CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de dos sexenios de impunidad, y a punto de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador “de carpetazo” a la contaminación del Río Sonora por el derrame de desechos tóxicos de una mina de Grupo México, integrantes de los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS), invocaron a la condición de mujer de la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo para atender la tragedia que ha afectado más de 22 mil personas.

Representantes de los CCRS viajaron más e mil 500 kilómetros para exponer la falta de atención a la problemática a pesar de que han ganado amparos, una sentencia e la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)  y una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), resoluciones que reconocen la responsabilidad de la empresa Grupo México, y de las autoridades por el derrame de más de 40 millones de litros de productos tóxicos sobre el Río Sonora y la obligación de garantizar justicia, reparación de daños y garantías de no repetición.

De 66 años, Martha Patricia Velarde, que participa con otras dos de sus compañeras en un foro convocado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a realizarse este lunes, sostiene que lo único que esperan es que “se de carpetazo, que se nos diga ‘esto lo que se hizo, ya no se pudo más’, y lo que se hizo fue insuficiente, porque lo que tuvimos fue un gobierno ineficaz e ineficiente”,

Originaria de Baviacora, uno de los siete municipios reconocidos oficialmente como afectados de manera directa por el derrame de las sustancias tóxicas -los otros son Arizpe, Bacanuchi, Huépec, San Felipe de Jesús, Aconchi y Ures- ocurrido el 6 de agosto de 2014, Velarde refiere en entrevista que para los afectados por el derrame resultó muy decepcionante la actual administración, pues se habían generado grandes expectativas de que el gobierno de López Obrador atendería el problema que el de Enrique Peña Nieto no resolvió.

“Sin dejar de reconocer que hubo funcionarios que se la jugaron con nosotros, y que buscaron la forma de dar cauce a la resolución de la SCJN de 2020, hasta ahora ningún presidente ni gobernador ha podido obligar a Grupo México a rendir cuentas ante la justicia, se ha mantenido la impunidad, no ha habido poder humano que lo obligue a remediar las afectaciones en el Río Sonora”, puntualiza Velarde en entrevista con Proceso.

La activista, participó con sus compañeras en una acción de protesta en el Zócalo capitalino para recordar a López Obrador y a la próxima presidenta de México, la deuda que se tiene con los habitantes de esa región del país, atentando contra el derecho a la salud, al acceso al agua potable y a un medio ambiente sano.

Bajo la llovizna de la noche del domingo 9, activistas y defensores del medio ambiente acompañaron a las integrantes de los CCRS para proyectar mensajes en el edificio de Palacio Nacional, dirigidos a la próxima presidenta.

“Grupo México: dos sexenios en la impunidad”, “Claudia no olvides al Río Sonora”, “Grupo México envenena al Río Sonora”, “10 años sin justicia en Rio Sonora”, fueron algunos de los mensajes transmitidos en las paredes del monumento histórico.

Martha Patricia Velarde destacó que en 2021 se instalaron mesas de trabajo, se tomaron muestras de sangre a una población representativa de mil 500 personas, análisis que concluyeron que “99% de las personas que habitamos en la región tenemos plomo en la sangre, lo tenemos depositado en los huesos, además tenemos cadmio, manganeso, mercurio y arsénico; mucha gente ha muerto de cáncer, tienen daños en hígado, riñones, en el corazón, y nuestros niños padecen daños neurocognitivos”.

Apuntó que por falta de coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno, la población no ha podido ser atendida, e incluso IMSS-Bienestar intentó deslindarse al responder a la CNDH que no tenía responsabilidad porque “era una institución que no existía cuando ocurrió el derrame”.

Peor aún, dice que, con el gobierno de Alfonso Durazo, “se permitiendo que Grupo México saquee nuestra agua, como ya no se pudo hacer el acueducto, ahora extrae agua del Río Bacanuchi día y noche, con pipas de 35 mil litros, mientras que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) nos ha respondido que son permisos que se le otorgaron en 2021 y que no pueden hacer nada para remediarlo”.

Al recordar que en 2020 se calculó que el daño a los pobladores era de más de 22 mil 500 millones de pesos, que no han sido solventados, Martha Patricia Velarde lanzó a la próxima presidenta el reto de “hacer lo que ninguno de los presidentes anteriores, Peña Nieto y López Obrador, han hecho por la población afectada, brindar justicia a las comunidades que hemos sido afectadas, garantizar la salud a los habitantes, obligar a Grupo México a reparar el daño ambiental y social que causó, y garantiza que nuestras vidas vuelvan a la tranquilidad”.