CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, llamó a considerar los riesgos que puede tener la elección de juzgadores federales mediante el voto popular como la politización de la justicia.

Indicó que la reforma planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, lejos de fortalecer el sistema de justicia, podría afectar la independencia, imparcialidad e idoneidad en la impartición de justicia.

“El gobierno debe reconsiderar una reforma que afectaría gravemente el Estado de Derecho y también pondría en riesgo los acuerdos y tratados internacionales de los que México forma parte”, dijo.

Afirmó que entre los riesgos de la reforma está la politización de la justicia porque la elección de jueces y magistrados se convertiría en un proceso altamente politizado pues los candidatos podrían ser seleccionados en función de su afiliación política en lugar de su idoneidad y capacidad para ejercer la justicia.

Advirtió que existe el riesgo de que se elijan jueces y magistrados que no cuenten con las habilidades y competencias requeridas para ejercer esa función y que los candidatos, con tal de ganar, podrían generar pactos inconfesables con los grupos de la delincuencia organizada.

Destacó que la reforma puede afectar la estabilidad y continuidad del sistema judicial teniendo un impacto negativo en la calidad y consistencia de las decisiones judiciales ante la posibilidad de que las elecciones de juzgadores impliquen cambios frecuentes en la composición de los tribunales.

“La elección directa de jueces se daría en un contexto de conocimiento limitado por parte de la ciudadanía sobre el funcionamiento y los principios del sistema judicial, lo que podría generar una total falta de confianza en la justicia y afectar la legitimidad de las decisiones judiciales”, precisó.

Reconoció que el Poder Judicial puede mejorar mediante mecanismos que garanticen la independencia, imparcialidad y la idoneidad en la impartición de justicia. "No podemos permanecer indiferentes ante un proyecto que socava la independencia judicial y debilita las garantías constitucionales, por lo que hacemos un llamado a la sociedad civil a informar