CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A pesar de que cada año aumentan las denuncias de abuso sexual infantil, agentes del Ministerio Público y jueces carecen de la capacitación necesaria para atender estos casos, incrementando la impunidad y la cifra de asuntos no denunciados ante las autoridades, alerta la directora de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI), Mariana Gil Bartomeu.

En entrevista, la defensora resalta que persiste la insensibilidad en autoridades que atienden casos de abuso sexual infantil, a pesar de que desde 2019 México es considerado el país con mayor incidencia en esos delitos, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Cifras del organismo internacional indican que sólo 1% de los casos de abuso sexual infantil denunciados en México traen como consecuencia una sentencia condenatoria, lo que deja en la impunidad un amplio número de agravios contra personas menores de 17 años.

La ODI ha representado legalmente a víctimas de abusos sexuales y de pornografía infantil, de manera preponderante en casos ocurridos en instalaciones educativas.

Por la experiencia en el litigio, Gil Bartomeu cuenta que entre los errores más frecuentes en que incurren agentes ministeriales y que derivan en que los asuntos se caigan al someterlos a jueces es que “cuando se entrevista a los niños y niñas víctimas, desde el inicio, los fiscales pretenden ‘cuadrar’ los casos, por así decirlo, a especificaciones de modo, tiempo y lugar, conceptos que los niños y niñas no tienen”.

Casos fracasados

La directora de la ODI resalta que al poner palabras adultas en niños y niñas abusados los casos se caen, dejándolos en impunidad,

“He conocido expedientes en los que una niña de 8 años supuestamente ha declarado que ‘del día 16 de septiembre siendo las 14:16 horas, me encontraba en el fraccionamiento Morelos número 16 esquina con tal’, palabra que evidentemente no las dio una niña, situación que al someterlas a juicio la niña no pueda decir ni la fecha ni el lugar ni la dirección, todo porque a un agente ministerial le pareció que lo mejor era poner palabras adultas en boca de una niña”, cuenta.

“Tratar de cuadrar los delitos a modo, tiempo y lugar tan específicos, muchas veces genera contradicciones, facilita que los agresores se puedan defender, que puedan decir que ese día no estaban en el lugar de los hechos y que esté en posibilidades de comprobarlo”, apunta Gil Bartomeu.

La defensora explica que no sólo es la insensibilidad de los funcionarios al tomar las declaraciones de los menores y plasmarlas en carpetas de investigación lo que con frecuencia da al traste con los casos, sino que, violentando los protocolos de investigación, “se interroga a los niños y niñas seis u ocho veces antes de llegar a juicio, y para que eso ocurra, ha pasado mucho tiempo entre los hechos delictivos y el juicio, sin considerarse que por las características propias de la infancia, llegan a ocurrir olvidos, generando muchísima impunidad”.

Entre los casos que le ha tocado acompañar, Gil Bertomeu recuerda uno en que un juez de primera instancia no dio credibilidad a niñas abusadas porque “una dijo que estaba al lado de su mamá y la otra dijo que estaban en fila, eso para los jueces es una contradicción, que es una mentira, en vez de pensar que las dos niñas están narrando de diferentes maneras”.

Cifra negra

Al sostener que las autoridades dejan a las víctimas “la carga de la prueba, sin considerar que en este tipo de delitos (de abuso sexual infantil) no hay testigos”, Mariana Gil alerta que la falta de especialización de las autoridades provoca “una enorme cifra negra”.

Abunda: “Además de las dificultades para denunciar, hay que agregar que quienes lo intentan, que generalmente son las madres, se les carga la culpa, se les cuestiona ‘¿usted qué hizo?, ¿por qué no dijo?, ¿por qué lo dejó con ese señor?’.

“Hay una carga muy fuerte a las mamás, que son las cuidadoras, se les criminaliza, además de que se expone a los niños y niñas que denuncian a horarios desproporcionados, de10 a 16 horas continuas en trámites, declarando los mismos hechos ante distintas personas que no conocen.

“Las autoridades pretenden que los niños y niñas hablen con facilidad de algo que es muy doloroso, y que puede generar mucho temor y angustia frente a personas que nunca han visto en su vida, incluso frente a cinco o seis personas”, resalta la defensora.

La directora de la ODI apunta que “hay una cifra negra muy grande por todos los temas de vergüenza, de pena, de violencia que hay contra las mujeres y las infancias en México, y luego las que llegan tienen que enfrentarse a muchas dificultades, sobre todo en delitos sexuales contra niños y niñas, más aún cuando no hay lesiones aparentes, es más, ni siquiera en los casos de violación, que son los que más éxito tienen, pero nadie va a denunciar en el momento en que ocurrió”.

Los datos más recientes sobre abuso sexual en personas de entre uno y 17 años, sistematizados por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), señalan que en 2022 la Secretaría de Salud atendió a 9 mil 929 menores por violencia sexual, cifra que fue 21% superior a la registrada el año que le antecedió, que fue de 8 mil 148 casos.

Del universo de casos registrados, Redim resalta que en 92.9% las víctimas eran niñas de entre uno y 17 años, siendo que “tres de cada cuatro casos de violencia sexual atendidos en el mismo periodo (de 2019 a 2022) correspondieron a personas de entre 12 y 17 años.

Según el informe de Redim con base en datos oficiales, en 2022, mil 231 niñas de entre 1 y 17 años víctimas de violencia sexual fueron agredidas por su padre o padrastro, mientras que 994 fueron violentadas por desconocidos.

Lugar de las agresiones

En cuanto al lugar de la agresión en niñas y adolescentes, en 2022, 75.2% de las agresiones contra niñas y mujeres adolescentes ocurrieron en una vivienda; 4.1% sucedieron en vía pública y 2% en la escuela.

En el caso de los niños y varones adolescentes, 68% de los casos ocurrieron en vivienda; en 7.3% la escuela y 5.6% en vía pública.

Al destacar que, de manera generalizada, tanto en adultos como en menores, las denuncias por violencia sexual son muy pocas con respecto a la frecuencia. Mariana Gil considera que “hay mucha más discriminación hacia la infancia que hacia las personas adultas, simplemente porque el sistema de justicia, tanto de administración como procuración, está hecho para adultos, no hay adaptaciones, y eso se alcanza a ver en sentencias absolutorias, en madres y padres y niñas y niños que abandonan los procesos”.

Para Mariana Gil, en el sistema de procuración de justicia persisten demasiadas inercias, entre ellas las que obligan a los pequeños a repetir entre seis a ocho veces ante distintos especialistas los mismos hechos; preguntas “revictimizantes y criminalizantes”, como “¿por qué no le dijiste a tu mamá?, ¿por qué no gritaste?”; el relevo de agentes del Ministerio Público, e incluso jueces que someten a las víctimas a carearse con sus agresores.

“Es muy difícil para las niñas y los niños acceder a la justicia”, sostiene Gil Bertomeu, al insistir en que “donde empieza el desastre” es en las fiscalías, que suelen tener malas prácticas, “y ya en juicio el trabajo de la fiscalía es probar. No quiero defender a ningún juez, pero tampoco nos estamos dando cuenta de que el juez no puede estar condenando a las personas sin pruebas, el trabajo de los jueces es que no haya ninguna duda de que la persona cometió el delito, no pueden ir más allá”.

Mariana Gil resalta que de acuerdo con datos oficiales, “después de la pandemia se subió de 7 mil a 21 mil denuncias” de violencia sexual contra la niñez, y que muchas denuncias no fueron continuadas, porque “la gente se cansa” de la insensibilidad de los servidores públicos y sobre todo la carga que signica para las madres llevar un caso en condiciones adversas, aun cuando en algunas fiscalías haya avances.

“Aproximadamente cinco de cada cien denuncias terminan en sentencia, porque para las víctimas es una locura. Hay mamás que se han tenido que ir de sus casas, de sus estados, perdido sus empleos por ir de las fiscalías a la audiencia. Toda esa carga, todo ese dinero, todo el recurso invertido en una denuncia, más todo lo emocional y no son atendidas, no son apoyadas, y no se ve integralmente la atención para los niños y niñas”, lamenta la abogada.

La directora de la ODI sostiene que falta mucho por hacer en materia de defensa de menores violentados, y exige “que sea una obligación poner a los niños en el centro de la actuación de ministerios públicos y jueces, que no sea cosa de buena voluntad o de suerte que te toque tal o cual juez, porque eso es lo que está pasando ahorita”.