CIUDAD DE MÉXICO (apro).– En línea con los gobiernos ultraderechistas de Texas y Iowa, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, firmó la propuesta de ley SB2576, que entrará en vigor el próximo 1 de julio y ordenará a los agentes estatales a cooperar con las autoridades federales de migración, con el objetivo de deportar a las personas indocumentadas que sean detenidas por presuntos delitos.

La firma del proyecto de ley prendió alarmas en el gobierno mexicano, cuya canciller, Alicia Bárcena Ibarra, expresó la "gran preocupación" de la administración de Andrés Manuel López Obrador respecto a "nuevas medidas en Estados Unidos contra derechos humanos".

"Reforzaremos asistencia consular ante posibles casos de separación de familias, así como prácticas discriminatorias y de perfilamiento racial", aseveró la canciller en sus redes sociales.

La ley SB2576 abriría la puerta a que policías locales realicen detenciones arbitrarias basadas en el perfil racial de las personas, según advirtieron organizaciones defensoras de derechos humanos.

Esta legislación se suma a la lista de medidas antimigrantes elaboradas por figuras del Partido Republicano en el contexto electoral. La más famosa es la Ley SB4 de Texas, que fue suspendida por la Suprema Corte –con un amicus curiae presentado por el gobierno mexicano– por considerar que otorgaba a agentes estatales facultades exclusivas de la federación.

Apenas antier, la gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, también promulgó una ley –la 2340–, que tipifica como delito grave la entrada al territorio estatal de una persona indocumentada a la que se le haya negado un trámite migratorio.

Como lo hizo con las demás leyes antimigrantes, la canciller Bárcena deploró la adopción de esa medida –que también entrará en vigor el 1 de julio–, pues dijo que "busca la criminalización de la población migrante, ya que permitirá a oficiales de procuración de justicia a nivel local y estatal que arresten a personas inmigrantes por estancia indocumentada”.