CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– Entre 2016 y 2019, Banco Azteca, propiedad del multimillonario Ricardo Salinas Pliego, habría pagado 236 mil 390 dólares de sobornos al congresista texano Enrique Roberto “Henry” Cuellar a cambio de que el demócrata defendiera sus intereses en Estados Unidos, especialmente para buscar bancos corresponsales y frenar regulaciones en materia de lavado de dinero.

Según una imputación presentada por el Departamento de Justicia contra Cuellar y su esposa, a quienes acusó de recibir cerca de 600 mil dólares de sobornos de entes extranjeros, el congresista habría negociado el soborno con un ejecutivo de Banco Azteca –cuya descripción corresponde a Luis Niño de Rivera, su vicepresidente– para conseguir un banco corresponsal en Estados Unidos que aceptara los millones de dólares en efectivo que Grupo Elektra tiene en México, a pesar de los riesgos de lavado de dinero.

De acuerdo con el documento, en poder de Proceso, los detalles sobre el soborno se habrían pactado durante una reunión entre Cuellar y Luis Niño de Rivera que tuvo lugar en México en diciembre de 2014, y a través de varios correos electrónicos a los que tuvo acceso la justicia de Estados Unidos, y que exhiben cómo los ejecutivos de Grupo Salinas y el congresista buscaron la mejor manera de entregar los sobornos de manera secreta.

Un primer acuerdo planteaba que Azteca America, la filial de TV Azteca en Estados Unidos, pagaría 10 a 12 mil dólares mensuales a una empresa de papel de Cuellar por falsos servicios de “asesoría”, así como un bono de entre 100 y 500 mil dólares en caso de que el congresista lograra “establecer relaciones de negocios con bancos corresponsales en Estados Unidos”.

Luego se planteó que el dinero pasaría por un prestanombres de Cuellar, un “viejo socio” dueño de una empresa de consultoría. Esta persona viajó a México en enero de 2015, donde habría desayunado con Luis Niño de Rivera para afinar los pormenores de la operación. Ambos se volvieron a reunir en octubre de 2015, y pactaron el borrador del contrato, que planteaba pagos de 12 mil dólares mensuales por “asesorías” hechizas.

Dos meses más tarde, en diciembre de 2015, el prestanombres logró aumentar el monto a 15 mil dólares mensuales, para cobrar una comisión de mil dólares. Ese mes se firmó el contrato, que planteaba un bono de 500 a 615 mil dólares en caso de lograr un acuerdo de corresponsalía, y posteriormente Cuellar y su cómplice metieron a un tercer intermediario en el esquema de lavado. Según la imputación, el dinero de Banco Azteca empezó a “fluir” en febrero de 2016; el banco habría entregado 540 mil dólares, de los cuales 236 mil 390 dólares terminaron en la compañía de papel de Cuellar.

Aunque el acuerdo original buscaba que Cuellar encontrara un banco corresponsal en Estados Unidos para Banco Azteca, el congresista también cabildeó por los intereses del banco mexicano. Según la imputación, el texano “asesoró y presionó” a un alto funcionario a cargo de la supervisión de bancos para beneficiar a Banco Azteca en la regulación de los bancos corresponsales.

En 2018, el congresista fue solicitado de nuevo por un ejecutivo de Grupo Elektra para hablar sobre un “tema delicado en la agenda bilateral relacionado con las transferencias electrónicas y la seguridad nacional”. El ejecutivo estaba preocupado por una imputación del gobierno de Estados Unidos contra una empresa rival por lavado de dinero, pues temía que este criterio aplicara también para condenar a Banco Azteca.

Bancos de EU rehúyen al efectivo de Banco Azteca

El contexto era el siguiente: desde el endurecimiento de las leyes contra el lavado de dinero en Estados Unidos, en 2012, Banco Azteca ha enfrentado grandes problemas para conseguir “bancos corresponsales” en Estados Unidos que acepten los millones de dólares en efectivo que sus empresas acumulan en México.

En la última década, prácticamente todas sus relaciones de corresponsalía con bancos de Estados Unidos se han roto, pues las autoridades financieras consideran que los envíos de dinero en efectivo de Banco Azteca representan riesgos de lavado de dinero.

Fue el caso, entre otros, con el acuerdo de corresponsalía que Banco Azteca tenía con el banco Lone Star National Bank, basado en Texas, y que terminó cuando el FinCEN –el equivalente estadunidense de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)– determinó que los envíos de dólares del banco de Salinas Pliego representaban un riesgo de lavado de dinero.

Grupo Salinas también cabildeó en México para deshacerse de sus dólares en efectivo: en diciembre de 2020, Ricardo Monreal Ávila presentó un sorpresivo proyecto de reforma que pretendía obligar al Banco de México a aceptar los dólares en efectivo de los bancos mexicanos. La reforma, que fue impulsada en noticieros de TV Azteca y apoyada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, prendió las alarmas en el banco central, pues llevaba el riesgo de que la institución cayera en la lista de organismos con riesgos de lavado de dinero. Una pronta reacción del gobernador y los subgobernadores del Banco de México abortaron el proyecto de reforma, que nunca se aprobó.

Actores identificados

La trama presuntamente corrupta que documentó el Departamento de Justicia en su imputación implica al banco mexicano, su entonces vicepresidente, un cabildero de Grupo Salinas, un diputado por el estado de Nuevo León y dos prestanombres de Henry Cuellar.

Aunque la imputación no menciona a Banco Azteca por su nombre, la descripción corresponde al banco de Salinas Pliego: se refiere a un banco dedicado a “los sectores de bajos ingresos en México y Centroamérica, que provee servicios de transferencias de dinero, préstamos al consumo, depósitos y otros servicios”, la cual pertenece a una “empresa financiera y de comercio de México”, es decir, Grupo Elektra.

La descripción da un paso más: asevera que el conglomerado mexicano tiene una empresa “de medios y entretenimiento basada en Los Ángeles, California”, que coincide con Azteca America, la filial de TV Azteca en Estados Unidos, y una empresa de préstamos en Estados Unidos, que sería la filial de Grupo Elektra en Estados Unidos llamada Advance America.

La imputación tampoco se refiere a Luis Niño de Rivera por su nombre, pero la definición corresponde exactamente al perfil del brazo derecho de Salinas Pliego: se refiere a él como “vicepresidente del banco” por lo menos entre 2014 y 2024, y plantea que en 2019 “se volvió presidente de un grupo que representa los intereses del sistema bancario mexicano”, una referencia clara a la Asociación de Bancos de México (ABM), de la que Niño de Rivera se volvió presidente en 2019.

La imputación se refiere a otro ejecutivo de Banco Azteca “con responsabilidades en asuntos legislativos”, y plantea que el político mexicano implicado en la trama es un asociado de Cuellar, diputado entre 2012 y 2015 y posteriormente funcionario en el gobierno de Nuevo León.