TOLUCA, Edomex. (apro).- El titular de la Procuraduría General de Justicia de esta entidad (PGJE), Alejandro Gómez Sánchez, informó hoy que en los próximos días se instalará el grupo técnico de atención a víctimas, cuyos integrantes deberán sesionar inmediatamente para determinar el monto de las indemnizaciones que se otorgarán a las víctimas de abusos policiacos, entre ellas las tres mujeres relacionadas con el caso Tlataya. En declaraciones a la prensa, el funcionario detalló que el Fideicomiso creado para tal efecto tiene a la fecha un fondo de 40 millones de pesos aproximadamente, aportados por la Secretaría de Finanzas. Las reglas del Fideicomiso, dijo, ya se encuentran establecidas, y sólo espera a que los miembros del grupo técnico determinen la suma que se otorgará a las tres primeras víctimas, las de Tlatlaya. Por cierto, los policías implicados en ese caso –siete ministeriales—enfrentarán el proceso en libertad. “Ya tenemos un cálculo, pero no estamos en condiciones de darlo a conocer. Tenemos una propuesta que vamos a sujetar a consideración del grupo, debidamente sustentada por variables como salud, asistencia social, servicios educativos, etcétera”, adelantó. Los criterios bajo los que se realizó la estimación, afirmó, se sujetan a todos los estándares internacionales y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Los plazos para hacer válida la indemnización, detalló el procurador mexiquense, dependerán de los acuerdos a que se llegue con las víctimas, pues existen casos en los que los afectados no han querido cobrar. “Es un tema novedoso… La bolsa se conformó mes a mes, con una ministración de la Secretaría de Finanzas, y en función de esto estaremos en condiciones de indemnizar”, insistió. Sobre la carpeta de investigación del caso Tlatlaya, el titular de la PGJEM dijo que sigue abierta. Incluso, dijo que si las mujeres torturadas reconocen a más policías implicados serán castigados. “Si alguna de las víctimas reconoce a otros responsables, se les investigará”, subrayó. Al ser cuestionado sobre si los siete ministeriales fueron separados de la corporación, el funcionario estatal sólo dijo que “están vinculados a proceso”.