CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El Centro de Estudios Constitucionales (CEC) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) calculó en 22 millones de pesos el costo aproximado de realizar el proceso de elección propuesto por el Ejecutivo federal para renovar a todo el Poder Judicial de la Federación (PJF).

“En el proceso electoral de 2024 se disputaron poco más de 19 mil puestos de elección popular. Un cálculo preliminar, a partir del posible número de juzgadores a elegir, permite estimar que el proceso de elección judicial representaría un costo de alrededor de 22 millones de pesos.

“Se trata de una afectación presupuestaria innecesaria, en tanto existen mecanismos más efectivos, objetivos y razonables para la selección de personas juzgadoras que, como ya se explicó, garantizan su independencia e imparcialidad y permiten destinar estos recursos a acciones de mejora sustantiva de la función judicial u otras áreas estratégicas del Estado”, advirtió el CEC.

Para los analistas de la Corte, la orden de renunciar anticipadamente a sus cargos contenida en la iniciativa de reforma, viola los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos e implica el riesgo de que el Estado mexicano sea demandado por los juzgadores afectados.

“La remoción de toda la judicatura mexicana plantea el despido de casi mil 700 juzgadores federales (magistrados y magistradas y jueces y juezas) y más de cinco mil juzgadores estatales (magistrados y magistradas y jueces y juezas). Esto podría llevar, en primer lugar, a un escenario de alta presión para el sistema de justicia, pues existe la posibilidad de que alrededor de seis mil 700 personas presenten demandas laborales.

“La sustitución también plantea una complicada situación económica para el otorgamiento de las pensiones o indemnizaciones correspondientes, según corresponda. En segundo lugar, es probable que muchos de los casos se presenten ante la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, lo que podría derivar en sentencias condenatorias contra el Estado mexicano”, señalaron.

Añadieron que existe un alto riesgo de demandas en materia laboral que también implicarían un alto costo por la obligación de indemnizarles por la afectación de sus garantías de inamovilidad del cargo y a sus derechos laborales adquiridos.

“Existe el riesgo de que el personal sindicalizado de juzgados y tribunales sufra despidos injustificados. Es probable que el personal judicial de apoyo (secretarios, actuarios y oficiales judiciales, entre otros) no sea evaluado por las nuevas personas juzgadores conforme a la calidad de su trabajo, sino conforme a su afinidad ideológica, a su utilidad para conseguir objetivos personales o de grupo o a otros criterios políticos.

“En el Poder Judicial de la Federación laboran alrededor 50 mil personas y un despido masivo representaría una cantidad inusitada de demandas laborales y una compleja operación financiera para el pago inmediato —al que tienen derecho— de sus seguros de separación y otras prestaciones derivadas de la violación de derechos laborales”, añadió el CEC.

Regulación de renuncias de ministros

Desde la reforma de 1994 en la SCJN ningún ministro había renunciado hasta el año 2019, cuando Eduardo Medina Mora se convirtió en el primero en hacerlo y posteriormente, en el año 2023, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea fue el segundo en presentar su renuncia al presidente.

Para ambos casos no había reglas claras sobre el haber de retiro al que tienen derecho los ministros que concluyen sus periodos de 15 años en la Corte; si se les puede llamar ministros en retiro o exministros; o incluso si tienen alguna prohibición para adherirse a algún proyecto político, como ocurrió con Zaldívar, quien se unió al equipo de campaña de la candidata de Morena a la Presidencia, Claudia Sheinbaum.

Estas salidas anticipadas regalaron al presidente Andrés Manuel López Obrador la posibilidad de enviar ternas al Senado para designar nuevos ministros, en el caso de Medina Mora, fue sustituido por Margarita Ríos Farjat, exjefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la presente administración.

Zaldívar fue sustituido por una ministra designada, por primera vez en la historia, de manera directa por el presidente de la República: Lenia Batres Guadarrama, quien trabajaba en la Consejería Jurídica de la Presidencia y construyó su carrera política principalmente en las filas de Morena, partido fundado por el mandatario federal.

La iniciativa de reforma no se ocupa de ninguno de los aspectos evidenciados por las salidas anticipadas de Medina Mora y Zaldívar, pero sí señala que cuando un ministro falte a su cargo por más de un mes o que muera, renuncie o por cualquier otra causa de separación definitiva, el presidente someterá una terna al Senado para que elija un ministro interino para cubrir la vacante hasta el día que se realice la siguiente elección ordinaria y llegue el candidato que la ciudadanía elija.

De igual manera, cuando falte un magistrado de Circuito o juez de Distrito por muerte, renuncia o ausencia definitiva, el órgano de administración judicial enviará la terna para cubrir en interinato el cargo y su elección recaerá también en el Senado de la República.