PACHUCA, Hgo. (apro).- Los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y del Trabajo (PT) en Hidalgo acusaron al gobierno de Julio Menchaca Salazar y al instituto político del que él emana, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de persecución a candidatos y financiamiento de propaganda negra en su contra.

Tras la renuncia de Omar Fayad Meneses a su militancia, el PRI en la entidad quedó a cargo del grupo de la diputada federal y aspirante al Senado Carolina Viggiano Austria, mientras que el PT es regido por los hermanos Gerardo y Óscar Damián Sosa Castelán, antes aliados de Morena. Ambos bandos han sumado recriminaciones y señalamientos hacia Menchaca Salazar, además de unificar críticas por lo que consideran una elección de estado, uso indebido de recursos públicos para campañas y la utilización de la Procuraduría General de Justicia contra algunos de sus cuadros.

“Es lógico que quienes hoy dicen que van ganando, promuevan este tipo de campañas. Es una forma de operar, de generar una narrativa en campaña, de que todos son corruptos, todos son rateros y ellos son los héroes de la política”, consideró Benjamín Rico Moreno, candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Hidalgo (PRI-PAN-PRD) a la alcaldía de Pachuca, quien afirma ser afectado con una “campaña negra” que, según estimaciones de su esquipo de campaña, consiste en publicaciones sobre él difundidas través de 18 páginas de Facebook, por las que calcula el pago de pautas por un cuarto de millón de pesos en 15 días.

Aunque Rico dice no responsabilizar directamente a Menchaca Salazar, afirma que es Morena y operadores políticos del gobierno actual quienes propagan contenidos en su contra.

“Son páginas que se llegaron a crear hace diez días, hace cinco días, para este fin, para esta guerra sucia, para que no fueran identificados. Desaparecen e inventan otros”, añadió en entrevista. Se trata de “señalamientos de que Pachuca no tiene agua porque Benjamín Rico la vendió siendo funcionario de gobierno, pero no dice con quién ni cómo. Dicen que soy un corrupto, me sacan el asunto de la cuenta congelada (por presunto lavado de dinero) sin decir que este asunto se resolvió”, defiende.

“Yo tuve procesos abiertos del gobierno federal, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la Fiscalía General de la República (FGR). En su momento y su tiempo yo dije que era parte de una operación política”, agregó el exsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el sexenio de Omar Fayad. En los dos casos, expuso, a través de amparos (681/2021 y 710/2021) le otorgaron la suspensión definitiva, con lo que se liberaron las cuentas de sus empresas Promotora Corporativa Rico SA de CV y Construcciones y Desarrollos Inmobiliarios Rico SA de CV, por las que fue señalado de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Aunque el PT y Morena son aliados a nivel nacional, en Hidalgo las dirigencias de los institutos políticos están confrontadas. En cambio, los grupos Sosa Castelán y Viggiano se han sumado con críticas a Menchaca e, incluso, se han respaldado con declaraciones.

El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Marco Antonio Mendoza Bustamante, antes secretario particular de Carolina Viggiano, afirmó que existe una persecución política contra Gerardo Sosa Castelán, líder del denominado Grupo Universidad –se le conoce así por el control que ejerce en la Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) desde finales de la década de 1970–.

El jefe político encuentra en prisión domiciliaria por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58.2 millones de pesos, en un proceso federal que data de 2020; además, la procuraduría hidalguense lo investiga por posible peculado de 132 millones de pesos. En este último caso, también es indagado su hermano Damián Sosa, candidato del PT al Senado y amparado ante una posible orden de aprehensión.

“Les puedo decir que yo nunca advertí en la revisión de la cuenta pública de la Universidad Autónoma un tema que ameritara lo que fue una persecución política en contra de Gerardo Sosa, y no estoy defendiendo a nadie. Si alguien cometió un delito, que se investigue, pero lo que ocurrió en el pasado reciente, ese caso en concreto, fue una persecución política”, aseveró el líder del priismo hidalguense. Su argumento es que él, como diputado federal, fungió los últimos dos años como secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Sin embargo, el proceso por el cual Gerardo Sosa Castelán fue aprehendido el 31 de agosto de 2020 inició en 2017, por una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que cita un esquema de triangulación que pasó por una firma fachada, Contabilidad del Siglo XXI, a cuentas personales de la familia y una empresa de la que Damián Sosa es accionista principal, Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo (causa penal 263/2020), con base en informes elaborados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), citados en la imputación inicial. Es decir, cuatro años antes de que Mendoza Bustamante asumiera, el 29 de agosto de 2021, el cargo de legislador por la vía plurinominal.

“Lo mío es independiente, pero yo creo que la confrontación que existe entre Morena y PT, que encabeza Sosa, es producto de la no coincidencia de los intereses de grupo y considero que es un caso político”, sumó Benjamín Rico, quien afirmó estar cinco puntos por arriba del candidato de Morena en la capital hidalguense, Jorge Reyes, según tres encuestas contratadas por su equipo, elaboradas por casas consultoras cuyo nombre optó por no revelar.

Esto, sostiene, es la causa de las publicaciones difundidas por las que, por ahora, no presentará denuncia ante la Fisel, anteriormente conocida como Fepade, Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales.

Durante el debate entre candidatos al Senado el pasado 5 de mayo, Damián Sosa abrió con una acusación hacia el gobernador: “En Hidalgo las instituciones de procuración de justicia se están usando para perseguir opositores políticos (…) Armando Mera (Olguín) fue encarcelado inocentemente, se metieron con violencia a su hogar, de madrugada”.

La referencia es al candidato a diputado local por el distrito VII y alcalde con licencia de Progreso de Obregón aprehendido el 23 de abril. Según la Procuraduría General de Justicia de la entidad (PGJEH), por posible uso ilícito de atribuciones agravado por alrededor de cinco millones de pesos, tras denuncia de la Auditoría Superior del Estado (ASEH).

Él propio Sosa respondió: “Hoy en día con la persecución política en el estado, tenemos que estar amparados. Hay muchos candidatos del PT que tenemos que estar amparados”, tras ser cuestionado por la aspirante de Movimiento Ciudadano (MC), Adriana Flores Torres, el porqué de hacer campaña con un amparo, el origen del financiamiento de una campaña que juzgó onerosa por el despliegue de espectaculares y propaganda por el territorio estatal cuando el partido que lo postula no tiene prerrogativas y el control político que su familia tiene sobre una institución educativa, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), desde hace cuarenta años.

En el debate, ni Viggiano ni Sosa hicieron señalamientos entre ellos y sus recriminaciones se concentraron en Morena, además de defenderse de alusiones y cuestionamientos que también les hicieron las representantes de MC (Flores) y Partido Verde (Yarely Melo), ambas expriistas.

El Grupo Universidad, igualmente conocido con el apelativo de La Sosa Nostra, fue aliado de Regeneración Nacional desde la elección presidencial de 2018. Antes, tenían el control directivo de Movimiento Ciudadano en el estado y se mantenían como corriente interna del priismo, además de un paso por el Partido Acción Nacional –por el que Damián Sosa fue diputado local plurinominal–. Fue tras la definición de candidaturas para el actual proceso que se desprendió de Morena.

A Menchaca le reclaman imposición de candidatos en el morenismo, con procesos internos fraudulentos sin considerar encuestas de posicionamiento, y el relego de las candidaturas.

La división Morena-PT fue evidenciada en el segundo debate entre candidatos al Senado, ahora con la participación de las segundas fórmulas, el 12 de mayo, cuando la candidata petista Karen Daniela Chávez Martínez se dirigió al morenista Cuauhtémoc Ochoa Fernández: “Claudia Sheinbaum quiere buenos aliados, pero que sean realmente dignos y honestos. Cuauhtémoc Ochoa, el candidato de las mansiones olvidó presentar en sus declaraciones patrimoniales dos propiedades millonarias en San Antonio, Texas”, reclamó.

El político, antes ligado al exgobernador Miguel Ángel Osorio Chong, evadió el tema y profundizar en los reclamos.

El PRI, por su parte, vivió una fragmentación en 2022, durante los comicios para gobernador, que llevó a cuadros y militantes principalmente a Morena. Posteriormente, al término del gobierno de Omar Fayad (2016-2022) y después de la renuncia del ahora embajador de México en Reino Unido, un grupo de alcaldes y legisladores locales también dimitió y se adhirió al denominado Grupo Plural Independiente (GPI), bajo las órdenes de Fayad. Fue cuando el grupo Viggiano ascendió al mando.