PUEBLA, Pue., (apro).- La Fiscalía General de Puebla informó que el 20 de junio fue asesinada por ataque directo, María del Socorro Barrera Sánchez, quien era testigo protegida de la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso de tortura a dos periodistas en el cual están acusadas autoridades de Izúcar de Matamoros, incluida la alcaldesa morenista, Irene Olea Torres.

Este jueves 27 de junio, Margarita Garcidueñas Cuéllar, Fiscal Especializada en Delitos de Violencia de Género contra Mujeres, informó que de acuerdo a las investigaciones un sujeto ingresó al negocio que era atendido por Socorro y le disparó en repetidas ocasiones, lo cual confirma que la testigo, supuestamente protegida, fue ejecutada y no se trató de un intento de asalto como se manejó en un principio. 

Incluso, la mujer salió del lugar herida y trató de refugiarse en un autolavado contiguo, hasta donde la siguió su atacante quien además hirió a un empleado de ese establecimiento de nombre Marvin. Luego de esto, el asesino huyó del lugar a bordo de una motocicleta que era conducida por un cómplice.

Cabe señalar que Socorro Barrera era funcionaria de la Unidad de Atención a Víctimas de Delitos en Izúcar de Matamoros, pero fue despedida después de que dio testimonio a la FGR de que hubo una orden directa para detener y torturar a las periodistas Natalie y Michelle Hoyos López, el 10 de marzo de 2023.

Los hechos se registraron en el marco de actividades que llevó a cabo la colectiva feminista “Marea Púrpura” por la conmemoración del 8 M en Izúcar de Matamoros, las cuales fueron cubiertas por ambas reporteras. En esa ocasión, policías municipales que detuvieron a activistas y periodistas, a quienes después incomunicaron en los separos y las sometieron a amenazas, vejaciones e incluso a violencia sexual, diciendo que había órdenes de “la jefa”.

El testimonio de Barrera es considerado fundamental para fincar responsabilidades por el delito de tortura a la alcaldesa Olea Torres y a su círculo cercano, por lo que la ex empleada municipal se convirtió en una supuesta testigo protegida, que al final no tuvo la protección que le ofrecieron.

Esto ocurre a días de que inicien las audiencias judiciales por el delito de tortura y cuando en otro proceso que se lleva por el delito de falsedad de informes dados a una autoridad ya fueron imputados 11 servidores municipales entre los que se encuentran mandos de seguridad pública, del área jurídica y administrativa, así como policías.