SALTILLO, Coah (Proceso).– Una solicitud del Departamento del Tesoro de Estados Unidos complicó que las autoridades mexicanas investigaran las operaciones que el mismo Departamento calificó como sospechosas de parte de Humberto Moreira Valdés, exgobernador de Coahuila y exlíder nacional del PRI, partido del que fue expulsado en 2017.

A 12 años de que se inició la averiguación previa por los delitos de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene la clasificación de información reservada y confidencial del expediente que envió el Departamento del Tesoro a la Unidad de Inteligencia Financiera; ésta afirma que todavía se encuentra bajo investigación y forma parte de una carpeta.

El gobierno estadunidense giró instrucciones a su homólogo mexicano de no usar el contenido como elemento probatorio en procedimientos civiles, administrativos o penales. El expediente denominado “Intelligence Fincen Case 2012/PD122589”, enviado por Estados Unidos durante el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa, se integró a la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/FECCSPF/M-II/267/2012 que derivó en el no ejercicio de la acción penal.

El documento formó parte de las diligencias realizadas por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales en dicha averiguación, a cuya versión pública tuvo acceso el Border Hub: Periodismo de Investigación de la Frontera Norte. El 9 de febrero de 2012 la UIFremitió a la dependencia federal el oficio 110/H/142/2012 que contenía el expediente.

“El cual contiene información relacionada con Humberto Moreira Valdés; información que se proporcionó en idioma inglés, por lo cual se giró oficio al director de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, solicitando la intervención de peritos en materia de traducción”, señala el oficio. 

El documento, titulado “Informe de Inteligencia”, contiene una narración de hechos que fue ocultada por la Unidad de Transparencia de la FGR, al igual que los resultados de la base de datos financiera, informe de transacciones de divisas y otro de actividades sospechosas, además del anexo de antecedentes y las restricciones de su uso.

“La información contenida en este informe no puede difundirse fuera de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o la PGR y no debe usarse como material probatorio presentado ante el tribunal ni en ningún otro procedimiento formal sin el consentimiento previo por escrito de la Fiscalía de Delitos Financieros”, establece el documento que las autoridades de Estados Unidos hicieron llegar y se integró a la citada averiguación previa tres meses después de que se abrió. 

En marzo de 2017 el exgobernador declaró que no existían en su contra investigaciones en Estados Unidos y ofreció documentos a esta reportera, los cuales nunca entregó.

Investigaciones hacia cercanos de Moreira 

Cuando Estados Unidos envió el informe de actividades sospechosas en noviembre de 2011 Moreira era gobernador con licencia, y en marzo de 2012 se convirtió en dirigente nacional del PRI, cargo en el que permaneció hasta diciembre de ese año y a pocos meses de que se iniciara la campaña de Enrique Peña Nieto rumbo a la Presidencia. 

En Coahuila ya había protestas ciudadanas por la deuda contratada durante su gobierno y que ascendía a más de 33 mil millones de pesos, reconocida y reestructurada por el Congreso estatal en 2011 y cuyo destino, se considera por las autoridades norteamericanas, fueron diversas inversiones ilícitas en dicho país.

Mientras el Departamento del Tesoro impide el uso del informe sobre dudosas actividades del exgobernador coahuilense, exfuncionarios del gobierno de Humberto Moreira Valdés y empresarios cercanos a él están sujetos a investigaciones en dicho país.

Uno de ellos es el empresario de medios electrónicos Rolando González Treviño, quien se declaró culpable de delitos de lavado e hizo señalamientos contra el exgobernador de Coahuila en torno a que manejó de manera ilegal los recursos públicos. 

A la fecha, el exgobernador de Coahuila no ha sido señalado como responsable de delitos ante una corte de Estados Unidos, aunque su nombre se mencionó en los procesos a exfuncionarios en dicho país, como en el de Héctor Javier Villarreal Hernández, exsecretario de Finanzas y responsable del Servicio de Administración Tributaria (SATEC), quien recibió el nombramiento de manos de Moreira en julio de 2008 para permanecer en el cargo 12 años.

De él también existe un informe similar al de Moreira Valdés, denominado “Suplemental Report”, y otro titulado “Inteligent Report Fincen Case 2012/PD122483”, con información de actividades sospechosas de Vicente Chaires Yáñez, quien trabajó en el mismo gobierno de Coahuila. 

Villarreal Hernández se declaró culpable y se le aseguraron propiedades y cuentas bancarias con dos millones 275 mil 544.41 dólares en Las Bermudas, de acuerdo con una base de datos generada por el sitio Iniciativa de recuperación de activos Robados del Banco Mundial. 

Aún está a la espera de la sentencia por el delito de conspiración para lavado de dinero que, de acuerdo con las autoridades estadunidenses, procedía del erario de Coahuila y era parte de la deuda obtenida con documentos falsificados por el exfuncionario y cuando se elaboró el informe del Departamento del Tesoro.

Este caso está relacionado con quien sustituyó a Moreira en el último año de su gobierno: Jorge Juan Torres López, quien permaneció por meses entre los más buscados por la Agencia Antidrogas (DEA) y fue extraditado y procesado por lavado procedente de transacciones financieras a cambio de sobornos en la adjudicación de obras en Coahuila. Fue sentenciado a 36 meses de prisión, los cuales ya cumplió.

No supe de informe: Federico Döring

El diputado de extracción panista en la Ciudad de México Federico Döring Casar aseguró que no tuvo conocimiento de los informes que envió el gobierno estadunidense a las autoridades mexicanas y quienes determinaron el no ejercicio de acción penal en las denuncias que presentó ante la entonces PGR contra Chaires Yáñez y Moreira Valdés. Fue él quien presentó la denuncia por enriquecimiento ilícito siendo senador.

“Nunca tuve acceso al expediente en la PGR, porque cuando lo solicitaba me decían que estaban esperando el informe de Estados Unidos, así que el documento que refieres nunca lo conseguí”, dijo. 

En las indagatorias derivadas de los procesos a empresarios y exfuncionarios de Moreira Valdés salió a relucir una mansión valuada en 602 mil dólares que se registró a nombre de la suegra del exmandatario, Herminia L. Martínez de la Fuente, que formó parte del esquema de lavado y pago de sobornos de Luis Carlos Castillo Cervantes, alias el Rey de los Dragones, de acuerdo con el testimonio del empresario lagunero en una corte de Texas, Guillermo Flores Cordero, quien explicó el modus operandi y el cual fue desmentido por el exmandatario coahuilense y exlíder nacional del PRI.

El suegro de Moreira Valdés, Jaime Guerrero, reconoció que la residencia fue asegurada por las autoridades estadunidenses y luego subastada. Así lo dijo el periodista Efraín González, quien proporcionó la entrevista para esta investigación.

Incongruencia de Estados Unidos

El representante del Consejo Cívico de las Instituciones en la Laguna, Marco Zamarripa, cuestionó que el departamento del Tesoro de Estados Unidos limite el uso de la información que tiene sobre políticos mexicanos.

“Es una incongruencia: sí facilitan información. Sin embargo, te dicen que no puede ser usada para una investigación, para utilizarla en un juicio, en la corte, y si quieres utilizarla, pues sería con la autorización de la Unidad de Inteligencia del Tesoro de Estados Unidos”, señaló.

Dijo que hay un área de oportunidad para mejorar la relación entre ambos países y se sancione a quien comete algún delito, en lugar de censurar las actuaciones de las autoridades mexicanas.

Maestros del sector inmobiliario y…

La familia Moreira Valdés está formada por Rubén Ignacio, Humberto, Carlos Ariel, Elisa Evangelina, Iván, Álvaro y Montserrat. Todos tienen estudios en la docencia, principalmente, aunque son más reconocidos por actividades dentro del sector público o sindical.

En el gobierno de Humberto, 2005- 2011, la familia creó diversas empresas relacionadas al sector de la construcción, entre otros.

En 2008 su hermano Iván y su sobrino Eduardo Alberto Ramos Moreira –hijo de su hermana Elisa Evangelina– crearon la empresa Construcciones Desarrollo y Suministros IMMER. Según el Folio Mercantil Electrónico 28848 aún se encuentra vigente.

Un año después creó Munchix Empacadora y Procesados en sociedad con su cuñado y esposo de Monserrat, Jesús Hermilo Pader Menchaca, quien fue dirigente del extinto partido Nueva Alianza y durante las administraciones de Humberto y Rubén Moreira participó en los procesos electorales aliado con el PRI. La empresa fue disuelta nueve años después.

Pader Menchaca aparece también como integrante en la sociedad con Rubén Ignacio Moreira Valdez, exgobernador de Coahuila y hoy coordinador de la fracción priista en la Cámara de Diputados, de la empresa Transportes Trenex que se registró en el municipio de Santiago, Nuevo León, en abril de 2008; luego cambió de domicilio al municipio de Frontera, donde autoridades de ese municipio coahuilense aseguran que jamás operó ahí. La empresa fue liquidada meses después.

La actividad primordial era la transportación de todo tipo de carga en el tiempo que se incrementó la presencia del crimen organizado en el noreste del país, pero también se registraron como objeto social otras áreas, entre ellas la construcción de obra pública y privada.

Los Pader han mantenido una relación muy estrecha con otros Moreira, como son los sobrinos de los dos exgobernadores: los hermanos Eduardo Alberto y Álvaro Ramos Moreira, con quienes crearon en 2010 la empresa Lombricarium S. de P.R. de R.L.

Álvaro Ramos Moreira también es socio en la empresa Santa Elena GreenHouse, en la que participan políticos prisitas allegados a Humberto: Jericó Abramo Masso y Eduardo Olmos Castro; el primero diputado federal que busca la reelección y el segundo secretario de Desarrollo Regional de la Laguna en el gobierno de Manolo Jiménez Salinas. La compañía fue liquidada en marzo de 2013.

En 2012, fuera Humberto del gobierno, Iván se unió con su hermano menor Álvaro, hoy diputado local por el PRI, para crear la empresa Gigi Desarrollos, en la cual también participaron Mario Segundo González Rodríguez y su hijo Mario Alberto González García.

La constructora lotificó el fraccionamiento Candelarias, cuyos predios formaron parte de bienes asegurados a Juan Chapa Garza, relacionado con Juan García Abrego, a quien se adjudicó la fundación del Cártel del Golfo.

Chapa Garza, también identificado como José Luis García Treviño, era dueño del Grupo Aztlán dedicado al sector de la construcción. Fue detenido por los delitos de lavado en 1991 y extraditado a Estados Unidos. Al recuperar la libertad, reclamó las propiedades aseguradas por la entonces PGR.

Sobre el caso, Álvaro Moreira cayó en contradicciones durante una entrevista el 15 de marzo del presente año. Inicialmente negó haber tenido una empresa relacionada con el sector de la construcción y posteriormente, antes de que un grupo de lideresas del PRI le facilitaron la oportunidad de irse a bordo de su vehículo, el diputado local manifestó que tuvo unas acciones, pero las vendió.

Luego, a través del área de prensa del Comité Directivo Estatal del PRI, envió copia de la escritura pública en la cual se protocolizó el acta de la Asamblea General Ordinaria en la que los hermanos Iván y Álvaro se retiraron de la asociación.

En el caso de Carlos Ariel, hoy secretario de Desarrollo Educativo en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, aparece en el Registro Público de la Propiedad como quien inició trámites del Folio Mercantil Electrónico 553110 a nombre de Sistema Nacional de Ahorro y Previsión para los Agremiados al SNTE, una sociedad cooperativa de ahorro y préstamo de responsabilidad limitada de capital variable. En la base de datos no aparece más información porque no se concluyó con el pago de derechos para la inscripción.

Dicha nominación empresarial aparece también como parte de los organismos auxiliares “que asisten al sindicato”, de acuerdo con el artículo 126 de los estatutos del SNTE, entre los que se encuentran fideicomisos e instituciones financieras diversas.

Los socios de Humberto Moreira

Mario Segundo González Rodríguez y Mario Alberto González García han tenido una relación muy cercana a Humberto Moreira. Padre e hijo fueron los dueños, desde 2005 hasta 2012, de la empresaUnipolares y Espectaculares del Norte, y con las cuales el exgobernador comprobó que tenía ingresos de procedencia lícita cuando en 2016 fue detenido en el aeropuerto internacional de Barajas en Madrid, España. 

También en 2012 el exgobernador y exlíder nacional del PRI adquirió las acciones de la empresa Negocios, Asesoría y Publicidad Nuevo Milenio, que fue creada en 2007 y cuyos dueños eran Marco Aurelio Morales Müller y Samuel Rodríguez Martínez; éste último durante los años siguientes apareció como dueño de diferentes medios de comunicación, una área que también se le atribuye a Moreira Valdés en las investigaciones que se siguen en Estados Unidos a Villarreal Hernández.

Ambas empresas, Unipolares y Nuevo Milenio, ampliaron su objeto social en 2017 para convertirse en empresas dedicadas a la lotificación y construcción de vivienda y fraccionamientos campestres.

Después de salir libre de España, Humberto Moreira se asentó en el municipio de Arteaga, donde asegura que se dedica a trabajar bajo el sol. Ahí construye los fraccionamientos Villalba, San Joaquín, San Eduardo y Santa Elena Residencial, además de empezar otro proyecto denominado Alta Vista, para los cuales consiguió los cambios de uso del suelo agrícola a densidad alta y media. 

Los pobladores del lugar consideran que está comprando las tierras a muy bajo precio para vender las residencias hasta en seis mil pesos el metro cuadrado. Nadie quiso hacer declaraciones públicas por temor a represalias y el presidente municipal de Arteaga, Ramiro Durán García, rechazó atender la petición de entrevista pactada a mediados de febrero.

Apenas en agosto del año pasado creó la empresa Nuevo Milenio Saltillense con 98% de las acciones y el resto en manos de quien fuera su secretaria particular, Guadalupe Rodríguez. En 2019 creó la empresa Cahoxe.

Su legado en el sector mobiliario lo siguen sus hijos Rubén Humberto y Joaquín, quienes tienen acciones en las empresas Los Tres Encinos y Villas de la Vid.

Otro miembro, pero por el lado materno de la familia de maestros dedicados a la política y al sector inmobiliario es Francisco Xavier Flores Valdez, quien desde los 24 años figura como prominente empresario en diferentes áreas de la actividad productiva: actividades relacionadas con producciones y medios visuales, transporte de carga, y hasta en el sector salud, además de que naturalmente en el sector de la construcción e inmobiliario.

De 2008 a la fecha ha creado 10 empresas, en una de las cuales fue socio de Héctor Javier Villarreal Hernández, quien además fue testigo en la boda con Anabel Torres Leza, quien fuera funcionaria en la Secretaría de Finanzas bajo el gobierno de Moreira Valdés.

En 2008 creó las empresas XAVAC en Monterrey y Tracoah, dedicadas a la comercialización de predios de cualquier tipo. En la primera de ellas se invirtieron 50 mil pesos, pero en la segunda se destinó un capital social mínimo de un millón 200 mil pesos, aportados por él y otras tres personas.

Al año siguiente creó las empresas Conexo, Dos Sentidos Entertaiment, en Saltillo, y Confecciones DS, en Monterrey, y teniendo como socio a Villarreal Hernández. En cada una se registró un capital social de 50 mil pesos.

En 2010 el joven creó Dos Sentidos Media, también con 50 mil pesos, pero en Plenitud Centro Coahuilense de Hemodiálisis destinó con otros dos socios 750 mil pesos

En 2019 abrió la empresa Coviro, también con 50 mil pesos, y en julio de 2022 registró Vineyard San Antonio, con la misma cantidad.

A Flores Valdez se le mencionó en varias ocasiones como parte del grupo de personas investigadas en Texas en 2013, pero las autoridades estadunidenses no le fincaron cargos por un presunto depósito de 6.5 millones de dólares en un banco de ese país.

Camino de opacidad

Para esta investigación se solicitó a la FGR y a la UIF el contenido del informe elaborado por Estados Unidos. La primera respondió que el documento no existía y luego del recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información, aceptó tenerlo, pero lo clasificó como información reservada y confidencial que al hacerse pública puede causar “daño al honor”.

El INAI pidió elaborar una versión pública y la FGR entregó el documento tachado en su mayor parte, aunque el instituto de transparencia consideró que no se generarían afectaciones de ese tipo porque se determinó el no ejercicio de acción penal. 

Sin embargo, el nombre de Moreira Valdés sale a relucir en los procesos que se siguen a sus exfuncionarios y amigos en Estados Unidos, quienes entregaron propiedades y recursos depositados en cuentas bancarias diversas y paraísos fiscales, de acuerdo con documentos de la Corte del Distrito Sur de Texas.

En el caso de la UIF ésta informó que desconoce si hay investigaciones abiertas en la FGR y a las cuales se integró dicho informe.

Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists