CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Congreso de la Unión exhortó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y a la Secretaría de Turismo a combatir la inseguridad en las carreteras de territorio nacional.

Y es que el robo a autotransporte se incrementó más del 4% en el 2023 comparado con el 2022. El año pasado se denunciaron 13 mil 848 robos en el fuero federal y local, mientras que en el 2022 se denunciaron 13 mil 220.

Además, el 86% de los robos fueron con violencia y los estados donde ocurrieron más de la mitad de estos delitos fueron Estado de México y Puebla. Lo robado representó una pérdida de 7 mil millones de pesos anuales.

Ante la situación, el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un dictamen que exhorta a las secretarías mencionadas a fortalecer los programas de inteligencia que combaten el crimen organizado en las carreteras del país.

??? La #ComisiónPermanente aprobó un dictamen para exhortar a las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y a la de Turismo, a fortalecer programas para combatir al crimen organizado en carreteras.https://t.co/wiJVA4FVX4

— Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) July 10, 2024

El órgano legislativo señaló en un comunicado que este dictamen busca apoyar en el desarrollo de una inteligencia policial que dote de información y herramientas a los elementos encargados de la seguridad en las carreteras con la finalidad de disminuir la inseguridad a la que se enfrentan los transportistas.

El senador morenista, Navor Alberto Rojas Mancera, indicó que a través de este dictamen “se pretende sensibilizar a la Administración Pública sobre la constante preocupación ciudadana de enfrentarse al peligro e incertidumbre en las carreteras de México”.

Resaltó la importancia de la colaboración entre autoridades locales, estatales y federales, así como lo necesario que es brindar recursos a las instituciones encargadas de vigilar los caminos que atraviesan nuestro país.

El dictamen enfatiza que la inteligencia policial “es utilizada como instrumento para proveer de la información necesaria para generar respuestas operativas a determinadas problemáticas específicas, mediante un proceso cíclico que incluye la recolección, evaluación y análisis, interpretación y difusión para su explotación, mediante estrategias de abordaje o intervención policía, que concluye el proceso con la evaluación de los resultados”.