CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Luego de las elecciones del 2 de junio, la violencia política continúa en el país, y aunque ha sido eclipsada por el avasallante triunfo de Morena, el debate poselectoral y la turbulencia de los mercados, el fenómeno sigue allí y ninguna autoridad parece interesada en hacerle frente.

La misma noche de los comicios fue asesinado el candidato priista a la alcaldía de Santo Domingo Armenta, Oaxaca, Yonis Atenógenes Baños; el lunes 3, varios sicarios mataron a la alcaldesa panista de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez, y el viernes 7 murió en un atentado la regidora de Morena en Tixtla, Guerrero, Esmeralda Garzón.

El pasado sábado 8, pistoleros atacaron a balazos la casa de la candidata de Morena a la alcaldía de Zamora, Michoacán, Teresa Mora, quien quedó en segundo lugar en la contienda y había pedido recuento de los votos. Y este domingo 9 fue asesinado a balazos el regidor suplente electo de Jacona, Michoacán, Mario Lázaro Mendoza, quien era también administrador del Parque Ecológico de la presa La Luz.

La directora de Data Cívica, Mónica Meltis, dice a Proceso que aunque la jornada electoral del domingo 2 de junio fue “tranquila en términos generales”, resulta sintomático que esa misma noche haya seguido la ola de asesinatos que se registró durante la campaña.

De acuerdo con Meltis, cuya organización creó el sistema de monitoreo de violencia político-criminal Votar entre Balas, los homicidios de Baños, de la alcaldesa de Cotija y de la regidora de Tixtla en la etapa poselectoral indican la repetición de un patrón que se ha visto en elecciones anteriores y que consiste en un repunte de la violencia político-criminal luego de los comicios.

Lo que se ha observado desde 2018, año en el que Votar entre Balas comenzó su monitoreo, es que el grueso de los ataques a políticos se concentra en las etapas previa y posterior a la jornada electoral, más que el día de los comicios, y lo que ahora se puede esperar es que la violencia mantenga o supere los niveles históricos que alcanzó durante las campañas de este año.

Prosiguen los ataques

La plataforma de Data Cívica ha registrado en los primeros días de junio 15 agresiones contra candidatos y funcionarios electos, las cuales incluyen, además de los asesinatos de Baños, Yolanda Sánchez, Garzón y Mendoza, tres atentados y ataques armados, un secuestro y una amenaza.

Meltis considera que, de acuerdo con la tendencia, “van a seguir los asesinatos en un contexto de violencia generalizada” en varias regiones.

Dice que en los días posteriores a las elecciones suelen darse arreglos y negociaciones entre el crimen organizado y actores políticos, los cuales no están exentos de medidas de intimidación, coerción y uso de violencia.

En ese sentido, es probable que los asesinatos de políticos y ataques ocurridos desde el domingo 2 se inscriban “en este contexto de ajustes de las redes de protección de grupos del crimen organizado”.

Durante el periodo preelectoral y electoral, que comprende del 7 de septiembre de 2023 al 29 de mayo anterior, día en que cerraron las campañas, Votar entre Balas registró 105 ataques violentos contra aspirantes, precandidatos y candidatos, entre ellos 31 asesinatos, una cifra sin precedentes.

Además, la plataforma reporta que en ese periodo otros 74 candidatos sufrieron diversos tipos de agresiones, como ataques armados, en los que murieron 13 personas, así como 25 atentados, 8 secuestros, 284 víctimas de amenazas tangibles, en videos o mantas, y 28 renuncias a la contienda como resultado de esos hechos.

Durante este proceso electoral, el más violento de la historia, los ataques contra candidatos ocurrieron sobre todo en tres estados, Chiapas (con 18 víctimas), Guerrero (17) y Puebla (17) y los principales partidos por los que contendían los atacados fueron Morena (34 víctimas), la coalición PAN-PRI-PRD (16) y Movimiento Ciudadano (8).

Tema para Sheinbaum

Mónica Meltis señala que la violencia político-criminal es, más que un tema partidista, un asunto institucional, ya que no hay elementos para afirmar que un partido está más coludido que otros con el crimen organizado.

Los delincuentes, dice, negocian con el partido que esté en turno, en especial a nivel municipal y estatal, donde ocurre la enorme mayoría de los ataques.

La politóloga, cofundadora del grupo feminista La Cuarta Ola y directora de Data Cívica sostiene que la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, debe hacer frente al fenómeno de la violencia político-criminal y establecer ese tema como una prioridad de su gobierno, que iniciará el próximo 1 de octubre.

Además, señala, lo debe hacer como parte de la estrategia de seguridad.

“Entender este fenómeno fuera del contexto de la estrategia de seguridad es un error –dice Meltis–, porque no es algo coyuntural, es una realidad que nos está diciendo cómo los grupos del crimen organizado están buscando influenciar la toma de decisiones de política pública a nivel local”.

Y esto, agrega, es un desafío al sistema democrático.

Hay que investigar, sostiene, quiénes están tomando las decisiones políticas y por qué, y cómo se están ejerciendo los recursos públicos en los gobiernos locales.

“Esto incluso tiene que ver con una perspectiva de gobernabilidad”, indica, por lo cual es muy importante que Sheinbaum le dé a este asunto la relevancia que merece.

Meltis considera que es un tema de la mayor relevancia social que debe seguir en el foco de la opinión pública a pesar de que la contundente victoria electoral de Morena lo haya relegado a un segundo plano en el interés mediático.

Este fenómeno, dice, lo ha documentado Data Cívica desde 2018, no solamente en los momentos electorales, sino en forma permanente, y uno de los hallazgos es que el grueso de las de los asesinatos y la violencia político-criminal no está dirigida hacia las candidaturas sino hacia las personas funcionarias públicas, lo que revela un proceso “de captura del aparato del Estado”.

En estos seis años y medio de operación –del 1 de enero de 2018 a la actualidad–, la plataforma Votar entre Balas ha registrado los homicidios de 135 candidatos, 241 funcionarios públicos y 135 autoridades de elección popular, como alcaldes, síndicos, regidores y diputados.