CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Jueces y magistrados federales consideraron que la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador representa un riesgo para la democracia y puede poner de rodillas a la República.

Esta mañana, jueces y magistrados federales se reunieron afuera del Palacio de Justicia federal en San Lázaro y arremetieron contra la propuesta de la elección por voto popular de todos los juzgadores del país.

El magistrado Mauricio Barajas aclaró que los integrantes del PJF no están en contra de la reforma judicial pero que la iniciativa que discutirá el Legislativo y que fue presentada por el presidente López Obrador no incluye un análisis adecuado de la problemática del sistema de justicia en el país.

“Las propuestas planteadas en lo que llaman irreductibles encierran violaciones a los postulados fundamentales a la independencia judicial como lo es el cese masivo de titulares, desde ministros, ministras, juezas federales, jueces de Distrito; la cancelación de la práctica de la carrera judicial y la elección por voto popular de los nuevos titulares, todas ellas no se encuentran soportadas en un estudio de racionalidad legislativa, en un diagnóstico fiable que corresponda con los fines que se pretenden y tenga un impacto real en la vida cotidiana de las personas que acuden a los servicios de impartición de justicia”, señaló.

Los juzgadores, convocados por la Asociación Nacional de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) pidieron ser escuchados para construir una reforma que no ponga en riesgo el estado de Derecho y los derechos humanos.

La juez Juana Fuentes Velázquez, directora de la JUFED consideró que la reforma del presidente López Obrador pretende acabar con la independencia judicial a través de la elección de juzgadores por voto popular, la creación del Tribunal de Disciplina Judicial -que sustituirá al Consejo de la Judicatura Federal (CJF)- y la eliminación de la carrera judicial.

“Es falso que la elección de jueces por voto popular sea la mejor manera de solucionar los graves problemas estructurales de la justicia en México, cuando contamos con un sistema de carrera judicial y exámenes de oposición públicos para elegir a las personas con mayor trayectoria y conocimientos como juzgadores”, refirió.

La juzgadora dedicó gran parte de su discurso a desmentir las acusaciones realizadas por el presidente López Obrador contra los integrantes del PJF.

“Nuestra dignidad como juzgadoras y juzgadores federales, como secretarios y secretarias, como actuarios y actuarias, como oficiales, no será minada con acusaciones carentes de fundamento. Durante casi seis años hemos sido víctimas de calumnias”, dijo.

“Es absolutamente falso que 1,700 juzgadores federales seamos corruptos. No lo somos nosotros ni quienes colaboran con nosotros. Exigimos por ello, que en los casos en que se tengan pruebas de corrupción, se formule la denuncia correspondiente con arreglo a derecho”.

Rechazó que los integrantes del PJF representen el interés de las élites o qu resuelvan en contra de los más vulnerables pues recordó que la evolución de los criterios jurisprudenciales en materia de derechos humanos ha sido progresiva.

Recordó que durante la pandemia muchos ciudadanos acudieron al PJF para pedir que sus hijos fueran vacunados contra el COVID-19; para recibir los medicamentos que han sido negados por el desabasto en el sector salud, entre otros, por lo que indicó que es falso que los jueces dieron la espalda al pueblo.

“Es falso que liberemos ‘delincuentes’. Liberamos personas cuya culpabilidad no se ha comprobado, amparamos hoy y siempre al que es perseguido sin pruebas, con la Constitución y las demás normas aplicables como fundamento”, indicó.

“No defendemos ideologías ni propias ni ajenas. No rendimos pleitesía al Ejecutivo ni al Legislativo: somos su contrapeso. Y para lograr eso, muchas y muchos demócratas dieron lo mejor de sí, incluyendo su propia vida”.

Pidió no confundir la función judicial con los errores cometidos por otras esferas gubernamentales como la generación de políticas públicas erróneas o la aprobación de leyes deficientes o inconstitucionales.

“Pedimos que se nos escuche y se escuchen todas las voces que sea menester para lograr el único propósito valedero de una reforma judicial: mejor justicia para todas las personas. La vía sensata para la reforma es la del paso firme pero sosegado, ajeno al apresuramiento”, señaló.

“Una reforma apresurada, fincada en un solo punto de vista, es inaceptable para nosotros, pone en riesgo la democracia y puede poner de rodillas a la República”.