CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El Ejecutivo Federal envió una carta a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para plantearles preocupaciones en torno a la eliminación de la prisión preventiva de oficio, que podría liberar a 68 mil presuntos delincuentes; piden no excederse en sus facultades. “Esta decisión, el poder judicial es asumirse como el gran poder de los poderes”. 

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, expresó: “La Suprema Corte se excede al anular una disposición constitucional, cuando la única facultada para reformar o para eliminar un artículo de la Constitución es el Congreso de la Unión, a través de los diputados y los senadores con dos terceras partes, con la ratificación de la mayoría de los congresos locales, nos parece que esta decisión, el poder judicial es asumirse como el gran poder de los poderes”.

La funcionaria alertó que en diversos juzgados federales, sin que la SCJN se haya pronunciado sobre este tema, “el pleno de la región centro-norte, que comprende 18 estados, emitió ya una jurisprudencia que ordena a todos los jueces de estos 18 estados a conceder suspensiones de amparo que promueven las personas que tienen órdenes de aprehensión, precisamente, por delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa”.

Esto es, los juzgados penales se le adelantaron, por lo que el gobierno llama a la Corte a respetar la Constitución, la división de poderes, “no excederse en sus en sus facultades, considerar las graves consecuencias que eliminar la prisión preventiva oficiosa tendría para la seguridad nacional en las circunstancias actuales y que valoren atacar mejor uno de los problemas de fondo, que es la enorme tardanza de las resoluciones, de sus asuntos que hemos denunciado en este espacio en múltiples ocasiones”. 

La secretaria de Gobernación informó que “estamos hablando de 11 mil 640 acusados de homicidio, 7 mil 150 acusados de secuestro, 5 mil 617 de violación, 4 mil 013 de narcotráfico y narcomenudeo, 3 mil 800 de portación de armamento y explosivos, mil 405 de feminicidio, mil 273 de abuso infantil y corrupción de menores y 405 por delincuencia organizada”. 

En el Estado de México hay 21 mil 718 personas en prisión preventiva oficiosa, lo cual se da por “la enorme tardanza de los propios jueces y de la cantidad de recursos y amparos que hacen que todos estos procesos duren mucho tiempo en resolverse. Ese asunto debe atacarse por el propio Poder Judicial, la enorme tardanza de los procesos y las resoluciones, la liberación de estas personas -como hemos dicho- pondría en riesgo, primero, a los testigos y a las víctimas que son las personas que los han acusado, por supuesto, al personal, desde policías, personal de la fiscalía, los propios juzgadores”.

También observan riesgo ante la posibilidad de la comisión de nuevos delitos a la seguridad nacional, porque se trata de personas asociadas a grupos del crimen organizado y que cuentan con capacidad económica y operativa, además de un alto riesgo de darse a la fuga; sumó que habrá carga excesiva para las fiscalías y los juzgados. 

“Señalamos a los ministros y a las ministras que esta decisión vulnera la soberanía nacional, pues la existencia de organismos internacionales no implica que los estados renuncien a su soberanía, ni a su derecho a autodeterminarse”, dijo.

La funcionaria agregó que “aunque la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos tienen la misma jerarquía y deben interpretarse todos de manera armónica, cuando una norma internacional se opone a una norma constitucional debe prevalecer siempre nuestra Constitución. Este ha sido el criterio que se ha tomado por la propia Corte, en anteriores ocasiones, e incluso el ministro ponente, el ministro Pardo ha interpretado de esta manera y es quien hoy está proponiendo invalidar este artículo Constitucional”.