Tres mujeres fueron torturadas psicológica y sexualmente para forzarlas a admitir crímenes que las llevaron a una prisión en Baja California. Dos de ellas ya han logrado salir de la cárcel, pero una más continúa tras las rejas. Sus atacantes, que eran agentes antisecuestros, no solo permanecen sin castigo, sino que han sido promovidos dentro de la corporación. Esta es la historia de impunidad que ha llamado la atención internacional de la ONU.

Ilustraciones: Citlali Haro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El careo durante la audiencia fue brutal. De un lado, un agente de la Fiscalía General de Justicia de Baja California aseguraba a la jueza que Denís Chávez Mariscal mentía, que él no la torturó. 

Detrás de las rejas, vestida con la ropa gris del penal de Ensenada, Denís Chávez le respondió, señalándolo enfurecida: “Si tú estuviste ahí me tuviste que haber escuchado ¿O tú fuiste uno de los que me golpeaste?”, gritó ese 29 de abril de 2022. 

Por unos instantes -solo por esos instantes- el agente pasó de acusador a acusado.

Ya desde 2021, la Comisión Estatal de Derechos Humanos había entregado a la Fiscalía los nombres de agentes involucrados en la tortura sexual a Denís Chávez, todos integrantes de la Unidad antisecuestros, pero ellos no eran motivo de esta cita en el juzgado.

En ese careo, la persona a juicio era Denís Chávez, acusada de participar con otras doce personas en el secuestro de una mujer en Ensenada. No ese hombre o alguno de los agentes involucrados en torturarla sexualmente ocho años atrás, cuando fue llevada a declarar ante el Ministerio Público. A pesar de avances en las leyes, en México la tortura rara vez se castiga. 

Fue hasta más de un año después de esa audiencia, en septiembre de 2023, que la jueza Martha Flores Trejo puso en libertad a Denís Chávez, absuelta por falta de pruebas. “La suscrita tiene a bien determinar que se acredita la existencia de tortura física y psicológica”, estableció además en su sentencia. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos festejó su liberación con un comunicado; sus expertos habían insistido en la revisión del caso desde 2019.  

Denís Chávez pasó nueve años y seis meses en prisión, la infancia completa de su hija. La Fiscalía de Baja California abrió una investigación por tortura desde el 15 de mayo de 2014 y no ha presentado cargos contra uno solo de sus agentes.

“Tenemos claro que sí sucedió el hecho”, dijo el fiscal central Rafael Orozco en entrevista. “Digamos que tenemos prácticamente en su totalidad la carpeta de investigación integrada para judicializarla, pero también tenemos unas declaraciones que nos da (Denís Chávez) que es difícil de poderlas demostrar”. 

Aunque en Baja California, como en muchos estados, existen ya fiscalías especiales para investigar las denuncias de tortura, son pocos los casos que llegan a un juez, y menos aún los que se resuelven.

En 2022 se abrieron casi 3 mil 500 expedientes por tortura en todo el país y hubo sólo 10 sentencias a torturadores, según los datos más recientes del Observatorio Contra la Tortura, una iniciativa de varias organizaciones que monitorea el cumplimiento de la Ley General de Tortura. En Baja California, que ocupó el cuarto lugar nacional con más denuncias de tortura ese año (354), no hubo una sola sentencia por ese delito. No ha habido sentencias en trece años, según información del Poder Judicial de ese estado obtenida vía Transparencia.

El de Denís Chávez es uno de los casos en la impunidad. Aún cuando hay una estela de pruebas de que fue torturada. 

Entre los cientos de hojas de su expediente penal 136/2014 está el dictamen del perito René Valenzuela que en 2015 confirmó el hallazgo de traumas consistentes con los de una víctima de tortura. Dos certificados médicos y un dictamen forense de la Procuraduría General de la República  describieron las lesiones que tenía Denís Chávez en senos, muslos, brazos y abdomen, después del interrogatorio. 

En 2021, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California emitió una recomendación a la Fiscalía por tortura sexual -la primera por ese delito en el estado-. En el documento de 36 páginas al que tuvo acceso Quinto Elemento Lab, la Comisión identificó a cuatro agentes de la Policía Ministerial por participar en la tortura y a un agente del Ministerio Público por ser omiso ante lo que ocurría en las instalaciones de la unidad antisecuestros. 

El de Denís Chávez no es el único caso que involucra a agentes de esta corporación. 

Quinto Elemento Lab tuvo acceso a los expedientes penales y a los testimonios en video de Prima Ruiz Jiménez y Laura Xóchitl Moreno Aviña, quienes reportaron haber sido torturadas sexualmente en las instalaciones de la Unidad Estatal de Atención al Delito de Secuestro, en Playas de Tijuana, pero en 2007 y 2011. El perito René Valenzuela confirmó en 2015 que también ellas presentaban traumas consistentes con los de una víctima de tortura.

Pero sólo se abrió una averiguación previa para el caso de Denís Chávez, la 036/2014, y según el fiscal central, Rafael Orozco, hay agentes suspendidos. Para los casos de presunta tortura sexual a Xóchitl Moreno y Prima Ruiz no hay investigación penal alguna, pero fue posible reconstruir quiénes participaron en su detención e interrogatorio por el contenido de su expediente penal.

Según verificó Quinto Elemento Lab, algunos de los agentes que la Comisión identificó en la recomendación de Denís Chávez, permanecieron en sus empleos después de 2014 y hubo quienes tuvieron ascensos. 

Una revisión hecha por este equipo periodístico a los expedientes penales de estas tres mujeres  acusadas de secuestro y a las recomendaciones hechas por la Comisión entre 2010 y 2019  permitieron conocer que:

Un policía ministerial y un agente del Ministerio Público señalados en la recomendación por el caso de Denís Chávez, participaron en la detención de Laura Xóchitl Moreno.  

-El agente del Ministerio Público a cargo de las investigaciones por secuestro de Denís Chávez y Laura Xóchitl Moreno después subió de puesto en la Fiscalía y actualmente es subdirector general de Centros Penitenciarios y Centros para Adolescentes.

-Además, un agente de la Policía Ministerial que participó en la detención de Laura Xóchitl Moreno fue identificado en las recomendaciones 6/14 y 30/14 por la tortura a seis hombres y mujeres. Este agente recién fue nombrado comandante de la Fiscalía en Tijuana. Otro elemento que también participó en la detención de Laura Xóchitl Moreno ascendió a Coordinador General de Comandantes.

-Uno de los agentes identificados por la Comisión en el caso de Denís Chávez, fue designado años después al equipo de seguridad de Jaime Bonilla Valdez cuando era gobernador de Baja California. Otro de sus escoltas participó en la detención de Laura Xóchitl Moreno.

La historia que comenzó en 2014 con la detención y tortura de Denís Chávez ha tenido más vuelcos. El 10 de febrero pasado, uno de los doce coacusados de Chávez fue asesinado junto con dos de sus hijos en Ensenada. Días más tarde, otros dos coacusados que aceptaron ser testigos de Denís Chávez en su denuncia de tortura, reportaron hostigamientos y amenazas por parte de agentes ministeriales y estatales.

Denís Chávez abandonó Baja California.

Personal del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) y de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría General de Baja California, se reunieron el 28 de febrero pasado en Playas de Rosarito con titulares de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Tortura. Se habían enterado de los eventos más recientes.

-Temo por mi seguridad, por eso dejo el estado-, dijo Denís Chávez a los asistentes por el altavoz de un celular. 

De acuerdo con personas presentes en el encuentro, un funcionario de la Fiscalía preguntó:

-¿Pero qué motivos podrían tener para matarlos?

-Eso es lo que tendrían que investigar, dijo una asistente. 

La sede de la Unidad antisecuestros

Mientras caminaba sobre la grava, un día de marzo de 2014, pequeñas piedras se le enterraban en las suelas. Denís Chávez avanzaba con sus manos esposadas en la espalda y la mirada clavada al suelo. En su camino hacia el interior de la Unidad antisecuestros veía las botas de los oficiales. La empujaban. Golpes a puño cerrado le caían como granizo en el cuerpo. 

La oficina de la Unidad en Tijuana -más conocida como “UECO”- todavía hoy está en una casa blanca amurallada, escondida entre el bullicio de un campo de fútbol y polideportivo y la Casa de la Cultura “Cortijo San José”, de donde en las mañanas de sábado escapa el sonido de violines, clarinetes y flautas. Alrededor hay residencias y las familias caminan y pasean a sus perros, a unas cuadras de la orilla del mar. 

El único contacto con el exterior de ese edificio es un pequeño intercomunicador a un costado de la puerta metálica, por donde se otorga o niega el acceso. Una ventana que da a la calle continúa cerrada con concreto y rejas. Es impenetrable. El sonido difícilmente entra o escapa del lugar. 

“Mi pelo me lo aventaron hacia enfrente y me pusieron no sé si era un trapo o una venda, pero no podía ver, no podía respirar, mis lágrimas no permitían”, dijo Denís Chávez durante la entrevista de siete horas con el perito René Valenzuela, enviado en 2015 por el Poder Judicial. “No pude ver, pero olí cuando, como cuando queman un metal. El metal me lo pusieron en el estómago” dijo, y pasó la mano sobre su vientre, por debajo de su sudadera gris. “Aquí, en la parte inferior del ombligo”. 

La Unidad antisecuestros era una unidad de élite, como las que nacieron en los demás estados del país a partir de una ley de 2010 desarrollada para combatir este delito que estaba en crecimiento. Para el año 2014, cuando arrestaron a Denís Chávez, ocurría un secuestro cada seis horas en el país, según datos del Observatorio Nacional Ciudadano.

“No pude ver qué decían las hojas (…) No las firmé. Cuando me jalaron el pantalón, mi ropa interior quedó como en mis rodillas”, relató Denís Chávez al perito. “Yo les grité que no iba a firmar nada. Les supliqué por favor que me dejaran. Uno de ellos me volteó”. 

La descripción detallada del tormento que vivió a los 28 años de edad quedó registrada en un video al que Quinto Elemento Lab tuvo acceso con la autorización de Denís Chávez. Ella estaba sentada a unos metros del perito Valenzuela, en el atrio de la capilla de la prisión, entre paredes amarillo mostaza y grandes cuadros con escenas bíblicas. “Pusieron música, música muy fuerte, era música, no sé, de rock”.

Después de realizar una serie de pruebas psicológicas establecidas en el llamado Protocolo de Estambul, para determinar si hubo o no tortura, René Valenzuela concluyó que sí, que ella padecía de ansiedad severa y depresión extrema. Tan severa que reaccionaba con angustia incluso al llamado de su nombre o al crujido de un cerrojo.

Laura Xóchitl Moreno habló de su propio suplicio ante René Valenzuela durante cuatro horas seguidas el 25 de febrero de 2015. Los certificados médicos en su expediente penal dan cuenta de las lesiones que tenía a su entrada a la prisión, años antes, cuando tenía 43 años de edad. 

“Era una casa blanca donde me quitaron mi blusa y mis pechos me quedaron todos negros porque me pusieron toques (eléctricos)”, narró. “Yo gritaba que me dolía, que me dolía y no tuvieron piedad de mí y yo gritaba que mejor me mataran”. 

Con Prima Ruiz, de 34 años, tampoco tuvieron clemencia. Sus gritos se ahogaron en una bolsa negra que los agentes colocaron sobre su cabeza, contó en la entrevista con el perito.

“Me dijo ‘quítese la ropa’. Me quité la blusa, me quité el pantalón y dice: ‘quítese todo’. Y cuando me quité todo, todo me quité. Yo estaba temblando y dije ‘pues ¿qué me van a hacer?’ ¿Verdad? y me ponen la bolsa otra vez y yo ‘¡No, no, no! porque a mí me da miedo, me voy a morir. Grité mucho”, relató en octubre de 2015. 

Ese mismo año, la propia Procuraduría de Baja California (hoy Fiscalía) difundió un comunicado en el que celebraba el reconocimiento otorgado a la Unidad antisecuestros por parte de instancias de seguridad nacional por su alto desempeño y modelo operativo. Presumió también que esto despertó el interés de Discovery Networks por grabar un episodio de una serie de televisión con agentes de la corporación.

Por esos mismos años el número de denuncias por tortura creció. De 2014 a 2015 brincó de 108 a 469 nuevos expedientes de investigación en Baja California, según el Observatorio Contra la Tortura.

De acuerdo con Stephanie Erin Brewer, abogada experta en Derechos Humanos que ha seguido el tratamiento de la tortura, en ese tiempo había una relación muy clara entre casos de delincuencia organizada, en particular de secuestro, y el uso de tortura. “Son delitos que provocan mucha indignación, mucho miedo, mucho daño y hay una exigencia de la sociedad de combatir esos delitos y demostrar resultados”, comentó.

Prima Ruiz fue absuelta y quedó en libertad en 2017. Laura Xóchitl Moreno continúa en prisión preventiva desde 2011, donde ha resistido a las secuelas físicas y psicológicas de la tortura. Camina con una andadera, tiene la vista muy disminuida y ha perdido piezas dentales estando en prisión. Aún espera sentencia. 

“Como mujer, destrozaron mi dignidad”

Utilizar en un proceso penal pruebas obtenidas mediante tortura está prohibido por la ley. Sin embargo, las personas enfrentan grandes desafíos para demostrar que fueron torturadas. Y una vez que logran probar con evidencias la tortura, se topan con que no todos los jueces toman en cuenta estas pruebas, o no lo hacen con la presteza debida.

“La regla general sigue siendo que las autoridades judiciales no excluyen de los procesos penales las pruebas ilícitas”, como las confesiones obtenidas por tortura, dijo la especialista Stephanie Brewer en entrevista. 

Hace apenas unas semanas, el 4 de enero, fue puesta en libertad Verónica Razo Casales, también víctima de tortura sexual por parte de agentes de la entonces Policía Federal que la detuvieron a ella y a su hermano en 2011 en Ciudad de México, como presuntos culpables de un secuestro. Como en el caso de Denís Chávez, oficiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también estuvieron insistiendo en su liberación.

La iniciativa Observatorio Contra la Tortura documentó que en 2022, en todo México, solo en 20 ocasiones algún juez o jueza pidió excluir una prueba por estar relacionada con tortura. Pero en ningún caso, el Ministerio Público retiró la acusación penal. “No hay constancia de ningún caso donde se haya solicitado el cierre del caso por haber existido tortura durante la investigación”, indica el informe 2022 presentado en febrero.

A Denís Chávez, Xóchitl Moreno y Prima Ruiz se les realizó el peritaje psicológico años después de su denuncia. El rezago en la realización de estas pruebas es común. El perito Valenzuela ha atendido solicitudes de peritaje que tenían hasta 15 años de rezago. 

En el caso de estas tres mujeres, las huellas físicas de la violencia ya habían desaparecido. Pero René Valenzuela encontró evidencias de trauma en las tres, según consta en los peritajes integrados a sus expedientes judiciales. 

Por mucho tiempo, Prima Ruiz no toleró la cercanía física de un hombre, tuvo que ser acompañada cuando se bañaba, tenía insomnio, pesadillas y episodios repentinos de llanto. Los factores detonantes: patrullas, música, gritos y bolsas de plástico negras  –como las que sus agresores emplearon para impedir que viera sus rostros-. A 17 años de la agresión, todavía enfrenta secuelas. 

Denís Chávez dijo haber sufrido pesadillas en su celda, terror al abrir sus ojos de ver de nuevo a sus captores; en ocasiones se asusta cuando alguien dice su nombre. 

El dictamen piscológico de Xóchitl Moreno estableció que presentaba los traumas de una víctima de tortura sexual. Estos hechos le ocasionaron pérdida de memoria, dijo en entrevista telefónica.

“Yo les decía que me dejaran en paz, que yo no había cometido el delito”. En el video de la entrevista, Xóchitl Moreno se abrazó como si quisiera proteger su cuerpo, ponerlo a salvo de las descargas. “Yo escuché un radio y dijeron, pareja, ya está reportada, hay que revivirla”. 

En las fotografías que la Procuraduría difundió de su arresto en octubre de 2011, su cuerpo gritaba violencia. Ya no llevaba su cabello ondulado largo. Se lo habían tusado. La fotografía oficial no lo delató, pero detrás de sus abultados labios faltaban seis dientes que perdió con las patadas de sus agresores.

En los casos ya resueltos de Denís Chávez y Prima Ruiz, la sentencia absolutoria llegó años después de incorporada esta prueba a su expediente y no a consecuencia de esta evidencia, sino por falta de pruebas en el caso de secuestro. 

La juez que lleva el caso de Xóchitl Moreno no ha desechado la confesión que ella firmó, obligada por la tortura y por las amenazas de que lastimarían a su familia. La Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura lo ordenaba desde 1990 y el gobierno de México estaba obligado ya entonces a excluir pruebas obtenidas bajo tortura, dijo Stephanie Brewer. 

”Yo digo que a ningún humano se le debe de tratar así como me trataron a mí, no me dieron oportunidad”, le dijo Xóchitl Moreno al perito en la entrevista captada en video y que Quinto Elemento Lab tuvo a la vista con su autorización. “Como madre, me destrozaron mi corazón; como mujer, mi dignidad”. 

Después del dolor, ellas intentan reconstruirse

“Yo creo que puedo decir con un alto grado de certeza, que fue con ellas con quienes más se ensañaron”, dijo René Valenzuela al recordar las decenas de peritajes psicológicos que realizó por encargo del Poder Judicial en 2015. “No solo fue el abuso físico (...) sino también las secuelas, pues la tortura tiene la intención de romper a la víctima para adueñarse de su voluntad”, dijo al referirse a los casos de Chávez, Moreno y Ruiz.

Laura Xóchitl Moreno lleva 12 años presa en el penal de La Mesa, en Tijuana, desde donde levanta su voz para pedir justicia y cárcel para sus agresores. “Yo me siento limpia de lo que me acusaron”, dijo en enero, en los pocos minutos que puede durar una llamada suya desde el penal. 

Prima Ruiz lleva casi siete años en libertad, junto a su hija y con una nueva pareja. Igual que ella, los olores a comino, chile pasilla y salsa verde se pasean entre los pasillos del restaurante que fundó. Saluda de nombre a los clientes, sirve un agua fresca, sonríe y se regresa a seguir meneando el arroz y los frijoles en la cazuela. 

Cuando Denís Chávez quedó en libertad hace seis meses y miró de nuevo a su hija, la abrazó como si no hubiera un mañana. Ahora es una joven a la que apapacha como si el tiempo las fuera a alcanzar. Le acaricia el cabello, le pregunta acerca de su día y mientras, piensa en construir una vida y un futuro para las dos, juntas. Como dice que debió ser. 

En la recomendación que hizo la Comisión Estatal de Derechos Humanos a la fiscalía en 2021 solicitó que se le diera atención profesional psicológica o psiquiátrica a Denís Chávez, por el tiempo que fuera necesario; pidió también que le dieran una indemnización acorde a la Ley General de Víctimas, lo que no ha ocurrido hasta ahora. 

El de Chávez es uno de los casos de tortura sexual en México que fueron presentados en Ginebra y analizados por la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre Tortura, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y de la Relatoría Especial sobre violencia contra la mujer, de la ONU.

“Quiero limpiar mi nombre, porque mi vida y el tiempo sin mi hija nadie me lo va a regresar, quiero que me pidan una disculpa porque estuve en prisión sabiendo -y ellos también- que era inocente”, dijo Denís Chávez. Ahora, desde un exilio y lejos de esa casa blanca donde padeció la tortura, espera garantías para poder continuar con su caso y vivir por fin segura.

"Esta investigación y la evidencia fue resguardada en el SafeBox de la organización Forbidden Stories."
 

(Efraín Tzuc contribuyó a este reportaje. Alejandra Xanic estuvo a cargo de la edición de la investigación. Las ilustraciones son de Citlali Haro. Esta investigación y la evidencia fueron  resguardadas en el SafeBox de la organización Forbidden Stories)

“Una versión anterior de este texto señalaba que: “Por último, dos de los tres casos de tortura relatados en este reportaje ocurrieron cuando el jefe de la Unidad antisecuestros era Ricardo Iván Carpio Sánchez, quien hasta agosto de 2023 fue fiscal general del estado. Quinto Elemento Lab intentó contactar al exfiscal, pero al cierre de esta edición no fue posible obtener sus comentarios.” Quinto Elemento Lab resolvió eliminar este párrafo días después de la publicación al haberse allegado de nueva información. Una vez publicado el reportaje, el exfuncionario ofreció documentos que indican que no era el jefe de la Unidad antisecuestros cuando ocurrieron los hechos sino que estaba comisionado temporalmente en otras áreas de la Fiscalía. La información de la Fiscalía General de Justicia de Baja California a la que antes tuvo acceso Quinto Elemento Lab no daba cuenta de esos movimientos internos.”