BOGOTÁ (apro).- El gobierno del presidente ecuatoriano Daniel Noboa lucía este sábado como un país aislado diplomáticamente del resto de las naciones latinoamericanas tras allanar la noche del viernes, con un unidad de policías armados, la Embajada de México en Quito,  lo que fue considerado en la región un acto violatorio de la Convención de Viena.

Hasta el mediodía de este sábado, ningún gobierno latinoamericano había respaldado la acción ordenada por Noboa y, en cambio, la mayoría de países del área, y hasta la Organización de Estados Americanos (OEA), que ha tenido una relación ríspida con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, habían rechazado el asalto a la sede diplomática.

La condena latinoamericana a la irrupción de la policía ecuatoriana en la Embajada de México fue más allá de los gobiernos de izquierda –como los de Brasil, Colombia, Chile, Bolivia y Venezuela— e incluyó a Argentina, cuyo presidente, el ultraderechista Javier Milei, había protagonizado en días pasados un duro intercambio de descalificaciones con López Obrador.

La Cancillería argentina dijo en un comunicado que se unía a los países de la región en la condena a lo sucedido la noche del viernes en la Embajada de México en Ecuador y llamó “a la plena observancia de las disposiciones” de las convenciones de Viena y sobre Asilo Diplomático.

Antes, países como Brasil, Colombia, Chile, Venezuela, Honduras, Guatemala, República Dominicana, Bolivia, Cuba, Costa Rica, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay condenaron el asalto a la Embajada mexicana en Quito, que tuvo como propósito detener al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, y pidieron respetar el derecho al asilo. México había otorgado asilo político al exfuncionario la mañana del viernes. 

El internacionalista colombiano Mauricio Jaramillo Jassir dice a Proceso que la generalizada condena al asalto contra la sede diplomática se debe a que Noboa transgredió “con mucha claridad” los derechos a la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y al asilo, que es un tema muy sensible en América Latina porque permitió a cientos de perseguidos de las dictaduras militares de los 70 y 80 exiliarse en países como México.

El doctor en ciencia política y maestro en relaciones internacionales y seguridad del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Toulouse, en Francia, señala que esa acción tendrá un efecto regional importante y un “alto costo” para Ecuador en el escenario internacional pues “va a ser muy difícil que algún Estado decida no condenar ese hecho”.

Ecuador, señala, “va a quedar aislado diplomáticamente”, lo que hace lucir como una “novatada” de Noboa –un empresario de 36 años con escasa experiencia política— la “insólita” decisión de asaltar una sede diplomática con policías armados.

“Esto es como si el gobierno británico hubiera asaltado la Embajada de Ecuador en el Reino Unido cuando se refugió ahí (el fundador de WikiLeaks) Julian Assange (quien permaneció en esa sede casi siete años)”, asegura el internacionalista.

La Secretaría General de la OEA propuso una reunión del Consejo Permanente del organismo, la cual no tiene fecha, pero sí agenda. Sería para tratar los acontecimientos en Ecuador con base en “los principios consagrados en el derecho internacional, como el respeto a la soberanía, la solución pacífica de las controversias (…) y el fiel y estricto cumplimiento de los tratados internacionales, entre ellos los que garantizan el Derecho de Asilo”.

La presidenta pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), la mandataria hondureña Xiomara Castro, convocó a una reunión urgente para este lunes 8 de abril a la troika de ese foro regional para tratar el tema de “la evidente violación” de las convenciones de Viena y sobre Asilo por parte del Gobierno de Ecuador, “al tomar por la fuerza la embajada de México en Quito”.

Y los cancilleres de la Celac se reunirán el martes 9 de abril de manera virtual.

El exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas se había refugiado en la sede diplomática de México en Quito el pasado 17 de diciembre.  Es militante del izquierdista partido Revolución Ciudadana, del exmandatario Rafael Correa, y había recobrado la libertad en 2022 tras pasar cinco años en prisión por presuntamente haber recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Un juez le negó la prelibertad en diciembre pasado y giró una orden de aprehensión en su contra. Glas siempre ha sostenido que es un perseguido político.

La mañana de este sábado, el exvicepresidente fue traslado de Quito a la suroccidental Guayaquil, donde quedó recluido en la cárcel de máxima seguridad conocida como “La Roca”.