Banco Azteca “dispersará” 31 millones de dólares que el gobierno de López Obrador tiene destinados para los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en Honduras. Así lo estipula un convenio impulsado por el canciller Marcelo Ebrard. La encargada de operar la distribución de los recursos en ese país será su cuñada Viviana Bueso, quien fue reclutada unos meses antes por Ricardo Salinas Pliego como gerente de Banco Azteca en la nación centroamericana. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El pasado 11 de mayo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Banco del Bienestar celebraron un convenio con Banco Azteca, del multimillonario Ricardo Salinas Pliego, para que esta empresa distribuya los 31 millones de dólares que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador destinará a sus programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en Honduras. Apenas seis meses antes, Grupo Salinas había nombrado al frente de Banco Azteca Honduras a la hondureña Viviana Bueso Asfura, una mujer con magra experiencia en el sector bancario, pero conectada al más alto nivel de la llamada Cuarta Transformación: es cuñada de Marcelo Ebrard Casaubón, el influyente titular de la SRE. Su hermana, Rosalinda Bueso Asfura, está casada con el canciller desde 2011, y ambos procrearon mellizos; en junio pasado, representó a México en las reuniones de las “primeras damas” de la cumbre del G20 celebrada en Osaka, pues López Obrador no quiso ir y envió a Ebrard en su representación. Según su perfil de LinkedIn, Viviana Bueso fue reclutada por Grupo Salinas en febrero de 2019 –solamente tres meses después de la toma de posesión del gobierno actual–, y apenas en octubre siguiente fue elevada al cargo de Gerente General de Banco Azteca Honduras. En mayo pasado, la mujer viajó a la Ciudad de México y firmó dos convenios con la Cancillería y el Banco del Bienestar en representación de Banco Azteca: el primero era un “convenio de confidencialidad” –para reservar “toda aquella información a la que se tiene acceso en forma directa o indirecta, relacionada con aspectos comerciales, financieros, técnicos, operativos, legales, de logística” –; el segundo era el “convenio en materia de transferencia y administración de recursos”, que planteaba la dispersión del dinero de los programas sociales. De acuerdo con estos convenios –que tiene Proceso–, los recursos provienen del “Fondo México”, un fideicomiso controlado por Ebrard y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), un organismo desconcentrado de la Cancillería dirigido por Laura Elena Carrillo Cubilla, una incondicional del canciller y de su proyecto político: ser presidente después de López Obrador.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2292 de la revista Proceso, ya en circulación.