TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (proceso.com.mx).-La reparación de los daños exigieron cientos de desplazados por distintos motivos de comunidades de los municipios de Chalchihuitán, Aldama y Ocosingo, y en el caso de cinco familias desterradas de la comunidad Nueva Palestina, Ocosingo, la “reubicación territorial urgente”, a los tres niveles de gobierno.

En conferencia de prensa en San Cristóbal de las Casas, los representantes de los afectados de los tres municipios demandaron su “participación abierta, clara y transparente como lo señalan las leyes nacionales e internacionales en la consulta con consentimiento previo, libre e informado para reformar la ley de desplazamiento Forzado Interno, y el diseño de su reglamento en Chiapas”.

También exigieron que el investiguen y castiguen a los responsables de los “múltiples delitos que acompañan el desplazamiento forzado interno en la entidad”.

“Somos víctimas de desplazamiento forzado interno, pertenecientes a los pueblos originarios mayas tsotsiles de Chalchihuitán, Aldama y Nueva Palestina municipio de Ocosingo. En esta ocasión nos hemos unido para ser vistos, escuchados y para exigir respeto a nuestros derechos”.

Señalaron que el 19 y 20 de febrero el Consejo Estatal para la Atención Integral del Desplazamiento Interno, llevó a cabo una reunión en San Cristóbal de Las Casas en la que estuvieron presentes representantes del gobierno del estado, de la secretaria de Protección Civil y organismos de derechos humanos, así como de del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) y el Comité Internacional de la Cruz Roja.

El objetivo del encuentro fue “escuchar las perspectivas de las personas desplazadas internas, academia, personas defensoras de derechos humanos e integrantes de la sociedad civil sobre los retos y las áreas de oportunidad para la atención del desplazamiento interno en el estado de Chiapas, con el fin de que sus insumos puedan incorporarse al fortalecimiento de los instrumentos existentes”.

Señalaron que “la convocatoria se realizó en el marco de la iniciativa de Reforma de Ley que realiza el Consejo Estatal para la Atención Integral del desplazamiento Interno en Coordinación con ACNUR y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, con el objetivo de actualizar los estándares y mejorar el diseño normativo de atención”.

Los desplazados manifestaron que las autoridades y los organismos de derechos humanos mencionados, “tienen conocimiento pleno de nuestra condición de desplazados forzados internos”, pero “no fuimos convocados como directos titulares de este derecho a la consulta y al proceso de actualización de las leyes sobre desplazamiento y para mejor protección de nuestros derechos humanos”.