajo de Godoy al frente de la fiscalía. 

“Se fue sin cumplir su palabra de que en un año se iba a resolver el caso. Y eso de que les dan puestos mayores (la Consejería Jurídica de parte de Claudia Sheinbaum) sí es un golpe para las familias porque no ha sido el único caso. Sabemos de Miguel Ángel Mancera (exjefe de Gobierno) y hemos sabido de varios funcionarios que no permitieron que la investigación se llevara a cabo adecuadamente, que fueron negligentes y que les dieron todavía puestos más grandes”, deplora Patricia Espinosa, hermana del fotoperiodista Rubén Espinosa, también colaborador de este medio.

Con la designación de la nueva consejera jurídica “lastiman a las familias. Pareciera que nos restriegan en la cara: ‘Miren, hagan lo que quieran, pero nosotros aquí vamos a seguir y vamos a seguir premiando a las personas que no cumplen’”. 

Indira Alfaro, madre de Yesenia, también expresa: “Nos damos cuenta que son lo mismo que el gobierno pasado, que muchas de las autoridades que desde el principio entorpecieron las investigaciones, en lugar de recibir un castigo, recibieron mejores puestos. Es como darnos una cachetada y demostrar que aquí se manejan otros intereses más importantes, pero para ellos, no para las víctimas”. 

El “premio” de Sheinbaum a Godoy, al ponerla como su brazo derecho legal de su próximo gobierno, anunciado el 20 de junio último, asegura Alfaro, “deja un sabor amargo el ver que nuevamente cambian de fiscal y que se integran personas que no están empapadas del caso y es casi casi como volver a empezar”. 

Edgardo Calderón, abogado de la organización Artículo 19 y representante legal de algunas familias de las víctimas, comenta que, luego de que Godoy Ramos no fue ratificada como fiscal por el Congreso de la CDMX en enero último, “ya no hubo un interés por parte de la Fiscalía para reunirse con nosotros, y hasta la fecha seguimos en espera de ese contacto por parte del fiscal (sic) o por parte de alguna autoridad del caso”. 

Denuncian desinterés

Indira Alfaro, madre de “Yessi”, como llama a su hija, denuncia que “sigue existiendo la impotencia y el coraje de ver que son nueve años en los que continuamos en lo mismo y que nada más dicen que van a hacer y pues no. No sale nada más que palabras”.

Explica que la fiscalía local sólo abrió en 2023 una carpeta de investigación por el posible delito de trata. Eso pasó “gracias a nosotros los familiares, quienes hemos aportado información e investigado. Les hemos dicho cosas que ya existían en la carpeta desde el primer día que sucedieron los hechos y que no se tomaron la tarea de leerlo e investigar”.

La madre de Yesenia Alfaro asegura que, desde el año pasado, cuando se “rompió” el diálogo con la Fiscalía que encabezaba Godoy, por la falta de resultados, no perciben alguna autoridad que pretenda avanzar con el caso.

“Estamos esperando que nos den una fecha para tener una reunión… A Ulises Lara no lo hemos visto. Desde que dejó (sic) su cargo la señora Ernestina Godoy se pararon las reuniones, ni virtuales ni presenciales”.

Así, ante la llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia, lanza la señora Alfaro: “Si dicen que no son lo mismo, que lo demuestren, porque ahora volveremos a empezar. Tenemos nueve años y sólo damos vueltas y vueltas. Lo que más queremos es saber la verdad, que haya justicia y que no se vuelvan a repetir este tipo de cosas”.

Sin avances, la línea veracruzana

Patricia, hermana de Rubén Espinosa, denuncia que “básicamente está parada” la línea de investigación sobre la persecución y amenazas que denunciaron su hermano y Nadia Vera, por las cuales huyeron de Xalapa, Veracruz, a la Ciudad de México días antes de ser asesinados. 

Asegura que, a partir del octavo aniversario del crimen los avances sobre ese tema “han sido muy muy pocos, prácticamente nada”. Entonces, advierte:

“Nos preocupa que vayan a querer cerrar esta línea, que le quieran dar carpetazo. Obviamente no lo vamos a permitir porque, así como no tienen elementos para asegurar que tiene que ver con el tema Veracruz, tampoco tienen los elementos para decir que nada tiene que ver”.

Patricia refrenda la convicción de que su hermano “no estuvo en un lugar equivocado, no es coincidencia de que viniera perseguido desde Veracruz y a los pocos meses fuera asesinado aquí en la Ciudad de México. La tortura que hubo hacia Rubén es muy fuerte, muy característica, no hace notar como que estuvo en un lugar equivocado”.

Recuerda que la falta de avances ocurrió desde antes de la llegada de Goy a la fiscalía. Sin embargo, en el octavo aniversario del multihomicidio “como que lo tomaron con mayor tranquilidad” y menos se indagó el tema de Veracruz. 

 “Hay cosas que no han buscado y que han dejado de lado. Ernestina Godoy se va sin despedir el caso y Ulises Lara llega, pero hasta ahorita no hemos tenido ninguna reunión con él. Entonces, para nuestros ojos es que tampoco ha saludado el caso. Nos preocupa que la continuidad sea igual de pasiva (con el nuevo gobierno)”.

Patricia Espinosa destaca que, a raíz del documental A plena luz, de Alberto Arnaut, difundido en diciembre dl 2022, el cual demostró que además de las tres personas que están en la cárcel, participaron al menos otras dos como autores materiales del crimen, la Fiscalía no las ha buscado. “¡No sabemos quiénes son! ¡Dónde están!”.

Como cada año, agrega, la esperanza de tener justicia y saber por qué ocurrió el crimen y quién lo ordenó es lo que mantiene a las familias de las víctimas en la protesta. 

“Seguimos con la fuerza de estar presente, de estar exigiendo… El año que entra ya no quisiera que nos viéramos, o al menos para decirles ‘ya sabemos’; pero lamentablemente creemos que esto no va a pasar porque las autoridades siempre abonan a la impunidad”.

“Hay más información"

Edgardo Calderón, de la organización Artículo 19 y representante de las víctimas del caso, reconoce que, tras la no ratificación de Godoy en la Fiscalía capitalina, “se asomó” la posibilidad de restablecer el diálogo con las autoridades, mediante una reunión con representantes de la Dirección General de Derechos Humanos de la Fiscalía.  “Seguimos en espera de ese contacto del fiscal”.

Coincide con Patricia Espinosa en que la investigación de la línea de Veracruz “se ha estancado”.

Explica que la Fiscalía General del Estado de Veracruz les dio acceso a expedientes relacionados con Arturo Bermúdez Zurita, entonces secretario de Seguridad Pública del gobierno de Javier Duarte, acusado de delitos como desaparición forzada, homicidios, ejecución extrajudicial y tortura. Ese funcionario también fue acusado por Rubén y Nadia de amenazarlos.

La fiscalía veracruzana les dejó ver dos carpetas: una por enriquecimiento ilícito y una por desaparición forzada, pero solamente les dio un día para revisar decenas de tomos. Tanto el abogado como personal de la Fiscalía de Homicidios, de la Policía de Investigación y de la Unidad de Análisis de Contexto de la FGJCDMX acudieron a revisar la información, pero solo hallaron un modus operandi muy claro de casos de desaparición forzada en aquella entidad.

Además, la Unidad de investigación mencionada ha hecho análisis que concluyen que ese patrón de crímenes no corresponde a lo ocurrido en el Caso Narvarte. En síntesis, nada nuevo.

Sin embargo, “tenemos la certeza de que hay más datos, que fue muy poco tiempo el que tuvimos la carpeta para analizar docenas de tomos y que, además de la información que pudiera tener la Fiscalía de Veracruz, hay información de unidades de inteligencia que dependen del propio gobierno de Veracruz”.

El abogado menciona que se pudo revisar alrededor de 180 quejas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, entre las cuales hallaron algunas relacionadas con Rubén y Nadia mientras estuvieron en Xalapa, pero, como no hubo denuncia, la Fiscalía estatal no investigó.

Respecto de la carpeta de investigación por trata, Calderón dice que ya ha habido entrevistas con “testigos clave” y revisan si hay información relevante para el caso.